Formalizaciones por el delito de cohecho aumentaron en 67% entre 2013 y 2014

C. M. se desempeñaba como médico del Departamento de Tránsito de la municipalidad de Lo Espejo y era el encargado de tomar el examen para obtener la licencia de conducir. Eso, hasta que el 14 de noviembre de 2014 quedó en evidencia su presunta estrategia para obtener mejoras económicas.

Según la investigación de la Fiscalía Sur, ese día C. M. le habría pedido $50.000 a  Hugo Aranguiz para sortear la prueba sin rendir el examen. Sin embargo, Aranguiz denunció la situación y la fiscalía abrió una investigación (número 164-2014) en su contra por el posible delito de cohecho.

Según  cifras de la  Fiscalía Nacional, obtenidas  a través de la Ley de Transparencia, este no fue el único caso detectado en 2014. Durante ese período el Ministerio Púnlico efectuó 164 formalizaciones por este delito. En tanto, en 2013, hubo 98 audiencias; es decir, en un año estas crecieron en un 67%.

El artículo 248 del Código Penal precisa que el delito de cohecho se comete cuando un funcionario público "solicitare o aceptare recibir un beneficio económico para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo".

No obstante, la persona natural que ofrece un beneficio económico a un funcionario público también incurre también en este delito. En tanto, el soborno, se aplica solo cuando la transacción se ejerce entre privados.

Las formalizaciones por soborno también registraron un aumento, entre 2013 y 2014. Mientras en 2013 hubo 15 audiencias, el año pasado esta cifra aumentó  a 19 casos. Es decir, registró un aumento de un 27%.

Ante el alza de formalizaciones por cohecho, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, valoró el trabajo del Ministerio Público, y recordó que tres penalistas trabajan en la modificación del Código Penal que rige para los delitos cometidos por funcionarios públicos.

"Es un delito complejo. Además, las penas no son tan altas (reclusión en su grado menor a medio: de 61 a 301 días de presidio), entonces existe ahí una situación bien particular, por eso que dentro del análisis que los propios comisionados del Código Penal estaban interesados en revisar eso, pero si hay un aumento de persecución y de resultado, habla de que el Ministerio Público está trabajando acuciosamente en este tema", señaló el ministro.

PESQUISAS

En tanto, el director ejecutivo de la organización Chile Transparente, Alberto Precht, destacó el aumento de las pesquisas, aunque afirmó que "esperamos que (las formalizaciones) se traduzcan en mayores condenas que sean ejemplificadoras, porque generalmente termina ocurriendo es que las penas no son aflictivas".

En cuanto a los términos aplicados a estas causas, el 2014 fue el año con menos sentencias condenatorias, desde 2010, según Transparencia del Poder Judicial.

En 2010 hubo 69 condenas; en 2011, 91; en 2012, 96, en 2013, 94, y en 2014, 26. Es decir, en los dos últimos años, se registró una baja de 72%.

Ante estos casos, Alberto Precht dijo que "por la importancia del delito y por la señal que uno da al combatir este ilícito, sería muy importante que se analizara la posibilidad que no se pudieran aplicar figuras de salida alternativa en el cohecho".

Por su parte, el senador RN Alberto Espina aseguró que las cifras muestran una "falta de especialización de fiscales y policiales, para efectos de acreditar adecuadamente estos delitos. Es por eso que estamos tramitando un proyecto de ley que para crear una Fiscalía de Alta Complejidad".

Una modificación a la ley también es una opción para el senador del PPD Felipe Harboe: "El aumento de casos que ingresaron a la fiscalía sobre cohecho refleja una  mayor disposición ciudadana. Lamentablemente las escasas sentencias condenatorias no actúan como disuasivo. Quizás sea hora de revisar las facultades investigativas y el régimen de sanciones aplicables".

Para el ministro Gómez, "hay que ir en el camino de las modificaciones. El análisis global de este delito habría que  hacerlo para mejorar el control, y si hay hechos delictuales, aplicar sanciones penales más drásticas".

Por lo mismo, el Gobierno enviará entre marzo y abril el proyecto de ley que rige los delitos funcionarios.