Del 27/F a los incendios: catastro de las obras pendientes en 12 zonas afectadas por tragedias

Chile es un país donde los desastres naturales son asumidos como parte del paisaje nacional. La poca planificación urbana, al ubicar asentamientos cerca de áreas de riesgo, como cauces y quebradas, además de que sea el país más sísmico del mundo, han llevado a que se deban emprender procesos de reconstrucción de forma cada vez más frecuente.

Entre 2011 y lo que va de este año, aún se siguen edificando hogares y barrios, luego de 12 desastres naturales entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos. Entre las áreas afectadas están Valparaíso por los incendios de 2014; en la Región de Los Lagos las zonas cercanas al volcán Calbuco, tras la erupción de 2015, o Tocopilla, luego del aluvión del mismo año, entre otras (ver infografía).

De acuerdo al último catastro del Ministerio de la Vivienda (Minvu), se han entregado 261.200 subsidios habitacionales a los damnificados. De ese total, hay 250.235 obras que ya fueron entregadas. El resto está pendiente: 8.201 en curso y 2.764 no se han iniciado.

Dante Pancani, coordinador de la Reconstrucción de la cartera, sostiene que levantar obras en zonas alejadas o bien en áreas que no eran adecuadas llevó a que, además de casas, se debieran contemplar mejoramientos en el entorno de los barrios. Por ejemplo, en Valparaíso -ciudad que en los últimos dos años ha sufrido incendios de proporciones- se debieron construir escaleras en los cerros para que la población se pueda desplazar en caso de una emergencia. También se revistieron los muros en algunos puntos para evitar derrumbes, lo que supone una labor que toma más tiempo en concretarse. "Estamos muy conformes con lo que se ha hecho: se ha renovado el entorno de los sectores dañados y vemos que las personas afectadas ahora tienen hogares de mejor calidad", dice Pancani.

Otra dificultad que se ha presentado cuando se quiere iniciar los trabajos es que en muchas localidades no existen compañías dedicadas a este tipo de proyectos habitacionales, o bien no hay mano de obra, pues hay empleos de mayor interés, como la minería.

El Minvu ha debido contactar a posibles interesados en organizar empresas pequeñas, las que realizan un trabajo de hormiga, pues edifican algunas pocas viviendas y no conjuntos masivos, lo que lleva a mayores demoras. Otro punto que la autoridad ha debido tomar en cuenta es que los vecinos han exigido construcciones en sus propios sitios, los que muchas veces están alejados de centros urbanos. Esto lleva a que se deban trasladar materiales hacia lugares de difícil acceso. Sin embargo, se ha logrado construir en lugares como Pica, Tierra Amarilla, Diego de Almagro o Chaitén (ahora asolada por la catástrofe de Villa Santa Lucía).

¿A cuánto asciende la inversión realizada por el Estado en estas comunas? A un total de M$ 2.528.368.053 (dos billones quinientos veintiocho mil trescientos sesenta y ocho millones cincuenta y tres mil pesos) entre 2011 y lo que va de 2017. La cifra equivale al presupuesto de todo un año del Ministerio de Vivienda. La mayor parte de los recursos fue utilizada en la reconstrucción tras el megaterremoto de 2010, cuando la administración pasada debió hacerse cargo de levantar pueblos completos.

Los urbanistas tienen una evaluación positiva sobre los procesos que han realizado. El académico e investigador del Instituto de Estudios Urbanos UC, Roberto Moris, quien ha trabajado en las áreas devastadas por los fenómenos naturales, sostiene que ha habido un aprendizaje para los gobiernos tras estos hechos. "La reconstrucción del 27/F tuvo como característica el desarrollo de planes de reconstrucción con mirada urbana. Ahora, esa idea de planificación es más clara. Antes, la reconstrucción se enfocaba sólo en la programación de las inversiones", plantea.

Moris da dos ejemplos de ciudades donde se han aplicado definiciones más estratégicas. Es el caso de Diego de Almagro, en la Región de Atacama, donde se realizó una actualización de las áreas de riesgo; obras de mitigación en caso de desborde del río Salado; proyectos residenciales, de recreación y espacios públicos. Añade que en Chañaral, el total de inversiones llegará a $ 55 mil millones en los próximos años (provenientes de diversos sectores).

El académico y representante del Colegio de Arquitectos, Sebastián Gray, agrega que preocupa que haya comunas que no contemplen una planificación para identificar zonas de riesgo, la que debería ser obligatorio luego de sucesivos desastres naturales. "Esto se debe aplicar porque vemos que existe un lobby del sector privado para construir en ciertos lugares, sin importar cuáles sean. Así, el interés superior de que las comunidades vivan en lugares seguros pasa a un segundo plano".