Lily Pérez: "No estamos disponibles para apoyar un 'arreglín político' estilo MOP-Gate"

Casi todo febrero estuvo fuera de Santiago la senadora Lily Pérez, en unas semanas que -dice- le han servido para recobrar energías después de un 2014 tremendamente movido, en el que renunció a RN y formó el movimiento Amplitud. "Hacía falta un descanso", admite. Pero aclara que las vacaciones no le han impedido seguir  los casos Caval y Penta. Y esta semana puso especial atención a la propuesta de un nuevo marco regulatorio para la relación entre la política y los negocios, anunciada por La Moneda.

¿Qué le parece esta propuesta?

Creo que no son las leyes las que  van a hacer que políticos y empresarios actúen con ética. Además de leyes, aquí debe existir un cambio de actitud moral. Además, ante un escándalo político a veces se anuncian proyectos que demoran años en tramitarse, o incluso que nunca se concretan. Entonces aquí yo digo "ver para creer". Esto me recuerda mucho al caso MOP-Gate.

¿En qué sentido?

Ese caso abrió una puerta a la corrupción que nunca más se pudo cerrar. Dejaron de funcionar las instituciones, producto de un acuerdo político que terminó por debilitar las investigaciones que se estaban llevando a cabo. Y ahora, cuando estalló el caso Penta, hubo algunos atisbos de dirigentes de la UDI que recordaban el MOP-Gate, cuando ellos le salvaron el gobierno a Ricardo Lagos, y que esperaban una vuelta de mano. Además, aquí también tenemos otro caso donde están involucrados familiares de autoridades.

¿Teme que se dé un acuerdo político similar al de ese entonces?

La Alianza encontró algo que le cayó como anillo al dedo, que fue el escándalo Caval-Dávalos. Y como ahora están empatados Alianza y gobierno, por Penta y Caval, obviamente lo que van a tratar de hacer es buscar un acuerdo como ese. Pero  en Amplitud no estamos disponibles para apoyar un "arreglín político" estilo MOP-Gate. Nosotros queremos que esta crisis se convierta en una oportunidad para endurecer las leyes. Pero que también haya un cambio en la actitud ética y moral.

¿Ese endurecimiento en las leyes implica que los involucrados en este tipo de actos deban dejar su escaño en el Congreso?

No es necesario que existan leyes para que la gente haga lo que es correcto. Cuando hay parlamentarios que dicen "vamos a esperar que los tribunales determinen", lo que están haciendo es escudarse en judicializar la política. Pero esto va más allá de eso. Aquí hay un tema ético. Al ganar con trampa, o burlar las leyes, un parlamentario debe quedar inhabilitado de hecho.

¿No está de acuerdo con la manera en que la Alianza ha enfrentado el caso Penta?

Más que eso, lo que me preocupa es que si la Alianza no toma decisiones con personas involucradas en delitos y en mentiras, no tendrá la altura ética necesaria para cumplir un rol de fiscalización eficiente. Y veo con preocupación cómo ellos se han inhabilitado éticamente al no tomar acciones contundentes contra los involucrados. Y por el otro lado está el caso Caval, donde el gobierno reaccionó tardíamente.

¿Dávalos debió haber renunciado antes?

Por supuesto. Pero lo más preocupante es la actitud de la Presidenta Bachelet. Ella se escudó en sus emociones para no pronunciarse. Y eludió lo más importante: hacer un juicio ético como Presidenta de la República sobre el caso. Este es un caso donde está involucrado su hijo, donde se ganaron $ 3.000 millones, y donde se investiga si hubo favores políticos y uso de información. Y lo que uno espera de un Presidente es un juicio ético. Esto hace pensar que es cierto ese dicho de que "las segundas partes nunca son buenas". Además, aquí quedó en evidencia algo grave: el que está gobernando es el "bacheletismo" y no la Nueva Mayoría (NM).

¿Por qué lo dice? 

Por como se dio todo. Vimos cómo varios dirigentes de la NM, sobre todo identificados más con la antigua Concertación, cuestionaron a Dávalos: Belisario Velasco, Gonzalo Martner, Sergio Bitar y otros más. Y al cuestionar a Dávalos, se cuestiona a la Presidenta. Aquí, finalmente, tenemos una crisis donde izquierda y derecha están absolutamente cuestionadas y desgastadas. Y una salida para esto es legislar con prontitud. Que el proyecto que anunció La Moneda se envíe con suma urgencia, para que se tramite en marzo y abril. Se deben incorporar penas aflictivas, que se legisle para los actuales períodos y no para tres años más, y que se impida el aporte de empresas a campañas políticas, entre otras cosas.

¿Cómo se financia Amplitud?

Con nuestros propios recursos. Y de forma súper modesta. Vemos cómo otros grupos arriendan castillos para sus eventos. El primer encuentro nacional de Amplitud lo hicimos en la Casa de la Cultura de San Miguel, con choripanes. Era lo que teníamos a nuestro alcance.

¿Reciben aportes de empresarios?

No. La gracia de Amplitud es que somos autónomos. Por eso nos daba rabia cuando gente de RN decía que Amplitud era financiado por Sebastián Piñera.

¿No es efectivo que los financie el ex Presidente Piñera?

No sólo no es efectivo, sino que los hechos hablan por sí solos. No fuimos invitados a Lago Ranco, por ejemplo. Y votamos a favor de cambiar el binominal, pese a las críticas de la Alianza. Creo que ha quedado más que clara nuestra autonomía.