Caval: incautan pago de $ 2 mil millones a la espera de clarificar licitud de negocio

El traspaso de tres predios en Machalí -Santa Cecilia, Santa Elena y San Diego- fue cerrado entre Caval y Silca por $9.500 millones. Sin embargo, ayer se abrió la posibilidad de que la empresa de la nuera de la Presidenta Bachelet sólo termine recibiendo por la venta de los terrenos unos $7,5 mil millones.

Ello, luego de que el lunes la Fiscalía Regional de O'Higgins incautara un cheque por $2 mil millones que Silca entregó en parte de pago a Caval por las tierras y que se encontraba en la notaría Renato Benavente Cash para ser liberado el 31 de marzo.

La empresa del empresario rancagüino Hugo Silva, solicitó el jueves al Ministerio Público realizar la diligencia, pues no quieren que ese dinero se cobre antes que termine la investigación por la querella por estafa que presentaron contra Caval el 9 de marzo.

"Esto está con una pausa a la espera de analizar los antecedentes y realizar las diligencias necesarias, con la finalidad de evitar que este negocio continúe, porque de constituirse los delitos objeto de la querella, aquellos cheques serían efecto de un delito", explicó ayer el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo.

De acuerdo a la querella presentada por Silca en contra de los dueños de Caval, Mauricio Valero y Natalia Campagnon, la firma argumenta que compraron los terrenos considerando un cambio al plan regulador, trámite que -alegan- estaría estancado debido las repercusiones del caso Caval, con la consiguiente devalución los predios comprometidos.

La acción judicial busca rescindir el negocio.

Cercanos a la empresa afirmaron que la incautación del cheque se les presenta como "el mejor escenario", pues congela el pago de los dineros hasta una resolución judicial del caso.

Además del cheque por $ 2 mil millones, la fiscalía incautó otros dos documentos que suman $ 500 millones y que corresponden a una garantía entregada por Caval a Silca por otras dos propiedades comprometidas en el negocio.

"Están en poder del notario con una orden judicial de incautación necesariamente preventiva: cautelar a la espera de analizar con calma los antecedentes", sostuvo el fiscal Toledo.

Tres aristas

La investigación del caso Caval ya cuenta con tres aristas: la relativa al negocio en sí, en que los diputados de Renovación Nacional Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards pidieron investigar un eventual delitos negociación incompatible y violación de secreto; la del correo electrónico falso que vinculaba al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, con la empresa de Campagnon; y la arista que compete a la querella de estafa presentada por Silca.

El presunto fraude, sin embargo, no será indagada por el fiscal Toledo, pues ayer la delegó al fiscal jefe de San Fernando.

Según explicó Toledo, "si bien (las investigaciones) están relacionadas, no constituye exactamente el objeto de la denuncia inicial, y porque además es necesario abocarse al conocimiento efectivo de que los hechos que se mencionan en la querella constituyen el delito, si el engaño fue de tal magnitud como para provocar una estafa".

En cuanto a las investigación por los correos electrónicos que buscarían vincular al caso al ministro Undurraga, Toledo precisó se ha "avanzado en eso" y que se están haciendo diligencias con la unidad de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), "quienes han avanzado rápidamente en esta causa y en el día de hoy nos reunimos".

Diligencias en Palacio

El fiscal Toledo también se refirió ayer a la diligencia que consideró la incautación del computador que utilizaba Sebastián Dávalos en La Moneda. El persecutor le pidió al Ministerio del Interior los soportes de las plataformas de comunicación que el hijo de la Presidenta Bachelet ocupó en sus once meses en el Gobierno.

"Era necesario conocer y requerir del Palacio de La Moneda, porque él había prestado servicio en ese lugar, por lo tanto, hay tener toda la información necesaria para poder tomar una decisión. Todos los datos forman parte de una base de datos con que cuenta La Moneda", explicó Toledo.

Respecto de la posibilidad de que la información hubiera sido eliminada de la base de datos, el persecutor aseveró que "no es tan así, que los datos hayan desaparecido, los discos duros pueden ser formateados, pero la información puede ser recuperada". Además, Toledo descartó eventuales presiones y dijo que está trabando "tranquilo y de cara a la ciudadanía".