Informe del SII: Endesa generó "perjuicio fiscal" de $ 127 millones

Una serie de antecedentes requirió la fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, al Servicio de Impuestos Internos (SII), en el marco del caso contra Endesa por eventuales pagos irregulares a Personas Expuestas Políticamente (PEP). Esta causa se inició en Chile tras una solicitud de información de la Fiscalía de España, que indaga a la eléctrica por presunto cohecho internacional.

En concreto, Chong solicitó al ente fiscalizador, según un oficio enviado en septiembre pasado al Ministerio Público, "informar determinados antecedentes relativos a los contribuyentes Endesa, Enersis, Inversiones Gasatacama y Compañía Eléctrica de Tarapacá".

Al respecto, el SII señaló que Enersis y Gasatacama no realizaron rectificatorias durante 2015. En el caso de Endesa, se remitió un informe efectuado en octubre de 2015 por el jefe del Area de Casos Especiales del SII, Patricio Soto, que señala que "de la revisión se detectan 25 documentos que no estarían acreditados, siendo sus presuntos proveedores los siguientes: C2P Consultores, Asesorías e Inversiones IPEWA, y Martelli y Asociados Limitada".

La primera de estas empresa pertenece al abogado y yerno de Eduardo Frei y ex recaudador de su campaña presidencial, Pedro Yaconi. La segunda, al ex senador RN Juan Ignacio Pérez Walker. Y la tercera, al ex recaudador de campañas de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli.

En total, los pagos a estas firmas ascendieron a $ 276 millones entre 2012 y 2015. De ellos, el servicio señaló en el documento que "en razón de los montos informados por el contribuyente, las diferencias detectadas posibles de cuantificar, (...) el perjuicio fiscal asciende aproximadamente a $ 127.943.403".

Al respecto, desde Enel indicaron que "en junio de 2015 Endesa Chile (hoy Enel Generación Chile) hizo voluntariamente una rectificación ante el SII por pagos de servicios efectivamente recibidos, pero que, de acuerdo a la información disponible en ese entonces, carecerían de antecedentes de respaldo suficiente para justificar el gasto, por un total de $ 276 millones. Esto implicó un pago de impuestos al Fisco durante ese mismo mes por $ 127 millones incluyendo reajustes, intereses y multas".

En esa línea, señalaron que "como empresa creemos relevante aclarar que esos gastos nunca fueron utilizados para reducir la base imponible de la compañía y por ese motivo podemos afirmar que no hubo perjuicio fiscal. Es importante también destacar que la rectificación ante el SII fue voluntaria y apuntaba a garantizar la transparencia y trazabilidad de los procesos de la empresa de cara a la autoridad, los mercados y la opinión pública".

Tras recibir esta información, la fiscal Chong solicitó en octubre pasado a la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI requerir a los representantes legales de Endesa "copias de las facturas, de los antecedentes que den cuenta de los trabajos realizados y la identificación de las personas a cargo de su ejecución". También se pidió a la PDI requerir "copia de los contratos, si los hay, y de los correos electrónicos de los representantes legales para los años correspondientes". Asimismo, que solicite "autorización para acceder a través del banco correspondiente a las cartolas, copias de cheques emitidos y depositados y detalle de transferencias realizadas y recibidas, por los años correspondientes a la emisión de las facturas".