Eduardo Engel, economista: "Es el momento para hacer una reforma de cómo se gastan los fondos para asesorías externas"

El economista Eduardo Engel, quien lideró la comisión presidencial que dio vida a un nuevo marco regulatorio para el financiamiento de partidos y campañas, aborda el nuevo escándalo que azota al Congreso: el posible mal uso de asignaciones parlamentarias y la negativa de los senadores a facilitar respaldos de asesorías al Ministerio Público para que investigue. Ante esta polémica, dice que la fiscalía está en lo correcto y que los senadores deben entregar lo solicitado.

¿Cuánto perjudica a la confianza en la política el hecho de que asesores de parlamentarios copien informes para respaldar su labor?

Es difícil entender la sociología del fenómeno. Que después de los escándalos de 2014 y 2015, los parlamentarios no hayan captado que más temprano que tarde esta práctica bastante generalizada de informes con poco valor agregado y mucho copy-paste se iba a destapar. Era el momento para poner fin a la forma en que se gastaban estos $ 2 millones y medio mensuales que tiene cada parlamentario para asesorías externas. Cuesta entender que los parlamentarios no hayan tenido la percepción de decir 'el país cambió, es mucho más exigente, las cosas se saben mucho más que hace diez años y, por lo tanto, lo que podría haber sido normal hace diez años, en un país menos desarrollado, menos exigente, ahora ya no lo es'. Hay una crítica a los parlamentarios, pero al mismo tiempo una gran oportunidad para repensar cómo gastar bien esos recursos.

¿Plantea cambios a la normativa de las asignaciones parlamentarias?

Creo que es el momento para hacer una reforma profunda de cómo se gastan los fondos para asesorías externas, que suman casi $ 5 mil millones al año.

¿Solo ese ítem? ¿Es poco o mucho que parlamentarios tengan más de 20 asesores?

Para opinar con fundamento se necesita conocer bien la labor que hace cada asesor. Los parlamentarios reciben alrededor de $ 6 millones mensuales para financiar personal de apoyo. Si estos montos se gastan bien, pueden contribuir a que hagan mejor su labor de representación. Lo que sí está claro es que las platas en asesorías externas no se gastan bien.

¿Qué cambios propone?

El primero es mejorar la calidad de la redacción de leyes, que no queden ambigüedades, que no haya artículos que entran en contradicción con otras leyes u otros artículos de la misma ley. En Chile, los parlamentarios van redactando y discutiendo las leyes párrafo a párrafo, artículo por artículo, lo cual requiere que sean expertos en técnica legislativa y en todos los temas que abordan las comisiones en las que participan. Y eso no es realista. Los países más desarrollados tienen otras opciones: los parlamentarios dan los grandes lineamientos de un proyecto, pero dejan en manos de una oficina especializada en técnica legislativa la redacción del primer borrador de los proyectos.

¿Y respecto a los recursos?

Lo otro es que los recursos de asesores externos se gasten asegurándonos asesorías de buena calidad. Hubo una propuesta hace más de una década, del entonces senador Sergio Romero, de que esas platas no vayan a cada parlamentario, sino que a las bancadas, de manera de tener una decisión colegiada sobre las asesorías que se encargan y que los informes efectivamente contribuyan a mejores leyes. La calidad de leyes en Chile podría ser mucho mejor. Más allá de situaciones poco presentables que hemos conocido respecto de asesorías externas, también hay algo menos evidente, pero muy costoso: leyes deficientes.

¿No está por que se corten simplemente estos recursos?

Como se están gastando ahora, están muy mal gastados. Y si vamos a seguir dándole a cada parlamentario por separado, va a ser muy difícil que esto mejore. No tiene ningún sentido que si hay 20 diputados de un partido, cada uno encargue un estudio por separado.

Pero los casos de corrupción han arrojado que asesores externos de los comités de partidos han, incluso, hecho retornos a parlamentarios por asesorías inexistentes...

Aunque los montos son mucho menores que los $ 5 mil millones que se gastan anualmente en asesorías externas, una reforma también debe incluir los comités.

¿Qué opinión tiene sobre la resistencia de los senadores a entregar información a la fiscalía?

En el marco de la ampliación de la investigación que está en la Cámara, es razonable que se solicite esta información al Senado.

¿Cree, entonces, que el Senado debiera entregar la información?

Me parece razonable lo que está pidiendo la fiscalía. Creo que, efectivamente, debieran hacerlo, teniendo en cuenta la información que hemos conocido.

Ya está en marcha la campaña, y algunos candidatos han criticado el nuevo sistema por falta de financiamiento. ¿Usted ve falencias?

No hay un problema de financiamiento. Lo que sí hay es un problema de flujo de caja. ¿Quién le presta al candidato contra los fondos públicos que recibirá por cada voto que obtenga? Allí la pregunta es quién asume el riesgo de que la votación del candidato no alcance para pagar todo el préstamo. Me parece razonable que los bancos den estos créditos, pero no que asuman el riesgo de que los votos no alcancen. Este riesgo debieran asumirlo avales u otras opciones que aseguren la cobertura del compromiso.

¿Aval se refiere a un familiar del candidato, el partido político, una entidad pública?

En el caso de candidatos en que puede ser aval el partido, es la opción más natural, que se puede complementar con personas naturales. Y quienes no puedan acceder a plata de los partidos, pueden tener varios avales: parientes, amigos, personas que los apoyan.

¿El BancoEstado debe prestar dinero a candidatos parlamentarios?

El principio debiera ser el mismo para los bancos privados y BancoEstado. Debieran prestar a los candidatos en la medida en que no estén asumiendo un riesgo electoral. La opinión del Servel es que BancoEstado puede prestar; BancoEstado dice que no. Esto se debiera aclarar y hacer los cambios legales pertinentes, de ser necesario.