El apoderado pide la palabra
Luego de la presentación del ministro Nicolás Eyzaguirre en la Cámara Baja, los particulares subvencionados incorporaron una nueva voz en su defensa. A los sostenedores se sumaron los padres, que desconfían del fin de la selección y de no poder pagar sus colegios si estos se vuelven particulares. En La Moneda han tomado nota de los riesgos de este nuevo flanco y de lo que puede significar ceder, otra vez, terreno en la batalla comunicacional por una reforma clave.
Las mayúsculas de Benjamín Orellana son gruesas y redondas. Las traza con lápiz rojo y mucho cuidado sobre las hojas cuadriculadas del cuaderno, como sólo es posible cuando uno tiene nueve años y está en cuarto básico. La profesora Rosa María López les ha pedido escribir todos los países de habla hispana que hay en América. Cada tanto rato, se distrae y conversa con su compañero de adelante para mostrarle sus láminas repetidas del álbum del Mundial. Su tarea la cumple lentamente, haciendo primero todas las iniciales en rojo y luego rellenando el resto con lápiz grafito. Llega a 19 palabras, incluyendo Puerto Rico, aunque no es exactamente un país. "Igual hablan español", se defiende, momentos antes del timbre que marca la salida a recreo.
Tanto Benjamín como sus compañeros son motivo de orgullo en el Colegio Trupam, uno de los 21 establecimientos particulares subvencionados de Conchalí, que ofrece educación a niños desde prekínder y hasta sexto básico. Hace dos años, cuando cursaban segundo, rindieron la mejor prueba Simce de Comprensión de Lectura del país en su rango etario, con un promedio de 320 puntos. El recinto llevaba algunos años dentro del ranking de los mejores, pero este fue el mejor resultado en sus 13 años de historia. "Le dedicamos mucho tiempo a discutir las lecturas. También al reforzamiento después de clases y los sábados. Además, tenemos muy buenos profesores, a los que podemos premiar con bonos", explica Rosa Moris, profesora, directora y fundadora del recinto en 2001.
Benjamín lleva casi toda su vida ligado al Trupam. Tenía seis meses cuando su madre, Jacqueline Cárdenas (44), lo inscribió en la sala cuna que Rosa Moris también tiene en la comuna. Siguió durante el jardín infantil y la prebásica hasta llegar al aula que ocupa cada día, desde las siete de la mañana. En realidad, las clases se inician una hora después, a las ocho, pero para entonces su madre debe estar en el consultorio José Symon Ojeda, en el sector de El Cortijo. Trabaja allí como administrativa, recibiendo a los pacientes, agendando sus horarios de atención y recordándoselos por teléfono. Por esta labor recibe un sueldo cercano a los $ 400 mil, que prácticamente son los únicos activos de su hogar, pues está separada desde hace algunos años. Al final de la jornada, Benjamín llega al consultorio para regresar a casa junto a su mamá.
La economía de Cárdenas es frágil. Paga un dividendo que le consume casi la mitad del sueldo, por lo que las posibilidades de pagar por la educación de sus dos hijos -el mayor está en el colegio San Juan de Dios- están limitadas al copago de un particular subvencionado. En el Trupam, dentro de un universo de casi 200 alumnos, Benjamín es uno de los 45 "prioritarios", por lo que tiene un 50% de beca y su madre cancela $ 21 mil de copago. Ella podría ahorrarse ese dinero mandando a sus dos hijos a colegios municipales, pero tiene varios reparos:
-A los municipales llega de todo. Yo tengo un municipal cerca de mi trabajo y se ven muchas cosas. Los niños pasan mucho tiempo en la calle, hablan y se tratan mal. Antes vivíamos por ahí cerca y muchos niños ya están perdidos en la droga, sin estudios. Para mí es un sacrificio pagar, pero lo hago para velar por su enseñanza. Nadie me puede quitar la posibilidad de darle una educación mejor a mi hijo.
Jacqueline Cárdenas reconoce que no conoce todos los detalles del proyecto de ley. Tampoco busca representar con sus palabras a nadie más que a su familia. Sin embargo, refleja inconscientemente una inquietud que ha ido creciendo a medida que avanza la discusión por la reforma educacional. Aunque exista cierto consenso respecto de los principios que inspiran la reforma -el fin de la selección, el lucro y el financiamiento compartido-, estos afectarán directamente la instrucción que reciben sus hijos en particulares subvencionados como el Trupam, obligándolos a replantear su modelo educativo dentro de dos años. De acuerdo a Eyzaguirre, tendrán como mínimo la misma cantidad de recursos disponibles, pero la determinación quedará totalmente al arbitrio del sostenedor. Tendrán tres opciones: mantenerse a cargo del colegio como una fundación sin fines de lucro con financiamiento estatal, pasar a ser un particular pagado o, sencillamente, cerrar sus puertas.
Rosa Moris todavía no toma una decisión, pero cree que lo más probable en este nuevo escenario es que transforme su establecimiento en particular pagado y el copago de $ 42 mil pase a ser una mensualidad de más de $ 80 mil. El año pasado compraron dos casas aledañas para agrandar el estrecho terreno de 405 metros cuadrados construidos y así postular a la Jornada Escolar Completa (JEC), que le permite recibir fondos por una mayor cantidad de estudiantes. Pusieron una pequeñísima alfombra de pasto sintético para hacer educación física y ampliaron el edificio principal tomando dos créditos, un hipotecario de $ 44 millones y otro de construcción de $ 70 millones. Si el Estado comprara el colegio, lo haría en 10 años. Paulo Henríquez, hijo de Rosa Moris, administra las finanzas. Su diagnóstico es tajante.
-Es demasiado trabajo y poco rentable. Estuvimos dos años con pérdidas e invertimos lo que tenemos para crecer. Creo que nuestra única opción de subsistir es seguir como privados -asegura.
Sólo así se podría paliar el eventual término del aporte estatal, que en marzo de este año fue de $ 11.952.454, de acuerdo al Mineduc. En esas hipotéticas condiciones, Cárdenas ya no podría seguir pagando el colegio para Benjamín y tendría que buscar uno nuevo.
-Si este colegio pudiera quedar gratis, como busca la reforma, excelente, es una buena idea. Pero si no se logra y perdemos la oportunidad de seguir en un buen colegio, es muy contradictorio -plantea Cárdenas.
ALERTA EN LA MONEDA
En tres años, Erika Muñoz pasó de asistir a las reuniones de apoderados del colegio Hispano de Villa Alemana a citas con el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre. En medio de las movilizaciones estudiantiles de 2011, Muñoz se organizó junto a otros padres de particulares subvencionados de la Quinta Región para discutir la coyuntura. Rápidamente fueron sumando contactos con organizaciones similares en el resto del país, hasta agrupar dentro de Confepa (Confederación de Asociaciones de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados) a más de 2.000 escuelas. Están presentes en seis regiones del país y, según sus estimaciones, representan a cerca del 58% de los apoderados.
La reunión del lunes, la primera entre ambas partes, no calmó los ánimos. La Confepa desconfiaba del proyecto de ley impulsado por el gobierno, por las consecuencias que tendría para su sector -que reúne al 54% del alumnado nacional en 5.965 establecimientos con financiamiento compartido-, y no encontró las respuestas esperadas del jefe de la cartera.
-El ministro no ha visto las encuestas que indican que a la gente no le molesta el lucro o una justa retribución si hay calidad de educación. Tampoco puede decir que los particulares subvencionados no son mejores que los municipales si el 54% los prefiere. No podemos confiar en una reforma que no habla de calidad ni permitir que experimenten con nuestros hijos. Vamos a defenderlos como leones -advierte Muñoz.
Mientras los sostenedores agrupados en Conacep vienen presionando desde hace meses, los apoderados recién han comenzado a sacar la voz para influir en la agenda educativa de Michelle Bachelet. Su ronda de reuniones con parlamentarios de derecha, como Ena von Baer en la UDI y los RN Andrés Allamand y Manuel José Ossandón, da cuenta de ello. También intentaron convencer a algunos integrantes de la bancada DC, pero se encontraron con una negativa rotunda a modificar el proyecto de ley, a diferencia de lo ocurrido con la reforma tributaria.
-Hemos tenido acercamientos con gente de la oposición y con representantes de la Iglesia Católica. No tenemos fines políticos ni religiosos, sólo queremos nivelar para arriba y mantener nuestro derecho a elegir -asegura la líder de los apoderados.
En La Moneda ya han tomado conciencia de esta amenaza. Durante los últimos comités políticos, los presidentes de la Nueva Mayoría y algunos congresistas han insistido en que es necesario sacar "toda la infantería" a terreno para defender la reforma educacional.
-Los ministros y subsecretarios tienen que ser polifuncionales -manifestó el presidente del PPD, Jaime Quintana, en la cena que la Jefa de Estado ofreció a los parlamentarios el lunes. Otros asistentes solicitaron al gobierno ser más didácticos en su explicación del proyecto, mientras que el timonel PS, Osvaldo Andrade, ha explicitado su temor a perder la batalla comunicacional, como ocurrió con la reforma tributaria, donde la oposición logró instalar la idea de que la iniciativa perjudicaba a la clase media.
Según parlamentarios socialistas, Eyzaguirre ya está advertido del riesgo de que se desate una movilización de los apoderados en contra de la reforma educacional. Se le ha hecho ver que hay una razonable incertidumbre entre los padres y sugerido que se destaque lo que se está creando por sobre lo que se está sustituyendo; la inclusión en vez de la selección o el lucro. A esta postura adscribe el senador Carlos Montes, que ha pedido persistentemente que se inicie una campaña en favor de la educación pública, como la que se articuló en torno al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, por la reforma tributaria.
Eyzaguirre ha replicado que no quiere enfrascarse en una guerra con múltiples frentes. Tendría que preocuparse de alcaldes, parlamentarios tanto de oposición como de la "bancada estudiantil", sostenedores, apoderados, profesores y hasta estudiantes. Sus asesores sí reconocen que hay "fantasmas" que se han ido instalando entre los padres del alumnado, como la desaparición de la libre elección de colegios y el empeoramiento de la calidad.
El diseño comunicacional para contrarrestar la arremetida de los apoderados comenzó el viernes en el GAM, donde Eyzaguirre se reunió con diversos actores sociales para dar a conocer los lineamientos de las propuestas que vienen: desmunicipalización, carrera docente, acreditación y financiamiento de instituciones de educación superior.
Desde esta semana, sin embargo, los apoderados se muestran como interlocutores difíciles. "Yo quiero dialogar, no sólo ser escuchada. Nosotros no nos dejamos seducir por frases populistas. Los papás y mamás nos estamos levantando", clama Erika Muñoz.
RESCATE DE LA SELECCIÓN
En San Bernardo, el colegio Roberto Lorca se declara disidente dentro de los establecimientos con copago. Sus directores sospechan de aquellos particulares subvencionados con buen Simce y lo desechan como instrumento integral de medición. Tampoco comparten la postura de Conacep. Hace algún tiempo asistieron a una de sus reuniones y se excusaron rápidamente después de haber escuchado una conversación que "no hablaba de niños, sino de plata".
La escuela prácticamente no tiene selección y sus ganancias son ínfimas, debido a que la mitad de la matrícula que sí realiza copago no cumple sino hasta fin de año. Por estas razones, la idea de convertirse en fundación sin fines de lucro no complica, en la medida que la sociedad sostenedora, a cargo de Isabel Reveco, hija de la fundadora, pueda adquirir el terreno, que está a nombre de varios integrantes de su familia. "Ellos quieren seguir lucrando, por eso no están de acuerdo con la reforma. Están haciendo campaña del terror con los padres", dice Reveco.
No todos los 500 apoderados están de acuerdo con la postura de la administración. En particular, la queja es en contra de que se prohíba la selección, precisamente una de las razones por las que han inscrito a sus niños en particulares subvencionados y no en municipales.
-No había pensado en que ahora cualquiera podría entrar a cualquier colegio. Creo que se debe seleccionar de acuerdo a capacidades -dice Elena Díaz, abuela de Martín Leal, de prekínder.
-Uno opta por un subvencionado por el ambiente. No hay 45 niños en la sala como en un municipal -opina Irene Astete, madre de Diego (7º) y Camila Parra.
-No me importa sonar clasista, pero no quiero que mi hijo se mezcle con niños que vienen con otros valores desde la casa. Al final la educación se hace allá -afirma Katherine Alamos, apoderada de José Ignacio Andrade, de 7º.
Luego de conocer estas opiniones, los administradores del Roberto Lorca se plantearon informar acerca de la reforma a sus apoderados en las futuras reuniones. "La libertad de elección de las familias se distorsiona porque no cuentan con información sustantiva", decía la presentación de esta semana del ministro Eyzaguirre ante la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados. No obstante, algunos apoderados se sienten subestimados por estas consideraciones.
Es el caso de Katty Canto, secretaria general del Centro de Padres de la Escuela Francisco Ramírez de San Ramón, uno de los particulares subvencionados más prestigiosos de la capital, gracias a sus resultados en el Simce. "Con mucho esfuerzo pago $ 21 mil por la educación de cada uno de mis tres hijos y recibo una calidad óptima. Nuestro sector es muy vulnerable y, sin embargo, Mario, mi hijo mayor, pudo entrar en el Liceo Barros Borgoño. Cuando entró no hubo una selección especial, sólo nos pidieron certificado de nacimiento y una entrevista", aclara.
BENJAMÍN
Ya no está tan segura del significado, pero Rosa Moris bautizó su colegio como "Trupam" porque vio que en mapudungun, la lengua mapuche, esta palabra se traducía como "multicolor". Sea o no un error, un arcoíris está en la insignia de la escuela y en los uniformes de sus estudiantes. Paradójicamente, sus profesores y directivos ven que están en un territorio más bien gris, entre el nuevo modelo propuesto por el gobierno y el sistema de la tríada "lucro-copago-selección" que se quiere derribar. Lo ven así porque dicen obtener buenos puntajes sin lucro, con muchos niños becados y casi sin selección.
-Aquí no hay segregación. Tenemos niños cuyos tutores son tíos o abuelos, porque los padres están en la cárcel; una niña que es hija de una prostituta y otro niño que llega siempre con moretones, como si le pegaran en la casa. Quizás si estuviera estudiando ahora estaría con la reforma, pero aquí veo la realidad -dice Andrea Rivera, encargada de la malla curricular, una de las 15 docentes del colegio.
Benjamín es producto de este modelo. Sus notas no son las mejores de la clase y las profesoras lo encuentran algo inquieto, pero la dirección ve en él a un símbolo del modelo de enseñanza que han desarrollado desde hace más de una década. "No estamos tan nerviosos todavía, porque falta tramitar bien la ley y queremos informarnos más. En verdad, nuestro objetivo se perdería si pasamos a particular pagado, pero no veo que podamos seguir de otra forma con las actuales condiciones", dice Rosa Moris.
Aunque aún es muy joven para pensar en una carrera, Benjamín tiene claro que le gustan las clases de lenguaje, matemáticas y educación física, así como el fútbol; que quiere entrar en el San Juan de Dios, el particular subvencionado donde estudia su hermano mayor, que cobra $ 28 mil de copago. Que pueda hacerlo dependerá del camino que ese colegio siga luego de la reforma, pero su madre espera que el futuro de su hijo no termine en cuarto medio, como el suyo. Que, sea donde sea, siga escribiendo su historia con la "buena letra" que plasma en los cuadernos.
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