Municipios y arquitectos piden prórroga para hacer catastro de terrenos de áreas verdes

Más sitios eriazos y menos parques para la ciudad. Este es uno de los peligros que, según expertos, corre Santiago y el resto del país debido a la inminente expiración de un plazo fijado en la ley para que las municipalidades renueven el catastro de terrenos que destinan a uso público. En otras palabras, los sitios donde se pueden ensanchar o abrir nuevas calles y, en un número importante de casos, crear o potenciar áreas verdes.

Mañana se cumple la fecha límite, luego de que en febrero quedaran sin efecto los gravámenes del Estado sobre estos terrenos. Este instrumento permitía advertir a eventuales compradores que esos sitios podían ser expropiados en el futuro para construir áreas verdes o ensanchar caminos.

Dado este escenario, el Colegio de Arquitectos ha pedido como medida inmediata una prórroga. Sin embargo fuentes ligadas al área señalan que hasta ayer el Ministerio de Vivienda no había enviado una extensión al plazo fatal.

Según un catastro del colegio de Arquitectos, en la Región Metropolitana hay 21 parques quebradas (como Quinchamalí en Las Condes) y "cerros islas" (como Cerro Blanco de Recoleta) que no fueron declarados de uso público y se expondrían, eventualmente, a adquirir el uso de suelo del terreno adyacente, según señalan.

Otros terrenos que no han sido declarados y que eventualmente podrían exponerse a dejar de ser áreas verdes, son los parques Naciones Unidas y Cuauhtemoc de Vitacura, Juan XXIII en Ñuñoa y La Aguada en Maipú.

De acuerdo con el arquitecto UC y ex director de desarrollo urbano del Ministerio de Vivienda, Luis Eduardo Bresciani, también Valparaíso, La Serena y Osorno, donde no se actualizaron planes reguladores comunales, corren el mismo riesgo.

Bresciani explica que estos terrenos "quedarán congelados porque luego es muy complejo para los municipios darles un uso de suelo". El especialista dice, asimismo, que el Estado debiese mantener por más tiempo el resguardo sobre los suelos y compensar, con rebajas en las contribuciones, a los privados que se vean afectados por tener un terreno vecino sin un uso definido.

EL INICIO DEL CONFLICTO
La crisis denunciada por el Colegio de Arquitectos se origina en una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcción, en 2004.

En esta indicación se establecía un plazo de cinco años hasta 2009 -que luego se prorrogó hasta 2010- para que los municipios declararan usos de suelo sobre terrenos que el Estado había gravado para que se convirtieran en bienes de uso público. Julio Alegría, miembro del comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos, indica que algunos de estos terrenos eran de particulares y "se planteó que no era lícito mantener a estos privados con el gravamen de su territorio, por cuanto no siempre se generaban los ensanches (de calles)". Añade que esto tuvo una consecuencia grave. "Es ilógico quedarse sin una planificación urbana". Por ello plantea que se debe buscar "un acuerdo político" para derogar la modificación de 2004.

Para el presidente de la comisión de vivienda y desarrollo urbano de la Asociación de Municipalidades, David Morales, la imposición de plazos perentorios impide desarrollar instrumentos de planificación a largo plazo. Por ello solicitará una prórroga al gobierno.

"Yo puedo idear un parque maravilloso en el centro de Santiago, pero si no lo ejecuté en un período determinado, después la gente que es propietaria tiene libertad para hacer lo que se le ocurra, sin ninguna prohibición", advierte.