Gobierno uruguayo llama a la calma tras caso de enfermeros asesinos

El gobierno, la policía y la clase médica de Uruguay intentaron hoy calmar a la población con medidas preventivas y mensajes de confianza tras la alarma generada por la muerte de 16 pacientes en unidades de cuidados intensivos de dos hospitales de Montevideo a manos de dos enfermeros.

Al presentar un paquete de acciones para asegurar que no se repitan casos similares, el ministro de Salud, Jorge Venegas, comparó lo ocurrido con una "catástrofe" y dijo que todo el personal a su cargo deberá "trabajar mucho para recuperar la imagen y credibilidad" del sistema sanitario.

A su lado, el viceministro de Salud, Leonel Briozzo, admitió que el país está viviendo "una situación dramática, dolorosa y repugnante".

Los enfermeros uruguayos J. A. A, de 46 años, y M. P. G., de 39 años, fueron procesados ayer por el delito de homicidio especialmente agravado y enviados a prisión, tras confesar ante el juez de Montevideo Rolando Vomero haber sido autores de los 16 asesinatos.

El primero admitió haber matado a once pacientes en la Asociación Española, una prestigiosa mutual privada del país, y el segundo a los cinco restantes en el Hospital Maciel, de titularidad pública.

Junto a ellos fue procesada por encubrimiento una enfermera que conocía a uno de ellos, aunque se descarta por ahora una acción coordinada.

Pese a que los abogados de los encausados hablan de "piedad" como móvil de los crímenes, Inés Massioti, representante de J. A. A., originario del interior del país, dijo que su cliente sufrió abusos sexuales en su juventud y atravesaba un episodio de estrés después de trabajar durante 20 años en cuidados intensivos.

La captura de los criminales fue posible gracias a la llamada "Operación Angeles", un trabajo de investigación policial de varias semanas bautizado así por la denominación de "ángeles de la muerte" que reciben aquellos tipos de asesinos en serie usualmente empleados como cuidadores.

Entre las acciones aprobadas por el Ministerio de Salud para hacer frente a esta situación sobresalen las investigaciones administrativas dispuestas en los hospitales involucrados y la inspección de todas las unidades de cuidados intensivos del país.

También se ofrecerá apoyo sicológico al personal sanitario si lo necesita, especialmente el que está sometido a mayor presión, y se creará una línea telefónica confidencial para recibir denuncias de posibles muertes dudosas en los centros de salud, además de reforzarse la unidad de apoyo a las familias de las víctimas.