Ex defensor de Francisco Solar: "Hinzpeter y Peña deberían pagar las costas del caso bombas"

Luego de que ayer se conociera la detención de dos chilenos en España - Francisco Solar y Mónica Caballero- por un atentado a la basílica de Zaragoza, y que coincidentemente responden a involucrados y absueltos  en el caso bombas, las reacciones no se hicieron esperar en el gobierno, especialmente del ministro del Interior Andrés Chadwick y quien ocupara esa misma cartera durante la investigación, Rodrigo Hinzpeter.

De esta forma, el ex defensor de uno de los detenidos en Barcelona, Mauricio Daza, conversó con La Tercera y calificó estas reacciones como "poco serias y apresuradas". Además de asegurar que las costas del caso bombas no deberían ser pagadas por el Estado, sino que por el ex fiscal Alejandro Peña y el actual ministro de Defensa Rodrigo Hinzpeter.

"Las declaraciones de los ministros son poco serias y apresuradas, hay que tener mucha precaución con lo que se indica, porque hoy no existe ninguna resolución de los tribunales españoles, que digan que estas personas son autoras de algún tipo de delito, no se puede cometer el mismo error cuando se detuvo a 14 personas en el 2011 y Hinzpeter dijo que acá en Chile había una célula terrorista", dijo el abogado.

En la misma línea, Daza agregó que no está de acuerdo con que el gobierno pague la costas del caso bombas, "las costas deberían pagarlas Hinzpeter y Alejandro Peña, que son los responsables de este caso", detalló.

Por otro lado, explicó que ese dinero- el que alcanza 520 millones de pesos y que será repartido entre siete imputados- será entregado a las defensas, y responde a los gastos que se realizaron en las diligencias y una serie de trámites a lo largo de la causa.

En tanto, reiteró las críticas de las declaraciones políticas, "no solo existen declaraciones de los ministros, sino también otras declaraciones que han sido graves, como la candidata Matthei, ella ha cruzado el límite de hacer una crítica fuerte a las resoluciones de un juez, siendo que un tercio de las pruebas excluidas fue retirada voluntariamente por parte de los acusadores y la otra parte de la prueba excluida no tenía relaciones lógicas con el delito".

"A mi juicio la colocación de artefactos explosivos es un delito de extrema gravedad, toda vez que pone en serio riesgo la integridad de todos los ciudadanos, esa misma gravedad exige que las autoridades sean serias e investiguen estas conductas", sentenció.