Plantearán a Hinzpeter necesidad de revisar protocolos de reconocimiento de imputados

El diputado Gonzalo Uriarte inició diversas acciones luego de conocer nuevos casos de errores judiciales. <br>




Francisco Javier Loyola (16), Juan Jiménez (17) y Juan Fuenzalida (20) fueron detenidos la noche del 22 de diciembre de 2009, acusados de haber cometido un robo con intimidación en el sector de Los Dominicos, en Santiago. Ellos siempre alegaron inocencia, lo que quedó demostrado el 19 de julio de este año, cuando se produjo el cierre del caso, sin que ninguna prueba haya podido dar con su participación en los hechos y con una serie de irregularidades durante el proceso.

Estos tres jóvenes se reunieron esta mañana con el diputado de la UDI, Gonzalo Uriarte, quien promueve un proyecto de ley que reformula la figura de la indemnización por error judicial y, además, busca introducir una serie de cambios en los protocolos de reconocimiento de los imputados.

Según comentaron los jóvenes, su imagen fue difundida en la prensa como una "banda de delincuentes con amplio prontuario policial", en circunstancias que ninguno de ellos nunca había tenido antecedentes policiales ni penales y eran absolutamente inocentes.

El diputado Uriarte sostuvo que "ha llegado el momento de que el Estado responda por las actuaciones de sus agentes, sean éstos jueces, fiscales, carabineros o cualquier otro funcionario o auxiliar de la administración de justicia que, en el ejercicio de sus funciones, cometa errores gruesos, como el que se ha demostrado acá".

En este sentido, el diputado de la UDI ya se ha reunido con el ministro de Justicia, Felipe Bulnes; con la Defensora Nacional, Paula Vial, y la semana entrante se reunirá con el titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Por otra parte, el diputado Uriarte se reunirá también con el general director de Carabineros, Eduardo Gordon, para solicitar una investigación en la 47° Comisaría de Los Dominicos, donde los tres jóvenes fueron detenidos en diciembre, recibiendo maltratos y la "sugerencia" de que se echaran la culpa para "apurar" el proceso.

"Combatir la delincuencia es un deber, es un imperativo ético para nuestro país. Lo hemos pedido y exigido y lo vamos a seguir haciendo, porque es una prioridad darle a la población seguridad. Sin embargo, el deber de combatir la delincuencia no se puede hacer pasando a llevar la inocencia de las personas", concluyó el parlamentario.

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