El SAG se moderniza con más fiscalizadores y nueva tecnología

El acuerdo alcanzado el lunes entre la Dirección de Presupuestos, la dirección nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la asociación de funcionarios del SAG, es un hito dentro de un proceso aún mayor: modernizar y fortalecer esa repartición.

El ministro de Agricultura, Carlos Furche, considera que este ajuste es prioritario para que las exportaciones agrícolas chilenas mantengan su presencia en los mercados internacionales, porque al SAG le toca ser garante de la calidad e inocuidad de los productos agropecuarios chilenos en sus mercados de exportación.

"La inocuidad de los alimentos es el tema del momento", asegura el ministro. "Hoy está claro que si no tienes resueltos los temas sanitarios básicos, no puedes participar en los mercados internacionales. Y con la inocuidad está pasando lo mismo".

Sin embargo, en los últimos años el SAG enfrentó cuestionamientos por el surgimiento de nuevas plagas y la reaparición de otras que se habían eliminado. Probablemente el caso más notorio sea el de la Lobesia botrana o polilla de la vid, cuyo salto de la uva a los arándanos llevó a nuevas exigencias para el ingreso a Estados Unidos, y a una caída de 25% en los volúmenes de arándanos exportados a ese país en la última temporada.

"Los consumidores son cada vez más informados y exigentes. No quieren químicos en su comida. Y esto le pone al SAG un conjunto de nuevas demandas, nuevas exigencias, que obliga a reformular sus tareas, reasignar sus recursos, mejorar su base tecnológica. Y esa es la etapa que viene", señala el ministro. A eso se suma la entrada en vigencia en 2015 de nuevos requisitos de inocuidad alimentaria en Estados Unidos, los que podrían ser imitados por Europa y China.

Proyecto de ley

En lo inmediato, el acuerdo  se plasmará en un proyecto de ley que se enviará al Congreso en octubre y que creará una asignación especial que reconoce en las remuneraciones la función fiscalizadora de sus trabajadores. Al mismo tiempo, se trasladará gradualmente a personas que hoy se encuentran en categoría de "honorarios permanentes" a contrata, comenzando con 350 personas en 2015. Este punto es relevante, porque en teoría los funcionarios a honorarios no deben realizar funciones de fiscalización. Cuando esté en régimen, en dos años, el acuerdo beneficiará a 2.200 funcionarios de planta y contrata, con un costo de $ 6.500 millones anuales. "Es un esfuerzo financiero importante", acota el ministro.

Luego viene la segunda etapa. Se creó un equipo de trabajo que junto con el BID hizo una evaluación y diagnóstico institucional, cuyo informe final y recomendaciones se entregarán en los próximos días. Pero el ministro ya recibió un informe preliminar, cuyas conclusiones van en la línea de afinar con más precisión sus tareas prioritarias, asignar los recursos correspondientes y mejorar de manera significativa la base tecnológica del servicio. "Eso debiera traducirse en un salto cualitativo en la calidad del servicio que ofrece a sus usuarios", señala.

Contar con la plataforma tecnológica adecuada, nuevo software y nuevo hardware, hará más expedita la interrelación de información y agilizará, por ejemplo, la entrega de certificados de exportación o los que se introducirán de inocuidad a los exportadores.

Aunque esto está pensado a cuatro años, las primeras etapas serán visibles en el presupuesto 2015. Furche declina entrar en detalles mientras no termine su negociación con Hacienda, pero habrá un aumento significativo en los recursos para el SAG. Adicionalmente, están analizando otras formas de financiamiento, como un préstamo del mismo BID, para la modernización tecnológica.

El ministro también plantea que hay áreas como la sanidad y la inocuidad en las que no alcanza sólo con los recursos públicos y es necesario el aporte privado. "Y si queremos hacer algo más significativo en términos de certificación de calidad, también", señala. Esta inversión tendrá que ser "mucho más importante que lo que se venía haciendo hasta ahora".

De hecho, fue uno de los temas que trató el miércoles en una reunión con la directiva de la Asociación de Exportadores de Frutas. Tras el encuentro, el presidente de Asoex, Ronald Bown, manifestó que para la industria el control de la Lobesia y de la bacteria PSA en kiwis "es prioritario y se debiera actuar de forma inmediata, acorde a un Plan Ideal técnicamente concebido, sin mayor restricción económica. Y para ello el sector privado está disponible para aportar los recursos".

Para Furche, el desafío es asegurar que las exportaciones agrícolas sigan siendo competitivas y demostrar que se pueden hacer las cosas mejor o al menos tan bien como los competidores inmediatos.