Humala y su esposa son recluidos en cárceles de Lima y alistan apelación

El ex Presidente peruano Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, pasaron ayer su primera noche en prisión luego de entregarse a la Justicia. La ex pareja presidencial debe cumplir 18 meses de prisión preventiva tras ser acusada de lavado de activos por recibir fondos de la empresa brasileña Odebrecht para su campaña electoral de 2011.

La pareja, padres de tres hijos de 15, 13 y 10 años, durmió en el calabozo del Palacio de Justicia y ayer en la tarde fueron enviados a sus respectivos centros penitenciarios en Lima. En el caso de Humala, en su calidad de ex Presidente, le correspondió ir a la prisión de Barbadillo de la Dirección de operaciones especiales (Diroes). Según la prensa llegó hasta ese lugar en un helicóptero a las 15.10, de buen ánimo, al punto que sonrió. En una suerte de ironía, Humala compartirá prisión con el ex mandatario Alberto Fujimori, contra quien se rebeló infructuosamente en 2000 cuando era militar. Fujimori cumple una condena de 25 años crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, Nadine fue enviada al penal de mujeres Santa Mónica en Chorrillos. Según informaciones del diario La República, las hijas Illary (15), Nayra (13) se encuentran en Chicago con una prima y Samín (10) se quedará con su abuela materna, Antonia Heredia, en Lima.

"Están anímicamente bien, fortalecidos por la decisión de someterse a la autoridad del juez. ¿Cuántos políticos en el Perú son capaces de eso?", destacó el abogado de la pareja, Wilfredo Pedraza.

Para los analistas, la orden de prisión preventiva manifiesta un panorama oscuro de la política peruana y del desprestigio en el que se encuentra, debido a que cuatro de los últimos cinco presidentes en 25 años están salpicados por escándalos de corrupción. Esto porque además de Humala y Fujimori (1990-2000), los ex presidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (1985-1990/2006-2011) se encuentran investigados por corrupción.

El Presidente Pedro Pablo Kuczynski graficó esa sensación al ponderar los esfuerzos de la Justicia por acabar con la corrupción, en un país que ha quedado impactado por el paso del gigante brasileño Odebrecht en la mayoría de casos investigados. "La imagen del Perú (en lucha anticorrupción) es buena, es un país que ha tomado medidas drásticas, con un gran costo económico sin duda, pero que están surtiendo efectos", dijo el mandatario.

A la ex pareja presidencial se le investiga por presuntamente haber recibido US$ 3 millones de Odebrecht durante la campaña de 2011, los cuales no habrían sido declarados. Es por esto que el lunes pasado el fiscal Germán Juárez Atoche pidió que ambos afronten un proceso de prisión preventiva, ya que se temía que ambos se quieran fugar del país.

Tras conocer el fallo, otro de los abogados de Humala, Julio César Espinoza, estimó -en la madrugada de ayer- que el trámite de la apelación tomará unos 20 días en total.

El juez Richard Concepción Carhuancho subrayó el jueves para justificar la prisión preventiva la "muy alta probabilidad" de que Humala y Heredia hubieran cometido los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, pero según dicen numerosos abogados, no justificó debidamente la existencia de un riesgo de fuga que, sin embargo, dio por hecho. Es por eso que muchos analistas estiman que una apelación podría ser exitosa, lo que a su vez debilitaría la posición del fiscal y fortalecería a Humala en su postura de presentarse como un perseguido político.

"Eso llamó la atención, porque si algo se había podido percibir en los últimos meses es que Humala y su esposa estaban cumpliendo todas las disposiciones de la Fiscalía y no pareciera ser que las circunstancias acreditaran una medida tan intensa y extrema", dijo a la agencia Efe Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

En conversación con el diario El Comercio, el abogado César Azabache señaló que la resolución del juez Carhuancho tiene un mayor peso en las pruebas sobre la posible comisión del delito de lavado de activos que en las evidencias del peligro procesal (por obstrucción a la justicia o peligro de fuga).