Grupo Clarín acusa al gobierno de estar detrás de intervención judicial de operadora de TV cable

El grupo Clarín, el mayor grupo multimedia de Argentina, denunció hoy que el gobierno de Cristina Fernández está detrás de la intervención judicial a la operadora de TV cable, Cablevisión, una de las principales fuentes de ingresos de la firma.

La operadora fue intervenida ayer por el juez Walter Bento, de la ciudad de Mendoza,  en el marco de una causa por monopolio denunciada por su competidora Supercanal, del grupo Vila-Manzano.

"Es el grupo Vila-Manzano, en alianza con el gobierno. Pretenden que en 60 días Cablevisión deje de operar y se divida la compañía", dijo Carlos Moltini, gerente general de la firma de televisión por cable al diario Clarín.

Moltini insistió en que Supercanal "es un mascarón de proa para ir contra Cablevisión" y remarcó que la firma del grupo Clarín "no presta sus servicios" en Mendoza.

Agregó que "en una actitud prepotente y avasallante", la sede de Cablevisión en Buenos Aires fue allanada por unos 50 gendarmes en cumplimiento de una orden del juez Bento, a quien el grupo Clarín se propone demandar por "connivencia" con Supercanal.

El juez Bento nombró a un interventor para que analice la documentación y funcionamiento de la operadora y en el plazo de dos meses entregue un informe sobre el presunto abuso de posición dominante o monopolio denunciado por Supercanal.

Las autoridades argentinas se han desmarcado del asunto por tratarse de un contencioso judicial entre privados, como indicó el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al asegurar que "es un disparate" que la Gendarmería (policía militarizada de fronteras) haya intervenido en el caso por mandato del gobierno.

Cablevisión fue allanada e intervenida en momentos en que el Senado, controlado por el peronista Frente para la Victoria en el gobierno, se prepara para aprobar una ley que declara de "interés público" el papel de diario, que en este país solamente produce Papel Prensa, firma controlada por los diarios Clarín (49 % de las acciones) y La Nación (22,49 %) en sociedad con el Estado (28,08 %).

En los últimos años, Clarín y La Nación han denunciado en varias ocasiones que sufren presiones y actos intimidatorios del gobierno de Fernández, al que acusan de atentar contra la libertad de expresión e información.

La operadora de televisión por cable del grupo Clarín cuenta con más de 3,3 millones de clientes distribuidos en Argentina, Uruguay y Paraguay, según la web de la empresa.