Karadima: demandan por $ 450 millones a arzobispado por negligencias en casos de abuso

Las denuncias de abusos en contra del ex arzobispo de Viena Hans Hermann Groer; los resultados del informe del John Jay College of Criminal Justice, que da cuenta de más de cuatro mil clérigos acusados de actos impropios, en seis décadas, en Estados Unidos, y las más de 10 mil víctimas menores de edad, por parte de la Iglesia Católica de Holanda, consignados por la Comisión Deetman.

Estos son algunos de los antecedentes internacionales que recoge la demanda de indemnización de perjuicios que los tres denunciantes del ex párroco de El Bosque Fernando Karadima tienen previsto interponer hoy, al mediodía, en contra del Arzobispado de Santiago.

Se trata del médico James Hamilton, el periodista Juan Carlos Cruz y el presidente de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo, quienes -en noviembre de 2012 y representados por el abogado Juan Pablo Hermosilla- ya habían interpuesto una medida prejudicial probatoria.

Esto, después de que se cerrara la causa penal en contra de Karadima -con una resolución en que la ministra Jéssica González afirmó que el ex párroco era responsable de abusos, pero que estos estaban prescritos- y que la Santa Sede condenara al octogenario sacerdote a una vida de penitencia y oración por los delitos de abusos de menores y adultos, además de abusos de poder.

Fuentes ligadas al caso afirman que el propósito de la demanda es establecer la responsabilidad civil que, sostienen, tiene la Iglesia Católica de Santiago, en lo que califican de negligencia sistemática e ignorancia deliberada de las autoridades eclesiásticas al momento de enfrentar los casos de abusos, a los que, aseguran, dieron soporte.

De acuerdo a estas fuentes, en el texto se sostiene que los perjuicios por el daño moral sufridos por los demandantes no son cuantificables fielmente; sin embargo, se pueden estimar en $ 200 millones en el caso de James Hamilton, $ 150 millones en el de Juan Carlos Cruz y $ 100 millones en el de José Andrés Murillo.

Estas mismas fuentes afirman que -en la acción que se espera presentar hoy ante el ministro de fuero, Juan Manuel Muñoz- se detalla que la Iglesia Católica es una institución estrictamente jerárquica, en la cual el obispo es la autoridad territorial de cada diócesis. Se precisa que los clérigos deben obediencia a esta autoridad y que llegan a esta condición tras un proceso de selección supervisado.

Las fuentes consultadas añaden que la demanda describe que cada sacerdote mantiene una relación asimétrica con los fieles, lo que queda de manifiesto cuando ocurre un abuso. Se plantea, también, que la suma de estos elementos -jerarquía de la institución, procesos de selección, asimetría de la relación- permite aseverar que la Iglesia tiene responsabilidad civil, por hecho propio, en los abusos.

Consultado por estas acciones, el Arzobispado de Santiago no entregó ayer una versión. En noviembre de 2012, tras la presentación de la medida prejudicial, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, afirmó que "el hecho de que la autoridad eclesiástica determine que, en determinado hecho hay delito, ya es poner las cosas en su lugar, es hacer justicia, es reparar".