Ministra Matte aclara que no se eliminarán subsidios en la nueva política habitacional
La titular de Vivienda señaló que los cambios a la política habitacional -que comenzarán a regir en forma gradual a partir de este año- no implicarán la eliminación de los subsidios vigentes.
La ministra de Vivienda, Magdalena Matte, recibió a los alcaldes de Peñalolén, Claudio Orrego y de Isla de Maipo, David Morales, quienes le expresaron su preocupación por la eventual eliminación del subsidio de localización. En la actual política habitacional, este instrumento permite factibilizar proyectos de viviendas sociales que se ubican cerca de un consultorio, el transporte público y los establecimientos educacionales. De esa forma, se asegura que no se construyan en la periferia.
La ministra dijo que los cambios a la política habitacional se harán paulatinamente "para no crear ningún problema en aquellas familias que ya están postulando o en los proyectos que están en el Serviu y encaminados. Vamos a seguir trabajando en conjunto, haciendo consultas con los alcaldes y la comunidad para hacer los cambios para mejorar, llegar a las personas más vulnerables, focalizar bien y evitar que se produzcan nuevamente abusos en el tema de los terrenos y las viviendas usadas como ocurrió en el pasado", expresó.
El alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego, dijo que la disminución del beneficio podría afectar que se concreten proyectos para las familias vulnerables. Asimismo, celebró que la nueva política incluya medidas que buscan mejorar la oferta habitacional para los sectores medios. "No se pueden modificar ni los montos de los subsidios ni los ahorros exigidos, así que los allegados con proyectos en curso pueden estar tranquilos", señaló.
Entre las modificaciones, la nueva política habitacional, buscará focalizar la entrega de subsidios en familias más vulnerables y prioritarias. Se cambiarán las formas de valorizar los terrenos donde se construyan futuros proyectos. Esa tarea la asumirán entidades externas.
Asimismo, se exigirá una declaración jurada a los beneficiarios en que se establecerá la prohibición de vender y arrendar viviendas. De esa forma, se busca evitar que crezcan las 3 mil viviendas vacías catastradas por el Ministerio de Vivienda en el país.
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