Informe dice que 10% de áreas protegidas en Chile está en manos de privados

Las 298 mil ha que hoy conforman el parque privado Karukinka, en Tierra del Fuego, pertenecieron hasta 2004 al banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs. Dos años antes, las había adquirido como parte de un paquete de deuda tras la quiebra de la forestal Trillium, pero decidió no explotarlas y donarlas a la ONG Wildlife Conservation Society (WCS) para convertirla en un área de protección privada (APP). Hoy es la más grande del país.

No es la única. Hay otras 307 iniciativas de protección privadas en Chile, según un catastro de 2013 incluido en el informe "Áreas Bajo Protección Privada: Mirando al Futuro", de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), hecho en 17 países.

Según el informe, el 77% de las iniciativas en Chile son de pequeños y medianos propietarios, el 53% de ellos, personas privadas (herencias familiares y propietarios indígenas, por ejemplo). Juntos cubren 1,6 millones de ha, que adicionan un 10% de territorio protegido a las 14,5 millones de ha a cargo del Estado (19% del territorio nacional).

A pesar de su alta presencia en Chile  (en el mundo las APP son sólo el 0,3% del terreno protegido) no existe una ley que las contemple. Hubo un intento en un proyecto ley de 1994, que no se aprobó y hoy el tema está en discusión en el marco de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

"Chile está en deuda con ese tema. Como no existe ley, tampoco existe regulación asociada a la gestión privada para la conservación, por eso hoy las iniciativas que existen son producto de la voluntad de personas naturales y organizaciones, pero no están estructuradas desde el Estado, no tienen reconocimiento formal, ni reciben apoyo estatal", dice Bárbara Saavedra, directora de WCS-Chile.

Mariela Núñez, directora en la Fundación Senda Darwin y presidenta de ASI Conserva Chile (una asociación de iniciativas de conservación de privados y pueblos originarios), agrega que las APP han crecido exponencialmente desde los 90, pero "el Estado no les ha dado un reconocimiento, protección ni incentivos adecuados para fomentar su creación y permanencia". Importante, pues al estar gestionadas por sus dueños, no tienen mecanismos para perpetuarlos, así, aunque un propietario tenga la voluntad de conservar, basta que sus herederos no quieran para que deje de existir. "Peor aún, estos ecosistemas podrían corren el riesgo de ser degradados", agrega Nuñez.

En ese sentido, los parques de Douglas Tompkins van más lejos y están contemplados como algo temporal hasta su donación al Estado, "de tal forma de garantizar su conservación en el largo plazo", dice Hernán Mladinic, director ejecutivo de Pumalín. Están concientes, eso sí, de que la falta de ley afecta a los propietarios pequeños.

Parques de papel

Según el Catastro de Iniciativas de Conservación Privada (ICPs), realizado para el informe UICN, de los 242 casos que informaron superficie, el 60% tiene menos de 200 ha (el 77% menos de 1.000 ha). La mayor parte de las APP está en manos de cinco proyectos que abarcan una superficie de 1.044.655 ha (Huilo-Huilo, Tantauco, Los Huascoaltinos, Pumalin y Karukinka).

Algunas empresas, por mandato en muchos casos, también han sumado hectáreas a la conservación, como la minera Los Pelambres con Laguna Conchalí o el terreno de la viña Concha y Toro, ambos en la zona centro norte, donde el Estado tiene pocas áreas protegidas.

Los encargados de áreas privadas son críticos a la situación no sólo propia, sino también de los sitios públicos.  "Ambas carecen de un real reconocimiento del Estado, no tienen la adecuada protección, ni el financiamiento para gestionarlas adecuadamente", dice Núñez. "La mayor parte de las áreas protegidas públicas son parques de papel, no tienen planes de manejo, investigación, no llega gente y no tienen ni siquiera guardaparques", indica Saavedra. El desafío es que se incorporen a las economías locales, no sólo en turismo.