Indagan presunta irregularidad en pago de Endesa a municipio de San Clemente

El 30 de septiembre pasado la concejal de San Clemente María Inés Sepúlveda denunció ante la fiscalía una presunta irregularidad que involucraría a la municipalidad y a la empresa Endesa, firma que está construyendo la Central Hidroeléctrica Los Cóndores en la Región del Maule.

Estos antecedentes son parte de una nueva arista que investiga la jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, en el marco del caso contra

Endesa por la realización de eventuales pagos irregulares a Personas Expuestas Políticamente (PEP). Esta causa se inició en Chile tras una solicitud de información de la Fiscalía de España, que indaga a la eléctrica por presunto cohecho internacional.

En relación a la arista que involucra al municipio de la Séptima Región, la concejal denunció a Chong que el 25 de septiembre de 2013 en una reunión ordinaria del concejo municipal, el alcalde Juan Rojas "nos comunicó la existencia de una mesa de trabajo entre Endesa Chile y dos funcionarios municipales de plena confianza del alcalde. En dicha oportunidad se nos planteó que 'la gente de Endesa quiere llegar en forma rápida a firmar un convenio'".

Sepúlveda se refería a un convenio de responsabilidad social empresarial firmado por la eléctrica y el municipio en septiembre de ese mismo año, donde la empresa aportaría un total de $ 2.618 millones para financiar proyectos comunales en San Clemente.

De acuerdo al contrato firmado por Endesa y el municipio, que también está en manos de la fiscalía, "la entrega del aporte supone la condición que no se entorpezca de manera ilegítima el normal avance de los trabajos de construcción del Proyecto Hidroeléctrico Central Los Cóndores, ni que se vea afectado el normal funcionamiento de las actuales instalaciones de generación eléctrica presentes en el territorio".

Ademas, según la denuncia de Sepúlveda, el presidente del concejo (el alcalde) señaló en una sesión donde se aprobó el convenio que "la empresa eléctrica aportaría al municipio en la hipótesis que la Dirección de Obras Hidráulicas le apruebe el Proyecto de Construcción Central Hidroeléctrica Los Cóndores". Esta frase se encuentra transcrita en el acta de la sesión número 32, que la denunciante también entregó a la fiscal.

Chong cuenta también, según el expediente del caso, con un informe de la Contraloría Regional de Maule de agosto de 2016, donde se establece que "la suscripción del convenio infringió el principio de probidad administrativa por parte de la autoridad comunal, por cuanto a este se le exige, en el cumplimiento de sus funciones públicas, la adopción de decisiones razonables e imparciales".

En ese sentido se señala, además, que "ante cualquier accionar de Endesa que interfiera con alguna de las amplias atribuciones que la Ley Orgánica de Municipalidades ha entregado al Municipio de San Clemente, éste se encontrará condicionado para emitir algún pronunciamiento favorable".

De acuerdo al informe, hasta agosto pasado el municipio recibió de parte de Endesa $ 731 millones, de los cuales ya había gastado $ 362 millones. El dinero, según la Contraloría, se destinó a proyectos en beneficio de la comunidad.

En el mismo documento se ordena a la municipalidad liquidar el contrato firmado con Endesa y devolver el dinero que no se ha usado.

Consultados al respecto, desde la empresa señalaron que "como Enel Generación Chile queremos señalar que hemos actuado permanentemente en total cumplimiento de nuestra legislación y, como siempre, estamos a completa disposición de las autoridades públicas para facilitar toda la información que sea requerida por éstas".

Añadieron que "Enel Generación Chile dispone de una política de sostenibilidad enfocada en la participación e inclusión del territorio fortaleciendo el desarrollo social de los lugares donde están nuestros activos".

Arista principal

En paralelo, Chong indaga los pagos realizados por Endesa entre 2012 y 2015, por un total de $ 276 millones, a tres contribuyentes, los cuales fueron rectificados en 2015 ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Se trata de montos para las empresas del recaudador de campañas presidenciales de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli; del abogado y yerno de Eduardo Frei y ex recaudador de su campaña presidencial, Pedro Yaconi, y del ex senador de RN Ignacio Pérez Walker.

Al respecto, el director de la eléctrica, Jorge Atton, declaró como testigo ante funcionarios de la Brigada de Delitos funcionarios (Bridef) de la PDI. Indicó que "en el caso de Yaconi, no tuve acceso a los informes, sí tuve conocimiento de unos contratos que estaban asociados a unos proyectos, no recuerdo específicamente cuáles". Sobre Martelli dijo que "había una orden de compra para realizar un estudio junto con la comunidad de Panguipulli para realizar una guía turística de la zona, lo que no se concretó, es decir, no tuvimos registro de la existencia de esa guía".