Juzgado peruano declara improcedente hábeas corpus de ex presidente Toledo
Ex mandatario es acusado de recibir sobornos de parte de la empresa Odebrecht.
El 11 Juzgado Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró hoy improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa del ex presidente peruano Alejandro Toledo, investigado por un supuesto soborno recibido de la empresa brasileña Odebrecht.
La demanda constitucional fue presentada contra el juez Richard Concepción, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, por "grave y latente amenaza contra la libertad individual" y por flagrante violación al debido proceso, garantías judiciales y tutela procesal efectiva.
El abogado del ex mandatario, Heriberto Benítez, alegó que Concepción carece de competencia para intervenir en investigaciones preparatorias sobre un probable delito de función cometido por un alto funcionario de la República, en el supuesto de que goza de una prerrogativa máxima de 5 años, después de haber cesado en sus funciones, para no ser denunciado ni sometido a proceso penal.
No obstante, el magistrado Julio López Castro, titular del 11 Juzgado Penal, indicó que Toledo cesó en sus funciones como mandatario en julio de 2006, por lo que resulta evidente que en la fecha en que fue denunciado, 3 de febrero de 2017, ya habían transcurrido más de 5 años.
El ex gobernante (2001-2006) tiene dos órdenes de captura internacional, una por el caso Odebrecht y otra dictada en abril por la presunta comisión del delito de lavado de activos en el caso Ecoteva, nombre de la empresa a nombre de su suegra, Eva Fernenbug, con la que realizó millonarias compras inmobiliarias en Perú tras dejar la Presidencia.
Sin embargo, Toledo se presentó el martes en un foro impulsado por la World Development Foundation y por la misión de Surinam ante Naciones Unidas en Nueva York, y ayer participó como ponente en dicho encuentro, lo que generó la protesta del Gobierno peruano y representantes de diferentes partidos políticos.
Ante eso, la Cancillería de Perú envió ayer una nota de protesta a la misión de Surinam ante la ONU por haber invitado a ese foro a Toledo, a pesar de que cuenta con una orden de captura internacional.
El pasado febrero, el juez Concepción dictó una orden de detención preventiva por 18 meses contra Toledo, por supuestamente recibir una coima de 20 millones de dólares para dar la concesión de la carretera Interoceánica a Odebrecht en 2014.
Las investigaciones de los pagos irregulares realizados por Odebrecht en Perú se centran en averiguar el rastro de los 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia de Estados Unidos haber pagado a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014.
Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
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