El análisis de la autoridad que acusó a la filial de CMPC y SCA en Colombia

“Es altamente probable que si una empresa está infringiendo la ley en un país, la esté infringiendo en varios de los países donde participa en los mismos mercados”, dice el abogado Jorge Enrique Sánchez, tras enterarse del caso chileno de colusión en el mercado del papel tissue. Al teléfono desde Francia -donde el jueves y viernes la Ocde celebró el Foro Mundial de Competencia-, el superintendente delegado para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia -símil del fiscal nacional económico- se refiere a las dos investigaciones por colusión que involucran a Drypers Andina, de propiedad de CMPC, y Familia, filial de SCA. La SIC fue la entidad que destapó el caso que hoy enfrentan ambas firmas, al presentar cargos en ese país.

Sánchez también revela la intención de avanzar en un convenio de cooperación entre las autoridades latinoamericanas para la persecución de carteles empresariales.

La SIC, entre agosto y noviembre de 2014, levantó cargos contra Familia, Drypers y otras tres firmas por colusión de precios en los mercados de pañales y tissue. ¿La Fiscalía Nacional Económica chilena les pidió información?

No nos han pedido, recién me estoy enterando de la investigación en Chile. En nuestro  caso, tampoco recibimos información de la autoridad chilena. Hay muchos escenarios de cooperación donde coincidimos, pero no tuvimos la oportunidad de conversar del caso.

La SIC dice tener prueba de que Familia y Drypers participaron en un cartel empresarial entre 1998 y 2013. El caso chileno abarca de 2000 a 2010. ¿Cuál es su hipótesis en torno a empresas que vulneraron reglas de competencia, por períodos y mercados similares, en dos países? 

Hoy, en un mundo globalizado donde son muy pocas las empresas que tienen presencia exclusiva en un solo país, es altamente probable que si una empresa está infringiendo la ley en un país, la esté infringiendo en varios de los países donde participa en los mismos mercados. Siendo eso así, es materia de preocupación de este tipo de autoridades la posibilidad de coordinar investigaciones.

¿Y esa coordinación ocurre?

Por supuesto que las autoridades nos enteramos de los casos que están ocurriendo en otros países, pero eso no implica cooperación  formal con intercambio de pruebas; no implica que haya evidencia que se traslade o que se compartan expedientes. Las jurisdicciones de América Latina tienen un camino que recorrer en esa materia. La semana pasada estuvimos en Cartagena, en el taller de International Competition Network, y veíamos cómo en otras regiones del mundo, como Asia, Australia y Europa, la persecución de carteles se hace con una colaboración formal, compartiendo evidencias y pruebas.

¿Hay algún proyecto que se esté debatiendo en esa dirección?

Sí, de hecho, ahora en la Ocde hay paneles, por ejemplo, sobre cómo luchar contra carteles internacionales. Debemos avanzar hacia allá.

Hay intenciones y eso dependerá de convenios sobre  cómo se puede compartir evidencia. Mientras no haya un marco jurídico claro que le permita a una autoridad como la fiscalía chilena o la superintendencia colombiana saber en qué condiciones o con qué reglas se van a tratar pruebas, testimonios, documentos y otros elementos, probablemente no podamos avanzar en esa dirección. Pero sí hay una intención de que así sea, ojalá en el corto plazo, y lleguemos a acuerdo entre las autoridades regionales para una cooperación formal  que permita compartir evidencias, investigar y desarrollar otros procedimientos.

La primera investigación
¿Cómo comenzaron las dos investigaciones de la SIC que involucran a Drypers y Familia?  

Se iniciaron a través del programa de beneficios por colaboración o  de delación. De hecho, el mecanismo se implementó legalmente en 2009 y el primer caso fue el de los pañales. Hoy, la superintendencia está agotando cerca de cinco investigaciones en que hay agentes de mercado delatando.

¿Cuál fue la empresa que delató en los casos pañales y papeles tissue?

No puedo revelar esa información. Tenemos responsabilidad de resguardar las confidencialidades.

¿Cuándo finaliza la investigación?

Esperamos que en el primer semestre del próximo año.

¿A qué se exponen las empresas?

Todavía estamos en etapa de investigación, pero de declararse responsables, estas empresas pueden enfrentar multas cercanas a US$ 20 millones cada una y los administradores, como personas naturales, pueden enfrentar también multas hasta por US$ 400 mil. Además, hay una prohibición expresa en el sentido de que las empresas no pueden respaldar el pago de la multa de los administradores. Ellos tienen que responder con su propio patrimonio.

¿Hay posibilidad de cárcel para quienes resulten responsables?

Si el proceso se relaciona con  compras públicas, pero no es el caso.

El Congreso chileno analiza elevar las multas, fijando un porcentaje de las ventas de las compañías involucradas, y establecer la posibilidad de cárcel. ¿Qué opina? 

Las prácticas a nivel mundial apuntan a fijar la multa como un porcentaje del patrimonio o los ingresos anuales, entre 7% y 10%. Eso es lo que se estima para que la sanción cumpla con el propósito de disuadir, sin ser confiscatoria. Esto es así porque la idea de las multas no es acabar con las empresas, pero sí ser lo suficientemente ejemplarizantes.