Caso La Polar: Justicia fija en ocho meses plazo de la reapertura de la investigación
La medida fue solicitada por las defensas del ex presidente del retailer Pablo Alcalde, el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno y la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah.<br>
La jueza Claudia Pizarro, titular del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, fijó este lunes en ocho meses el plazo de la reapertura de la investigación en el marco del caso La Polar.
Ello luego de acceder a la solicitud de las defensas de los tres principales imputados en el caso: Pablo Alcalde, ex presidente del retailer, María Isabel Farah, ex gerente de Administración, y Julián Moreno, ex gerente de Productos Financieros, para reabrir la investigación con el objeto de realizar diligencias pendientes.
Las diligencias que fueron acogidas por el tribunal dicen relación con el acceso a algunas claves de computadores que estaban encriptados, acceso a actas del directorio y del comité de directores del retailer donde se discutió el plan de incentivos, solicitud de información a corredoras de bolsa y entidades bancarias, acceso al expediente del proceso judicial de convenio preventivo y acceso al servidor gemelo original, entre otras.
Cabe recordar que el 16 de diciembre, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, que encabeza el fiscal José Morales, cerró la investigación del caso, tras cumplirse el plazo de dos años. Tras esto, las defensas de los imputados tenían 10 días como máximo para solicitar que se reabriera el proceso de indagación.
El 23 de diciembre, el Ministerio Público presentó la acusación contra los nueve imputados: Pablo Alcalde, María Isable Farah, Julián Moreno, Nicolás Ramírez, Santiago Grage, Martín González, Pablo Fuenzalida, Marta Bahamondes e Ismael Tapia.
Dentro de la acusación, las mayores penas de cárcel que solicitó la Fiscalía fueron para Alcalde (hasta 14 años);y para Moreno y Farah (12 años) al ser imputados, además de otros delitos, por Lavado de Activos.
El caso La Polar estalló luego que se detectaran irregularidades en el manejo del negocio crediticio del retailer, con masivas repactaciones unilaterales de clientes y que derivó en un hecho esencial enviado el 9 de junio de 2011 por la firma a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) donde se reconocieron prácticas crediticias "no autorizadas por el directorio".
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.