Denuncian torturas con hormigas venenosas a dos acusados de robo en Bolivia

Dos jóvenes bolivianos acusados de un supuesto robo fueron sometidos a torturas en un pueblo de la zona tropical del Chapare, cuyos pobladores les ataron al llamado "palo santo", un árbol donde anidan hormigas venenosas, denunciaron hoy los afectados y sus familiares.

"Nos han metido al monte, nos han amarrado al 'palo santo' toda la tarde. Yo apenas he aguantado, ya no podía. Mi amigo ya se estaba muriendo y ellos decían 'está fingiendo' y se reían", dijo hoy al canal de televisión ATB uno de los muchachos, quienes se recuperan en un hospital en la ciudad de Cochabamba.

Las picaduras de las hormigas causaron insuficiencia renal a los jóvenes y uno de ellos está en terapia intensiva, mientras que el segundo debe someterse a diálisis.

El hecho ocurrió la semana pasada, cuando los jóvenes, de 18 y 19 años, fueron retenidos por pobladores del municipio de Puerto Villarroel, en el Chapare, quienes les acusaron de haber robado cuatro motocicletas, señala la edición digital del diario Los Tiempos, de Cochabamba.

Los familiares de los jóvenes aseguran que éstos solamente fueron a pescar a Puerto Villarroel y fueron retenidos en el lugar el jueves y viernes pasados, sindicados del robo de las motos.

El padre de uno de ellos declaró hoy a los medios que los dirigentes de la comunidad les dieron tres horas para que entreguen unos 3.735 dólares como supuesta compensación por el hurto y, a cambio, los dejarían en libertad.

"Si no depositábamos el dinero en esas tres horas les iban a hacer desaparecer a nuestros hijos (...) Pido justicia, que se pongan la mano al pecho las personas que han hecho esto y esperamos recuperar el dinero que nos han estafado", sostuvo el hombre.

Los familiares de los jóvenes denunciarán por extorsión y torturas a los dirigentes de la comunidad donde ocurrió este suceso.

El atar a delincuentes a árboles donde anidan las hormigas pseudomyrmex triplarinus para que sean mordidos por éstas es una forma de castigo común en el trópico de Cochabamba, así como los linchamientos, que se han convertido en un asunto que preocupa a las autoridades bolivianas.

Grupos vecinales, indígenas y campesinos suelen justificar torturas y asesinatos contra presuntos delincuentes alegando que aplican la "justicia comunitaria", consagrada en la Constitución promulgada en 2009, aunque el Gobierno de Evo Morales niega que los asesinatos sean parte de ese sistema judicial.