Ley Ricarte Soto: enfermedades tendrán un año de evaluación

Anoche, tras cerca de seis horas de discusión, el Senado despachó el proyecto de ley conocido como Ricarte Soto a última votación, que se realizará hoy en la Cámara Baja, a un día de ser anunciado por la Presidenta Bachelet en la cuenta anual del Congreso Nacional.

No obstante, la iniciativa que financiará diagnósticos y tratamientos de enfermedades caras, sigue generando dudas entre parlamentarios, pacientes, académicos y expertos.

Son tres los puntos centrales de este debate : el plazo en que se elegirán las terapias, la eventual falta de fondos y el desincentivo de los ensayos clínicos.

El senador Fulvio Rossi (PS), dijo que una vez al año se dictarán decretos con los grupos de enfermedades que tendrán  cobertura. Añdió que, según el proyecto, el primero de ellos se emitirá en 2015 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016. En 2017, en tanto, se deberá elaborar otra regulación que regirá durante 12 meses. "En ese período se evaluarán responsablemente las terapias por parte de comisiones técnicas", sostuvo .

El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, dijo que "a veces los diagnósticos se demoran, hay patologías que son más urgentes que otras y los plazos dependerán de cada tratamiento".  Recordó que, para que sea operativa la ley, se dictarán reglamentos que se elaborarán en 90 días tras la promulgación de la Ley.

El debate

Carolina Velasco, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) aclaró que el primer decreto será emitido sin una evaluación profunda del Ministerio de Salud, sobre las patologías a financiar. "Esto generará una "pelea entre los usuarios por quedar dentro de las personas cubiertas", dijo.

La normativa establece que, para que un paciente pueda ser beneficiario, debe sortear tres fases, partiendo por la evaluación científica de la terapia que requiere, proceso que estará a cargo de la cartera sanitaria. Luego, se establece la instancia de "recomendación", en la que habrá una comisión de 12 expertos. La decisión final sobre las patologías que tendrán cobertura, estará en manos de las carteras de Hacienda y Salud (ver infografía).

Velasco añade que duda de sobre las instancias de decisión, pues "se requeriría una agencia independiente y pública que analizara las terapias, porque existirá presión sobre el Ministerio de Salud". Así, la especialista propone que se forme una entidad técnica similar al National Institute for Health and Care Excellence (Nice) de Inglaterra.

Con todo, Cecilia Rodríguez, vocera de la Alianza de Pacientes, dice que las agrupaciones valoran que en esos procesos "haya quedado claro que podemos participar en proponer terapias, lo que antes no estaba considerado. Eso da transparencia al sistema".

También, las organizaciones civiles tendrán voz en la fase de recomendación, al ser parte del proceso en la "comisión de vigilancia", donde participarán los beneficiarios en el monitoreo del cumplimiento de los protocolos.

Ensayos y fondos

Ayer en el Congreso persistían las dudas sobre los ensayos clínicos y los fondos destinados a la regulación.

Según el Presidente de la Asociación de Facultades de Medicina, Humberto Gajardo, dijo que se mantienen las interrogantes sobre "la responsabilidad que tendrán los patrocinantes de continuar con los tratamientos de por vida en el marco de un ensayo clínico. Vemos que el plazo es demasiado amplio y sentimos que eso desincentivará la investigación".

La diputada Karla Rubilar (Independiente) aseguró ayer que aunque está dispuesta aprobar la normativa, "no hay claridad de los recursos. Se debe sincerar que no habrá fondos para 20 mil usuarios ni para una lista infinita de enfermedades", aludiendo la cifra que ha entregado el Minsal respecto a eventuales beneficiarios y a los $ 100 mil millones que, en pleno régimen tendrá la norma para financiar diagnósticos, fármacos, dispositivos, alimentos y tratamientos.