¿Cuál debe ser la meta de reducción de emisiones de Chile?

París será escenario en diciembre de la 21ª Conferencia de la Partes (o COP 21), instancia convocada por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc). Será la última chance para que el planeta acuerde cómo enfrentar el cambio climático en la próxima década. En ella se deben buscar mecanismos para adaptarse a los impactos que provocará (escasez de lluvia, alza de temperatura, inundaciones, sequías) y fórmulas para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que están calentando el planeta. Para ello, los países deberán decidir un pacto de reducción de emisiones, que aún no está claro si será vinculante o voluntario (ver recuadro).

En la última COP 20, en Lima, tras varios días de discusión, las naciones acordaron que este año cada una analizará su situación interna y enviará una propuesta para reducir emisiones. El gobierno chileno pretende enviarla en mayo a la ONU, donde será compilada con las de otros países. Antes de eso, hasta marzo, estará abierta una consulta pública para definir cuánta será la reducción, proceso que se abrió en diciembre y que pretende recibir opiniones de todos los interesados.

La consulta (a la que se puede acceder a través de la web del Ministerio de Medio Ambiente) propone dos planes de reducción. El primero (Opción A) sugiere reducir las emisiones de CO2 por unidad de PIB (ver recuadro) entre un 40% y 45% bajo los niveles de 2007, para el año 2030, incluyendo una reducción entre 30% y 35% hacia 2025. La segunda opción (B), implica bajar entre 35% y 40% para 2030, y entre 25% y 30% hacia 2025.

Lograr cualquiera de las opciones requiere, sobre todo, limpiar la matriz energética, con planes de eficiencia y energías renovables no convencionales (ERNC), como eólica y solar, porque ese sector es el más contaminante.

Fernando Farías, jefe de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), dice que ambas metas son alcanzables y en línea con lo que el país ya está haciendo y lo que el actual programa de gobierno plantea con la agenda energética y el impuesto al carbono.

"El programa de la presidenta Bachelet es muy ambicioso en términos de iniciativas que tienen impacto directo en la reducción de GEI. Además, no se estimaba, por ejemplo, que las ERNC iban a entrar tan fuerte en 2014", dice.

La propuesta sometida a consulta incluye también una estrategia de reforestación (100 mil ha en 20 años), transferencia tecnológica y financiamiento para la adaptación, y será presentada en varias ciudades. Cuando en marzo estén los resultados, se preparará un proyecto definitivo que será analizado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, de donde saldrá la propuesta final que presentará Chile.

DESAFÍO ALCANZABLE

El plan nacional se realizó sobre la base de estudios realizados por el proyecto Maps (Escenarios y Planes de Acción de Mitigación, siglas en inglés), que reunió a expertos del sector público, privado, la academia y ONG, quienes crearon varios escenarios de crecimiento económico y mitigación. La propuesta está abierta a modificaciones, dependiendo de las observaciones hechas en el proceso de consulta.

El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) publicó esta semana una minuta criticando la propuesta, señalando que es "excesiva", considerando el bajo aporte de Chile a la generación de emisiones mundial (0,24%, ver infografía) y que el país se autodesafía con un compromiso que puede afectar el desarrollo económico (ver entrevista). "Estas exigencias coinciden con el escenario más ambicioso evaluado en Maps y suponen, entre otros, la construcción de Hidroaysén, lo que revela la dificultad que enfrentaría el país para cumplir estas metas. Si además el compromiso se convierte en vinculante, el país podría quedar sujeto a sanciones por incumplimiento", dice el documento.

Farías responde que las críticas  siempre se han enfocado en el poco aporte de Chile y el impacto en el desarrollo, que dice, son factores que han cambiado. "A nivel per capita el aporte no es tan poco (4,47 t/hab, en 2012) y las emisiones en Chile, a diferencia de países desarrollados, están aumentando. A nuestros mercados comerciales, además, cada vez les importa más la huella de carbono", sostiene.

Pilar Moraga, experta del Centro del Clima y la Resiliencia (CR2) agrega que, de hecho, el país está perdiendo la oportunidad de hacer más. "Chile ha demostrado que en muchas oportunidades ha dado un salto más lejos, creo que no se está dando eso con la contribución nacional. Es una mirada más conservadora". Agrega que a nivel internacional, este compromiso es visto no sólo para bajar emisiones, sino como vía a un nuevo modelo de desarrollo bajo en carbono.

Dieter Linneberg, director del Centro de Líderes Empresariales contra el Cambio Climático (CLG), alojado en la U. de Chile, dice que es indudable que bajar las emisiones tendrá impacto en la economía, pero asegura que será positivo para el desarrollo "y no negativo como muchos piensan".

Sostiene que es una oportunidad para nuevas inversiones, tecnologías y creación de empleos. "Es muy positivo para el desarrollo económico nacional. Pero hablamos de un desarrollo económico sustentable y seguro, que no depende del uso de combustibles fósiles, que en algunos casos provienen de países políticamente inestables y, por otro lado, tarde o temprano se van a agotar", dice.

EL COSTO DE LA ECONOMÍA VERDE

René Muga, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras Eléctricas, señala que la contribución es una meta alcanzable, pero hay que analizarla más para saber qué impacto tendrá en los sectores involucrados. "Se hace necesario un debate técnico muy profundo y un plan de acción detallado que identifique cómo vamos a cumplir con las metas que Chile se autoimpondría y cuál es el costo en empleo, crecimiento y competitividad", dice.

Según Muga, la experiencia internacional muestra que una economía más verde puede tener efectos positivos en el país, pero depende de su diseño. "Si las medidas son establecidas sin la suficiente información, análisis y discusión transversal, los efectos, tanto desde el punto de vista del medio ambiente como de los impactos económicos, pueden ser aún peores", sostiene.

Gianni López, director del centro de investigación Mario Molina, dice que "hay que romper paradigmas obsoletos de que tener menos emisiones implica menor desarrollo". Asegura que si somos capaces de avanzar hacia una industria de menor emisión, no sólo seremos más competitivos, sino que también mejoran otros indicadores como la salud de la población, por la reducción de emisiones de GEI.

Andrés Pica, experto del Centro Cambio Global de la U. Católica, explica que hoy ya estamos en la senda de cumplir, al menos, con la Opción B. La Opción A, 5% más alta, "implica echar mano a todas las alternativas de reducción de emisiones de CO2 que se pensaron, si queremos estar seguros de estar en ese nivel, incluyendo algunos no muy populares, como hidroelectricidad en Aysén".

El experto agrega que hacia 2020 casi todos los escenarios tienen un costo para la economía, pero al 2030 se revierte y tanto crecimiento como empleo mejoran. En todo caso, asegura, "el desarrollo no pasa por el PIB, se necesitan otros atributos; el cuidado del medio ambiente, la distribución de ingresos. Las metas pueden parecer ambiciosas, pero van a llevarnos a una economía más desarrollada, independiente de que nos cueste algunos puntos del PIB".