El mapa político de los pagos de SQM

Son 81 páginas las que resumen el trabajo que por casi nueve meses hizo el estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling y que presentó el 15 de diciembre pasado al comité ad hoc de directores de SQM. El reporte fue remitido por la empresa a la SVS y el Ministerio Público, el que decretó su reserva.

El informe describe el proceso de investigación desarrollado y resume en varias láminas los hallazgos en tres materias: controles internos, pagos cuestionados y evaluación de los riesgos de soborno.

Para elaborar el informe, Shearman & Sterling se apoyó en el estudio chileno Grupo Vial/Serrano y en la multinacional de servicios forenses FTI Consulting; recopiló 3,5 millones de documentos, revisó más de 930 mil y entrevistó a 24 personas. El ex gerente general, Patricio Contesse, se negó a testificar.

SQM ha realizado tres recitifaciones tributarias ante el SII, por un total de US$ 14.747.125 ($ 7.129 millones) en seis años. La contabilización completa incluye 1.425 pagos corregidos y 223 proveedores únicos rectificados. Los peak se alcanzaron en 2009, año de elecciones presidenciales, y 2012, año de municipales. Y ha pagado nuevos impuestos por US$ 9,6 millones en total.

El reporte lista los 20 proveedores top rectificados. Entre los 10 primeros aparecen sociedades vinculadas a Luis Saldías (asesor de Julio Ponce); Cristián Warner (ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami); Sebastián Piñera; Giorgio Martelli; Cristina Bitar; Marcelo Rozas; Carlos Ominami y Pablo Longueira (ver página 4). Entre el número 10 y el 20, Shearman & Sterling vincula a otras sociedades o emisores con políticos como Claudio Eguiluz, Marcelo Rozas, Adolfo Zaldívar y Andrés Allamand.

El 96,81% del total de los pagos rectificados fue aprobado por Contesse. La investigación de los estadounidenses no contó con la colaboración del ex gerente ni incluyó entrevistas o documentos de políticos.

Para el análisis forense, FTI analizó los pagos a 16.906 proveedores de SQM desde 2008 y luego limitó su búsqueda a un número de 515. Más tarde, FTI identificó a 236 proveedores para una revisión prioritaria, quienes aparecieron vinculados con 159 Personas Políticamente Expuestas (PEP). Finalmente, la investigación más detallada se concentró en 26 políticos asociados a 67 proveedores con pagos totales por US$ 5,8 millones.

Partidos, en porcentajes

El reporte, como informó SQM el 15 de diciembre, concluye que no se encontró evidencia de pagos con el fin de inducir a funcionarios públicos a actuar o abstenerse de hacerlo con el objetivo de ayudar a SQM a obtener beneficios económicos.El bufete norteamericano se abocó a analizar las irregularidades en el marco de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y no bajo la legislación chilena.

El estudio sí concluye que ciertos pagos pudieron haber sido motivados por el deseo de tener la benevolencia de políticos hacia SQM o el propio Contesse. Ciertos políticos ligados a los pagos estaban en posición de influir en los negocios de SQM, agrega el bufete.

En su página 53, la presentación de Sherman & Stearling dice que si bien los pagos fueron dirigidos a políticos y candidatos de los principales partidos políticos en Chile, a lo largo de todo el espectro, el mayor número está ligado a la UDI, con más de 50 dirigentes y candidatos asociados de alguna manera a los desembolsos de la minera. Entre ellos, se incluye, dice el reporte, a 4 candidatos presidenciales, 6 senadores, 12 diputados y dos ministros de Sebastián Piñera.

Esa lámina incluye un gráfico construido con fuentes públicas y que atribuye afiliación partidaria de los políticos vinculados a los pagos. El 45% está ligado a la UDI, el 11% a RN, otro 11% a la DC, 10% al PRI, 8% al PS, 7% al PRSD y 3% al PPD (ver infografía).

Los 10 casos analizados

En su tercera parte, el informe se concentra en el detalle de diez emisores. El primer caso analizado es el de Pablo Wagner, quien era subsecretario de minería cuando el gobierno de Piñera licitó nuevos derechos del litio. En agosto de 2012, una ejecutiva de SQM envió un mail a Contesse informándole una conversación con Wagner. Este le habría dicho que la solicitud de Contesse ya estaba resuelta. El reporte no encontró otra conexión con el proceso de licitación.

El segundo caso analizado es el de Fulvio Rossi. El reporte idenfitica a tres proveedores asociados al senador: Mariela Molina (con pagos por $ 43 millones), María Valentina Martínez ($ 20 millones) y René Madariaga ($ 16 millones). Todos ellos eran asesores de Rossi y facturaron a SQM en 2009, año de campaña electoral.

El informe sigue con Jaime Orpis, quien recibió los mayores aportes en dos fundaciones cuyos pagos no han sido objetados.

A Pablo Longueira, los abogados estadounidenses lo ligan con más de 20 supuestos proveedores que recibieron más de $ 730 millones entre septiembre de 2009 y marzo de 2015. Es el monto más alto.

El informe también alude a los DC Roberto León (ver recuadro) y Marcelo Rozas, el contador Luis Saldías, el abogado Roberto Guzmán, y finaliza con Giorgio Martelli y Cristian Warner.

Sobre Martelli, se enumeran los $ 246 millones recibidos por Asesorías y Negocios en 2012 y 2013.

Y sobre Warner, el informe atribuye a su empresa ingresos, por parte de SQM, por $ 420 millones entre julio de 2009 y enero de 2014. SQM ha rectificado en ese caso, dice el informe, $ 391 millones.

Las otras novedades del trabajo de Shearman & Sterling

Un llamado a Guido Girardi

El 22 de agosto de 2012, el abogado de SQM Enrique Olivares, le escribió un email a la secretaria de Patricio Contesse, Katherine Bischof, diciéndole que Contesse lo había autorizado a contactar directamente a políticos que han recibido contribuciones para tratar con ellos directamente los problemas que pudiesen tener. Bischof le proporcionó los teléfonos de tres senadores: Fulvio Rossi, el UDI Hernán Larraín y el PPD Guido Girardi (en la foto). Olivares le escribió a Bischof al día siguiente y le dijo que había hablado con Rossi y Girardi. Rossi envió el 24 de agosto una lista con una lista de donaciones a 19 candidatos por $ 17 millones y pidiendo otros $ 3 millones vía “boleta de asesoría comunicacional”. En el entorno de Girardi dicen que el senador no conoce al abogado Olivares y descartan que haya solicitado financiamiento, como Rossi, para las municipales de 2012.

Siete políticos en 48 horas

Las reuniones entre Patricio Contesse González (en la foto), ex gerente general de SQM, y los políticos eran frecuentes, dice Shearman & Sterling. El reporte destaca que en mayo de 2014, el eejcutivo tenía programadas reuniones con siete políticos. Todas en menos de 48 horas. El lunes 19 de mayo, Contesse recibía a las 9 al senador UDI Jovino Novoa. Ese mismo día, a las 16 horas, estaban agendados Ernesto Silva y Javier Macaya. Silva fue electo presidente de la UDI el 10 de mayo y Macaya, secretario general el 20 de ese mes. A las 18:45 estaba programada una reunión con el ex alcalde Pablo Zalaquett y a las 21 horas, Contesse tenía una cena con Carlos Ominami. Al día siguiente, a las 9:15 horas, el ejecutivo recibía a Pablo Longueira y Cristian Leay, ambos UDI. El miércoles 21 de mayo de 2014, Contesse volaba entre Santiago y Sidney.

Una carta exculpa a Eugenio Ponce

Casi la totalidad de los pagos rectificados por SQM fueron aprobados por Patricio Contesse. Un pequeño porcentaje -un 2,84%- fue aprobado por Eugenio Ponce Lerou (en la foto), vicepresidente comercial y hermano del ex presidente de SQM. Contesse exculpó expresamente a Ponce de esas autorizaciones, cuyo mayor monto fue recibido por Inversiones Enjoy, de Luis Saldías. Contesse envió una carta el 26 de mayo al nuevo presidente de SQM, Juan Antonio Guzmán. “Hago presente que los pagos efectuados por SQM Industrial S.A. a emisores que coinciden con aquellos cargados al centro de costo de la gerencia general y que fueran rectificados por SQM S.A., no obstante haber sido aprobados en el sistema computacional por el señor Luis Eugenio Ponce Lerou, éste lo hizo por instrucciones mías en mi calidad de entonces gerente general de SQM”.

Un diputado y el reporte de 2014

Antes del estallido del caso SQM en la Fiscalía, una auditoría interna, de agosto de 2014, enumeraba pagos a seis proveedores de alto riesgo político: entre ellos, la Fundación Chile 21, Cristián Warner, el PRI Humberto de la Maza, el RN Claudio Eguiluz y Roberto León Araya, hijo del diputado DC Roberto León. El informe estadounidense destaca que León Ramírez (en la foto), diputado DC desde marzo de 1994 (excepto 2002-2006), pese a no ser miembro de la comisión investigadora del caso cascadas, tuvo una activa participación en ella. El hijo del diputado recibió en total $ 146 millones. Los pagos comenzaron en julio de 2009 y se detuvieron en septiembre de 2014, tras la auditoría interna. En octubre de ese año, una vez suspendidos los pagos a León Araya, dice el informe, comenzaron desembolsos a Miguel Salazar, asesor del diputado.