Condenan a 31 años de cárcel a cuatro mujeres por trata de personas

La Fiscalía Centro Norte y el Instituto Nacional de Derechos Humanos lograron la inédita sentencia, que no sólo sanciona el traslado de víctimas de un país a otro, sino que castiga el traslado interno con fines de explotación sexual.

Las víctimas eran ciudadanas dominicanas que llegaron a Chile mediante engaños, para ser obligadas a ejercer la prostitución

A 31 años de cárcel por los delitos de Asociación Ilícita para la Trata de Personas y Trata Interna fue condenada la red internacional que mediante engaños ingresaba a Chile a mujeres dominicanas en situación de vulnerabilidad, trasladándolas dentro del país con fines de explotación sexual.

Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Oral, que acogió los planteamientos formulados por la Fiscalía Centro Norte, a cargo de la investigación, y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, querellante en la causa, quienes en conjunto lograron probar en el juicio la responsabilidad de las acusadas.

La resolución constituye un hito, en materia de persecución penal, ya que se trata de la primera condena por el delito de trata interna de personas, ilícito que no existía en nuestro país sino hasta la modificación de la ley 20.507; en materia de derechos humanos, la sentencia hace efectiva la obligación del Estado, que emana de la suscripción de tratados internacionales, de sancionar estos hechos que constituyen una manera de esclavitud moderna.

LA ASOCIACIÓN
Durante el juicio, la Fiscalía Centro Norte y el Instituto Nacional de Derechos Humanos lograron probar que las acusadas -actuando de manera organizada en el seno de una estructura jerárquica- se dedicaron de manera sistemática y permanente a la trata de personas. Las acusadas facilitaban la entrada a Chile y el traslado dentro de nuestro país de las ciudadanas dominicanas, las que llegaban engañadas y obligadas por las acusadas a ejercer la prostitución, las que se aprovechaban de su estado de desamparo económico y de la situación de vulnerabilidad en que se encontraban.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía y el OS9 de Carabineros, la asociación ilícita que integraban Georgina Manzueta, Orquídea Ubiera, Alba Arancibia y Mariana Fuenzalida, tenía por fin principal la comisión de ilícitos de trata de personas.  Cada una de ellas actuaba como un eslabón de esta cadena, de manera tal que la organización se estructuraba de la siguiente forma:

Georgina Manzueta (dominicana), condenada a dos penas de 10 años y un día y 5  años de cárcel por los delitos de asociación ilícita para la trata de personas y trata interna con fines de explotación sexual. Era la líder de la organización. Dirigía  y coordinaba la trata de personas, y se encargaba de contactar a las víctimas, a quienes facilitaba la entrada al país y su traslado dentro de Chile con fines de prostitución. Desde su departamento, la mujer coordinaba su llegada y recepción al país o lugar de destino. Les otorgaba estadía, las ofrecía y distribuía.
 
Orquídea Ubiera (dominicana), condenada a penas de 5 años y un día y 541 días de cárcel por los delitos de asociación ilícita para la trata de personas y trata interna con fines de explotación sexual. Era la encargada de coordinar la llegada de algunas víctimas al país, de recibirlas en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y trasladarlas hasta el domicilio de Gregoria Manzueta. Se preocupaba, además, de la estadía de las víctimas, alimentación y posterior traslado a las ciudades de Concepción y San Antonio.

Alba Arancibia (chilena), condenada a penas de 5 años y un día y 541 días de cárcel por los delitos de asociación ilícita para la trata de personas y trata interna con fines de explotación sexual. Era la persona en la ciudad de San Antonio, que se encargaba de la recepción y acogida de las víctimas. Ella era regente del local nocturno "El Sol", ubicado en calle Copiapó Nº371 de la comuna de San Antonio.

Mariana Fuenzalida (chilena), condenada a penas de 3 años y un día y 300 días de cárcel por los delitos de asociación ilícita para la trata de personas y trata interna con fines de explotación sexual. El tribunal le otorgó el beneficio de la libertad vigilada. Colaboraba en esta actividad con Alba Arancibia, encargándose efectivamente que las víctimas ejercieran la prostitución.