El intento de las pesqueras por dar vuelta la página tras los escándalos

La industria pesquera se prepara para enfrentar una nueva batalla: las modificaciones sustantivas que el gobierno está impulsando para la polémica Ley de Pesca, norma que los rige desde el año 2013 y que ha sido fuertemente cuestionada por el financiamiento irregular a la política, hecho que golpeó a Jaime Orpis, ex senador UDI hoy desaforado.

También, por las conversaciones que se han hecho públicas entre parlamentarios relacionados con el mundo pesquero y ejecutivos del sector para abogar por sus intereses en la discusión que se dio en el Congreso durante los años 2010, 2011 y 2012.

El impacto de los casos Asipes y Corpesca generaron un fuerte daño reputacional y de credibilidad de la industria, obligándola a sumergirse en un intenso trabajo relacionado con la transparencia y con mejorar sus prácticas de relacionamiento interno.

Y es que hoy lo tienen claro, si quieren ser escuchados y participar en la discusión que se viene, deben hacer cambios. Ese es el mensaje que el pasado 15 de mayo le entregó personalmente la nueva presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Macarena Cepeda, a Pablo Berazaluce, también nuevo subsecretario de Pesca, en una primera reunión protocolar.

"Asipes, dentro de su nuevo ciclo de gestión, se propuso modificar y reestructurar la forma de trabajar internamente, en el sentido de procurar buenas prácticas y mejorar la transparencia en su actuar", explica Cepeda.

Macarena Cepeda, ex jefa de Sustentabilidad del gremio y primera mujer en ser nombrada presidenta en los 66 años de historia de Asipes, reemplaza desde diciembre de 2016 a Luis Felipe Moncada, investigado por el caso Asipes por eventuales aportes financieros a parlamentarios durante la tramitación de la ley.

En ese caso ya hay dos damnificados: la presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, y el ex subsecretario de Pesca Raúl Súnico (PS). Con ambos, trascendieron correos electrónicos en los que se revelan gestiones del dirigente gremial en temas de interés del sector pesquero.

A esto se suma la declaración en calidad de testigo que hizo el ex ministro de Economía Pablo Longueira ante la fiscal Ximena Chong en el marco del caso Corpesca, oportunidad en la que se refirió a las indicaciones que la empresa envió a algunos parlamentarios para ser incorporadas en la ley.

Pero el gremio quiere dejar esos hechos atrás. Cepeda explica que "hoy estamos en un nuevo ciclo", que se inició el año 2014, recalca, y que se relaciona con acercar al gremio con la comunidad, luego de un análisis que arrojó que existía una negativa percepción de la industria. Esto fue en mayo de 2013, luego de un estudio cualitativo que se realizó en la región y que abarcó a las zonas de Tomé, Talcahuano, Coronel y Lota.

"Se dijo que el sector era muy despreocupado con las comunas donde operaba, que no existía una acción tangible con la comunidad y que tampoco existía un grupo de interés con quien relacionarse", explica una fuente del sector pesquero.

Lo que se unió a que la percepción de la gente era que la industria era reconocida por "llorar" a través de los medios respecto de los cambios que sufrieron, los impuestos y las cuotas, añade la fuente, y agrega que esto fue un remezón muy fuerte para la industria.

Con ese resultado, el trabajo se enfocó en generar programas de sustentabilidad pesquera, combate a la pesca ilegal y con tener un mejor y mayor relacionamiento con actores como el mundo artesanal, ONG, universidades y otros gremios, detalla Cepeda.

Pero los cambios más relevantes en Asipes comenzaron este año y tienen que ver con mejorar el gobierno corporativo y activar un modelo de prevención del delito.

"Para ello, en febrero pasado una empresa asesora inició un diagnóstico que demostró la necesidad de ejecutar mejoras en algunos procedimientos y formas de hacer las cosas para ajustarlas a las buenas prácticas recomendadas internacionalmente", explica Cepeda.

Una de ellas fue redactar procedimientos, desarrollar políticas públicas y diseñar un código de ética.

También se estableció un procedimiento de conflicto de interés con funcionarios públicos, la generación de una política de prevención de delito y capacitaciones.

Otra medida aplicada fue levantar un canal de denuncia tanto para proveedores como para empleados. Dicha información llega directamente a la encargada de prevención del delito, "quien monitorea y supervisa el modelo", dice Cepeda. La meta del grupo gremial es iniciar el año 2018 con la certificación del modelo.

Ese mismo camino siguió Corpesca, formalizada en octubre del año pasado no haber adoptado los protocolos para evitar delitos presuntamente cometidos por su ex gerente, Francisco Mujica. Su presidente, Roberto Angelini, detalló en la Memoria 2016 que durante ese año se ejecutaron múltiples iniciativas para fortalecer el gobierno corporativo de la firma.

Entre ellas, destacó el proceso que culminó en febrero 2017 con la renovación de la certificación del modelo de prevención de delitos, por dos años más, "período máximo que la ley permite", indicó en el documento que leyó en abril a sus accionistas.

En Sonapesca también están avanzando en el proceso de transparencia. El gremio está iniciando los procedimientos para certificar su modelo de prevención del delito. Además, transparentaron todas las reuniones con autoridades que como gremio han solicitado bajo la Ley de Lobby y también diseñaron un manual relacionado con la materia, documento que fue elaborado conjuntamente con Chile Transparente.

Estos cambios, cuentan cercanos a la entidad, se originaron luego de un proceso reflexivo que comenzó el año 2015 y que derivó en la aprobación de un plan estratégico de largo plazo, la suscripción de la declaración de pesca responsable y sostenible y la concreción de una política institucional de transparencia, ética y buenas prácticas corporativas y rendición de cuenta", detallan las fuentes.

Todo esto tiene una finalidad, contar con la credibilidad suficiente para afrontar la nueva discusión que se dará en la materia.

Si bien desde el inicio del gobierno de Michelle Bachelet se habló del cambio normativo, el anuncio tomó más fuerza luego del discurso del 1 de junio. En la oportunidad, la Mandataria prometió "cambios sustantivos" a la polémica norma, los que inicialmente serían enviados al Congreso en octubre, pero que ahora se adelantó para fines de agosto o inicios de septiembre. Así por lo menos lo indica el senador Rabindranath Quinteros (PS), quien el lunes pasado se reunió con Berazaluce, cita donde se acordó adelantar el proceso para evitar que la discusión comience en octubre, a un mes de la elección presidencial.

En Subpesca también están adelantando los talleres participativos. De hecho, esta semana ocurrió el primer encuentro en Corral y el próximo jueves 22 de junio será el turno de la industria pesquera de la Octava Región. La meta de la autoridad es contar, a mediados de julio, con el material necesario para las nuevas propuestas.

Uno de los temas que mayor controversia han generado en la industria es eliminar el concepto renovable a las licencias transables, las que tienen una vigencia de 20 años. De acuerdo con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, lo que busca el gobierno es que "las licencias que son otorgadas no sean de carácter permanente, sino que tengan un término; que la retribución que recibe el Estado y que, por lo tanto, reciben todos los chilenos respecto de estos recursos que son entregados, sea adecuada, sea justa".

Berazaluce detalla que el foco de los cambios es "mejorar las condiciones de competencia y competitividad de la actividad pesquera, hacerla más sustentable, mejorar la legitimidad para introducir mayor certeza sobre su desarrollo futuro".

En cuanto a la discusión del proyecto, la autoridad espera que el debate sea "responsable y transparente, de cara al país, dando a conocer las diversas posiciones que existen en materia pesquera". Añade que "solo así se logrará que la tramitación cumpla con llevar nuestra legislación pesquera a los mejores estándares de sustentabilidad y gobernanza, tal como lo señaló la FAO en su informe de revisión". Pero, por sobre todo, que tenga la legitimidad.