Mulet pide a Contraloría que investigue caso de intervención electoral de funcionarios públicos DC

El presidente del PRI, Jaime Mulet, solicitó al contralor Ramiro Mendoza que investigue la denuncia de "intervención electoral" en la Sexta Región y pidió a la presidenta Michelle Bachelet que destituya de inmediato al Intendente Héctor Huenchullán.

"Estamos frente a un hecho de intervencionismo electoral que contraviene gravemente al artículo 8 de la Constitución, pues las autoridades no pueden participar de actividades electorales ni menos usar bases de datos confidenciales del gobierno para ello y, en consecuencia, junto con la investigación que desarrolle la Contraloría, la Presidenta Bachelet debe asumir con  hechos concretos su palabra empeñada sobre estos temas y destituir al Intendente de la sexta Región", enfatizó Mulet.

Los parlamentarios Jaime Mulet y Estaban Valenzuela, denunciaron ayer que la secretaria regional de la Democracia Cristiana, Sara Romero Alvarez, mediante un correo electrónico solicitó a funcionarios públicos de la Sexta Región que llevaran información de sus respectivas reparticiones a un encuentro del 23 de julio.

"A esta reunión solicitamos llevar digitalizados en cuatro copias lo que a continuación se detalla: 1. Detalle de Programas implementados en su servicio por Distrito, incluyendo presupuesto, objetivos, alcances de los mismos, entre otros. 2. Base de Datos de beneficiarios e impacto en la región por distrito. 3. Base de Datos de organizaciones  beneficiarias por distrito. 4. Fechas tentativas de futuros encuentros, seminarios, capacitaciones, entrega de beneficios, entre otros. 5. Nombre de funcionarios de confianza de su servicio que puedan servir de puente de información y/o gestión interna. 6. Nómina de funcionarios públicos DC (fonos y correos privados), de su servicio lo que nos permita armar prontamente los núcleos en cada repartición pública", dice textualmente el documento que llegó a manos de los citados parlamentarios.

El correo firmado por Sara Romero advierte a los funcionarios públicos que "demás está decir que la información recopilada será usada con un criterio sólo de carácter político y con la más absoluta reserva, protegiendo sus cargos".