División en gobierno brasileño por aplicación de ley de amnistía
El ministro de Justicia entró en polémica con su colega de Defensa quien calificó cualquier intento de investigación de crímenes como la tortura como un "espíritu de revanchismo" contra los militares.
El gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostró sus divisiones frente al tema de los derechos humanos y los alcances de la Ley de Amnistía de 1979, que impide el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad a militares y civiles que participaron de la dictadura (1964-1985).
El ministro de Justicia, Tarso Genro, entró en polémica con su colega de Defensa, Nelson Jobim, quien calificó cualquier intento de investigación de crímenes como la tortura como un "espíritu de revanchismo" contra los militares.
"Los delincuentes que practicaron la tortura no pueden ser beneficiados por la amnistía, porque la tortura no es un crimen político, sino un crimen contra la humanidad", dijo el ministro Genro ante una comisión del Congreso para discutir sobre las indemnizaciones para las víctimas del régimen militar.
La dictadura brasileña causó cientos de miles de detenidos que fueron torturados y entre 200 y 300 personas que terminaron muertas o desaparecidas.
La Ley de Amnistía de 1979 dictada por la propia dictadura permitió la apertura política en el país pero también fue interpretada como un autoperdón de las Fuerzas Armadas por los crímenes cometidos durante el regimen de facto.
La disputa interna en el gobierno se produce a la espera de que Supremo Tribunal Federal determine sobre los acusados por torturas durante el régimen, una demanda presentada por la Orden Nacional de los Abogados (OAB).
La OAB sostiene que Brasil adhirió a tratados internacionales contra la tortura, delito al que se enmarca como imprescriptible.
El ministro de Defensa propone que la vigencia de estos tratados no pueden ser retroactivos.
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