Fondos de cesantía suman US$ 11 mil millones tras 15 años de existencia

Una década y media cumple este mes el sistema de Fondos del Seguro de Cesantía, modelo que tiene entre sus ideólogos al entonces ministro de Trabajo, Ricardo Solari; al actual presidente del Banco Central, Mario Marcel, y al ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas.

Creado en 2002, fue un modelo inédito, y, por tanto, su inicio estuvo marcado por la "resistencia y la fuerte especulación sobre sus efectos", recuerda Solari. "Se tenía poca información sobre el mercado del trabajo y las personas en situación de cesantía. Fuimos aprendiendo a medida que se hacía camino", agrega el actual gerente general de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC, de propiedad de cuatro AFP), Patricio Calvo.

Pero "ha demostrado ser exitoso", puntualiza Solari, y por varias razones: la buena gestión del modelo monoperador privado, un buen blindaje fiscal, y su bajo costo. En síntesis "una política pública simple", destaca.

Y hoy las cifras lo avalan: más de 5,1 millones de personas han usado el seguro y los fondos que lo financian totalizan US$ 11 mil millones, 61 veces más que lo alcanzado en el primer año de operaciones del sistema, lo que es destacado por el economista y experto laboral de la UC, David Bravo. "No sólo ha funcionado bien, sino que además es valorado por los trabajadores porque entrega beneficios de corto plazo", afirma.

Detrás de ello está el aporte de 3% de las remuneraciones de un total de 9,2 millones de afiliados y 4,4 millones de cotizantes, que se divide entre un Fondo de Cuentas Individuales (CCI, que representa el 66,8%), y un Fondo de Cesantía Solidario, (FCS, que alcanza el 49,5%) al que también aporta el Estado. Pero además, ambos portafolios, han logrado una rentabilidad nada despreciable, pese a seguir un régimen de inversión conservador: 3,71% promedio real anual desde la creación del sistema en el CCI, y 4,11% en el FCS.

El éxito de la administración de los fondos lo ha situado como referente para el ente estatal a cargo del 5% adicional de pensiones, de aprobarse el proyecto de reforma previsional hoy en el Congreso. Sin embargo, Solari advierte sobre la diferencias entre un modelo de beneficio contingente, como este seguro, y las pensiones, de más largo plazo.

El Seguro de Cesantía fue incrementando sus prestaciones, particularmente en el FCS. En 2009 sumó a los trabajadores a plazo fijo y en 2015 subió las tasas de reemplazo, los topes mínimos y máximos de los giros, e introdujo la cotización al sistema de pensiones para aquellos beneficiarios que optan por el FCS.

Gracias a ello, este año más de 187 mil personas en promedio cobraron el beneficio todos los meses, destaca el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías.

Pero, con una relación de egresos sobre ingresos, de 62,7% para las CCI y de 36,8% para el FCS, los espacios de ampliación de los beneficios se mantienen y siguen siendo promovidos por la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía, que lidera el académico, Hugo Cifuentes. "Todavía se usa poco, y eso es parte de los temas que queremos reflexionar. Estimamos que hay desconocimiento de los beneficios y también una rotación importante de los trabajadores", dice Cifuentes.

Una medida que destaca el experto es ampliar el pago de cotizaciones en las AFP con cargo a los fondos de cesantía, tal como lo plantea la reforma de pensiones. A favor de medidas como ésta están los estudios actuariales que proyectan tasas de crecimiento positivas y sostenidas en el tiempo para los fondos, aún en crisis económicas. Es decir, puede seguir protegiendo a desempleados, "no sólo para suplir consumo presente, sino también frente a lagunas previsionales", agrega Macías. Por otro lado, elevar los beneficios "legitima aún más el sistema y en la actualidad, los fondos acumulados permitirían financiar prestaciones mucho más generosas para épocas de mayor cesantía", añade Calvo.

Como desafíos pendientes, Calvo menciona obtener el RUT de migrantes para abrirles acceso a los beneficios, y la digitalización del trámite de solicitud del seguro, lo que implica digitalizar los inicios y términos de las relaciones laborales (contratos), terminando con el finiquito en papel.