Fiscalía explica cómo se habría gestado manipulación de pruebas en "Operación Huracán"
El día de ayer se informó que la Fiscalía de La Araucanía decidió cerrar sin culpables esta causa, en que el Ministerio Público imputó a ocho personas como presuntos responsables de una serie de atentados en la IX Región.
Luego de que se conociera la supuesta manipulación de pruebas que habría existido en el marco de la investigación de la denominada "Operación Huracán", el fiscal regional Cristián Paredes explicó en radio Duna cómo se habría gestado dicha situación.
En primer punto el persecutor hizo presente que el mencionado caso "corresponde a una investigación desarrollada integral y autónomamente por Carabineros bajo el estatuto de la ley de Inteligencia, la cual les permite desarrollar una serie de actuaciones. La Fiscalía no forma parte del sistema de inteligencia Nacional, en principio no es depositaria de información de inteligencia, pero sin embargo, en casos excepcionales se autoriza la entrega de información, para ciertas investigaciones penales".
La información recopilada por dicha investigación fue liberada el 20 de septiembre, como dijo, y contenía antecedentes de las "supuestas" interceptaciones a celulares de los individuos que fueron posteriormente formalizados. Además, se consagraba "que en los próximos días se iba a cometer un atentado en un lugar preciso de Temuco".
"Conforme a esos antecedentes, se puso la información en conocimiento del Juzgado de Garantía, se obtuvo una orden de detención, las personas fueron detenidas, se pusieron a disposición del tribunal, inicialmente quedaron afectas a prisión preventiva y luego la Corte Suprema acogió un amparo y están en libertad", aseveró Paredes.
La intervención de la Fiscalía, según puntualizó el persecutor, comenzó luego de la recepción formal de esta información liberada, el 20 de septiembre de 2017. "Dentro de las diligencias que se desarrollan, está la incautación de los teléfonos celulares de los imputados y con eso se hace una serie de peritajes primero con Carabineros, con el objetivo de buscar si existían o no estas conversaciones que habían sido referidas por Carabineros en el informe de inteligencia".
"Carabineros no sólo practica las detenciones, sino que es quien incauta los teléfonos y se entrega de inmediato la solicitud para que sean periciados por los organismos especializados de dicha institución, en este caso el laboratorio de Carabineros. En el marco de la investigación contamos con pre informes periciales y luego con informes definitivos que dan cuente del hallazgo de conversaciones entre los imputados y que son o serian el reflejo de aquello que había sido liberado vía inteligencia en el informe 130. Tenemos un informe, donde solo hay transcripciones y, después, el trabajo pericial ya en sede de Fiscalía desarrollado por Carabineros, donde se establece que existirían estos hallazgos de estas conversaciones", agregó.
Luego de aquello, "una vez que Carabineros dice que están estas conversaciones que son de este tenor, que son las mismas que se hallaron por inteligencia, nosotros hacemos un nuevo peritaje pero esta vez interno, a través de un perito de la unidad de Delitos Económicos. Este perito concluye que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instaladas en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponde ni al formato ni a la ubicación en que se almacena la mensajería en estos aparatos".
De esta forma, se inicia una investigación penal por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, pero también se ordenan nuevas diligencias. "En el marco de esta nueva causa, originada por las inconsistencias en las pericias, se ordena un nuevo peritaje, esta vez a un perito particular, que ratifica las conclusiones a las que arribo el peritaje de la unidad de lavado de activos de la Fiscalía Nacional", aseguró Paredes a la emisora.
Tras el conocimiento de este caso por el Ministerio Público, como explicó el fiscal, se ordenaron también otras diligencias, relacionadas no sólo con la incautación de los celulares. Dentro de ellas se le habría pedido a Carabineros el desarrollo de 27 pericias.
Como hizo presente el persecutor, tras esa solicitud sólo hace pocos días habrían recibido un informe donde se da cuenta de la realización de tres de ellas.
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