Piñera acoge idea UDI y RN para igualar garantías en casos judiciales de militares

La propuesta está dentro del programa de gobierno del ex mandatario y apunta a que todos los procesos juzgados con el antiguo sistema vayan "asimilando los esquemas del nuevo". Desde el PRI manifestaron su rechazo a la iniciativa.
"Hoy es un día importante. Estamos en la etapa final de la elección o de esta campaña presidencial", dijo ayer el ex mandatario Sebastián Piñera en el marco del lanzamiento de su programa de gobierno.
La actividad se realizó en la Casona San Enrique, en Lo Barnechea, en un acto al que asistieron más de 400 personas, entre ellas los timoneles de Chile Vamos, menos el de RN, Cristián Monckeberg, quien se encontraba haciendo campaña. En ese marco, el candidato de Chile Vamos agradeció a todos los que trabajaron en las 745 medidas que quedaron plasmadas en un documento de 194 páginas.
Entre las iniciativas se propone una reforma al sistema procesal penal, y dentro de ella se plantea "avanzar en una homologación de las garantías procesales en los juicios en que se siga aplicando el antiguo sistema procesal penal". En el documento del programa se señala que "transcurrido 17 años desde la reforma procesal penal, es necesario avanzar en dar garantías a todas las personas imputadas para que tengan derecho a un juicio racional y justo, sujeto a las mayores garantías establecidas en nuestro ordenamiento jurídico".
Asimismo, se añade que "como ha establecido el propio Tribunal Constitucional, la refoma procesal pretendió dejar atrás un sistema que carecía de un genuino juicio contradictorio que satisfaciera las exigencias del debido proceso". Esto, según explicaron en el equipo programático de Piñera, se ampliará a todos los casos, incluyendo aquellos militares que enfrentan casos judiciales por situaciones sobre DD.HH.
En ese sentido, el ex mandatario recogió la esencia de lo solicitado por la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y por el vicepresidente de RN Baldo Prokurica, quienes habían planteado que los militares juzgados bajo el antiguo sistema procesal sean pasados al nuevo.
En septiembre pasado, Van Rysselberghe explicó a La Tercera que aún existen 1.240 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos ocurridos entre 1973 y 1990. Y que la mayoría de ellos son casos de militares, por ejemplo, del ex alcalde de Providencia Cristián Labbé, procesado por el caso Tejas Verdes.
En el equipo del ex jefe de Estado explican que no buscan traspasar los casos del antiguo sistema al nuevo, dado que legalmente es difícil, pero dicen que pretenden que cuenten con las mismas garantías. "Hacer un tránsito directo es muy complejo. Entonces, en el fondo nosotros estamos proponiendo mecanismos que, en la práctica, hacen que los casos que están por el sistema antiguo puedan ser conocidos y juzgados a través de los mecanismos procesales que tiene el nuevo sistema. El mismo Tribunal Constitucional en sus fallos ha reconocido que el sistema antiguo tiene un conjunto de falencias que atentan contra un derecho procesal moderno", dijo ayer el coordinador programático de Piñera, Gonzalo Blumel, a La Tercera.
En el equipo del ex jefe de Estado añaden que para lograr esto se deben hacer nuevas leyes adecuatorias.
La incorporación de la propuesta al programa de Piñera se da en medio de las estrategias que han ido adoptando en el comando para ir captando el voto más conservador de José Antonio Kast, quien ha elaborado su estrategia apuntando principalmente al denominado "mundo militar". De hecho, según dirigentes de Chile Vamos, en el equipo programático de Piñera se debatió hasta último momento si incluir o no esta iniciativa.
En la UDI valoraron que finalmente haya sido integrada al programa. El secretario general, Pablo Terrazas, sostuvo que "ayuda a cerrar la transición y poder contar con juicios que respeten las garantías procesales del siglo XXI, tanto para los civiles como para los militares que están siendo juzgados por eventuales delitos de DD.HH. No puede haber ciudadanos de segunda clase". Así, agregó que "es un compromiso para la unidad de parte del Presidente Piñera, tal como lo refleja en la franja, cuando menciona a Patricio Aylwin".
Por su parte, Prokurica también descató la propuesta y aseguró que "hay una obligación de hacerlo, porque hay un fallo del TC que obliga a que los principios de la nueva reforma estén inspirados en toda la justicia chilena".
En tanto, el presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, afirmó que "estamos de acuerdo en incorporar al nuevo sistema de justicia a todos los chilenos, y eso incluye a los miembros de las Fuerzas Armnadas o a ex de sus miembros. El objeto es apurar los procesos".
Sin embargo, el secretario general del PRI, Eduardo Salas, se manifestó contrario a la idea. "Como abogado no veo por qué hay que aplicar la homologación a esos casos (de militares), ya que por ser procesados por derechos humanos debieran regirise siempre por las normas procesales vigentes en los tiempos que dichos delitos se cometieron. Si la pretensión fuera aplicarlo a esos casos, en principio nos restamos del acuerdo".
En el programa de Piñera, además, dentro de la categoría de DD.HH. se concretó la medida que busca que "por razones humanitarias" se permita conmutar la pena de cárcel por arresto domiciliario a personas, civiles o militares, de avanzada edad o con alguna enfermedad terminal, medida que fue leída por algunos como un "guiño al mundo militar".
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