Ignacio Sánchez: "El próximo gobierno tendrá que corregir los errores que se cometan en educación superior"

Este año, la Pontificia Universidad Católica de Chile cumple 130 años y, además de enfrentar este aniversario con un alto prestigio internacional, al ser elegida como la mejor casa de estudios de Latinoamérica por el ranking QS, las celebraciones tendrán un factor especial: la visita del Papa Francisco a la casa central el próximo 17 de enero. A las 19.00 de ese día, el Sumo Pontífice se encontrará con el mundo educacional del país en una actividad que enorgullece a su rector, Ignacio Sánchez. En entrevista con La Tercera, la autoridad universitaria analizó los temas más importantes en relación al proyecto de educación superior e hizo un balance de la gestión del actual gobierno.

El Ejecutivo puso urgencia al proyecto de educación superior y busca que sea despachado por el Congreso antes del 30 de enero. ¿Qué le parece?

Vamos a enfrentar un mes de enero en donde si se quiere sacar adelante el proyecto antes del término de ese periodo se va a tener que trabajar con mucha dedicación, con muchas horas, porque las indicaciones son muchas, tanto del Ejecutivo como las que han ido recogiendo los senadores. En otros proyectos de ley hemos visto que cuando se legisla apresuradamente después hay que corregir errores, errores que son humanos y razonables de cometer cuando no está el período de reflexión necesario. Me parece que cuatro semanas es un tiempo excesivamente corto. Entiendo que para algunas personas sea necesario sacar este proyecto antes del término de gobierno, que prefieren hacerlo con esta conformación del Parlamento y no partir de cero en una discusión parlamentaria futura, pero hay que poner una cuota de cautela en el sentido de con qué grado de profundidad, pertinencia y seguridad se está legislando.

¿Cree que si el proyecto se termina de tramitar apresuradamente, el próximo gobierno va a tener que corregirlo con posterioridad?

Yo creo que ya esta misma administración ha corregido algunas cosas por legislar a la carrera, como ocurrió con la Ley de Inclusión. Y mi temor es que si se aprueba el proyecto de reforma de educación superior en enero, se cometan errores que tendrán que corregirse en el próximo gobierno. Siempre que se legisla así se pueden cometer errores que después tendrán que ser corregidos, y yo creo que esta no va a ser la excepción. El siguiente gobierno va a tener que corregir los errores que se cometan en educación superior por legislar a la carrera. Temo que se aprueben normas que entren en contradicción con otras o que no tengan la constitucionalidad apropiada, como ya hemos visto en educación durante este gobierno.

¿Cómo evalúa la gestión de esta administración en materia de educación superior?

Mi evaluación del trabajo del gobierno en este sentido es negativa. Al año y medio de gestión se presentó el proyecto de educación superior, el que fue muy insuficiente, muy rechazado por prácticamente todos los sectores y que hizo que tuviese que cambiarse de manera muy significativa. Y finalmente, en el término del gobierno estamos legislando con premura y escasez de tiempo para un proyecto de ley que es extraordinariamente importante. Siento también que el tema de la gratuidad ha influido muy transversalmente en el debate educacional y, por lo tanto, ha dejado de lado un debate que tiene que ver con la inversión en el desarrollo de las instituciones y en su calidad. Entonces, no puedo tener una mirada positiva.

¿Cree que el error ha sido concentrarse en la gratuidad?

Siento que la gratuidad es un aporte fundamental para las familias de los sectores más vulnerables y creo que es innegable que estos estudiantes se sienten más acogidos, más tranquilos y dispuestos a concentrarse en sus estudios y no en factores económicos, y me parece que ese es un aporte real. Pero lo que yo discuto es que nos hayamos focalizado solo en ese aspecto y que cuando tengamos que decidir entre seguir subiendo los deciles, no se atiendan otras necesidades educacionales fundamentales para el desarrollo del país. No todos los recursos se pueden poner en el tema de la gratuidad. Llegar al 60% más vulnerable es un umbral razonable y debemos combinar eso con becas y créditos, para poder financiar a todo el sistema universitario.

Y en relación al financiamiento de la educación superior, ¿estima que el proyecto responde a las necesidades de las instituciones?

El proyecto de ley dice que mientras se logre el desarrollo económico que permita otorgar gratuidad al 7°, 8° y 9° decil, habría una fijación de los valores que las instituciones pueden cobrar a los estudiantes que no cuenten con gratuidad, y se permitiría un tope del 60% más del arancel regulado para esos grupos. Eso que aparece como algo lejano sería desde 2019. Esta fijación de aranceles para los estudiantes que no están en gratuidad puede no aparecer como un detrimento económico para las instituciones en el primer año que se produzca, pero después de dos o tres años, cuando se quedan detenidos esos valores, va a empezar a dañar fuertemente a esas instituciones. Y lo que hemos dicho desde la universidad es que nos parece que no puede fijarse un arancel para los estudiantes que están fuera de la gratuidad.

¿Y qué pasaría con instituciones que decidieran hacer cobros excesivos?

En ese sentido se podrá regular a esas entidades, pero poner tope prácticamente a todos los aranceles universitarios por mientras el país migre hacia la gratuidad total, a mí me parece que va a dañar fuertemente el crecimiento y el desarrollo de las instituciones.

¿Qué impacto podría tener esta reforma si no queda bien hecha?

Una reforma a la educación superior tiene que tener en su base el hecho de que tiene que mirar a 30, 40 años plazo. La que estamos haciendo hoy día reemplaza a la del año 1981. Entonces, estamos trabajando en una reforma para que nos acompañe en los próximos 30 años y no para que haya que reformarla en cinco años más de nuevo. Tenemos que pensar en el impacto que tendrá en nuestras instituciones y yo siento que cuando no se resguarda el crecimiento de los establecimientos, se está hipotecando el desarrollo de la educación superior para los próximos 20 años.

¿Qué piensa en materia de reglamentación del sistema?

Una regulación que asfixie a las instituciones no puede ser y, en ese sentido, en el proyecto la Superintendencia de Educación Superior tiene funciones que son muy extremas y que afectan al desarrollo del sistema y la investigación, porque se limita la relación que las instituciones puedan tener con las empresas para el desarrollo de proyectos.