Ordenes de expulsión de extranjeros crecen 33% en tres años
Según el Departamento de Extranjería, esto se da por aumento de ilícitos como el ingreso ilegal.
Un aumento sostenido han tenido los decretos de expulsión de personas de diversas nacionalidades de Chile, documentos emitidos por el Ministerio del Interior entre 2009 y noviembre de 2012.
Según el Departamento de Extranjería de la cartera, mientras en 2009 hubo 2.013 órdenes de este tipo en el país, cuatro años después se emitieron 2.676, ó un 33% más.
Mario Cassanello, jefe del Departamento de Extranjería y Migración, dijo que "el mayor porcentaje de expulsados del país, se debe a ingresos clandestinos, con documentación o pasaporte falso". Según la entidad, en 2009 se registraban 500 casos, mientras que el año pasado, se llegó a 1.131 decretos por esta causa. La segunda causa es por tráfico de drogas. El año pasado los decretos por ese hecho llegaron a 604.
En 2012, en tercer lugar estuvo el robo o hurto. Así, el año pasado hubo 50 órdenes de abandono por este hecho y otras 26 por delitos sexuales.
Para Cassanello "el alza no es significativa. No porque aumenten los extranjeros, vamos a tener más personas cometiendo ilícitos". Agregó que el aumento de foráneos llega a 30% cada año. Sostuvo que las nacionalidades que registran la mayor cifra de expulsiones corresponden a Bolivia, Perú y Colombia.
Agregó que se elaboró un protocolo con la PDI e Interior, que definió una forma de actuar en caso de que extranjeros hayan cometido un ilícito. Esto, luego de que la Corte Suprema considerara ilegal la detención de 17 extranjeros en el Cuartel Borgoño de la PDI, donde pasaron entre seis y 22 días recluidos a la espera de salir de Chile. Según el dictamen, se mantuvieron en condiciones de hacinamiento y la justicia ordenó que debían aguardar en libertad su salida de Chile.
La académica de clínica de Migración de la U. Diego Portales, Helena Olea, planteó que una "buena política de migración debería incluir un cambio en cuanto al trato con los migrantes", y plantea que la autoridad debería considerar que si una persona realiza "un abandono voluntario, se le podía dar la posibilidad de regresar después de un tiempo determinado".
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