Presidente del Consejo para la Transparencia: "Vamos a fiscalizar al conjunto de empresas públicas"

Frente a la Plaza de la Constitución están las oficinas del Consejo para la Transparencia que, desde principios de mayo, tiene como nuevo presidente al abogado Jorge Jaraquemada. El también director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán afirma que entre sus prioridades está motivar a las instituciones públicas para que, en forma "proactiva", publiquen en sus sitios web no sólo la información básica que demanda la ley (la denominada transparencia activa), sino para que, a través de este formato, entreguen antecedentes adicionales.

Jaraquemada -quien es consejero desde 2010- reemplaza en el cargo a Alejandro Ferreiro. Respecto de las gestiones que ya se estaban realizando, afirma que le interesa mantener un énfasis en el cumplimiento de la transparencia activa por parte de los gobiernos comunales, ya que "hemos detectado en algunos municipios una menor voluntad de ponerse al día".

El consejo comenzó fiscalizando la respuesta que daban los ministerios a las solicitudes de los usuarios (transparencia pasiva). Luego siguieron con los municipios. ¿Tienen planes para modificar o para ampliar estas áreas de fiscalización?

En todo lo que tiene que ver con temas de educación, se podría avanzar notablemente. Ahí tienes un nicho que ha sido bastante demandado, que ha tenido notoriedad.

¿Le preocupa la información que las universidades entregan en sus sitios web?

Ya se han realizado fiscalizaciones en transparencia activa a las universidades públicas. El consejo está haciendo análisis de los cumplimientos de transparencia activa del conjunto de universidades públicas y en el segundo semestre lo haremos sobre el conjunto de empresas públicas.

Usted menciona su intención de fiscalizar a las empresas públicas, pero ¿qué ocurrirá con los municipios dejarán de ser prioridad?

El (énfasis) principal va a seguir estando en las municipalidades, porque es, por lejos, donde la gente demanda mayor información.

Además, de 5.608 reclamos y amparos (por incumplimiento de solicitudes) que hemos tenido, sobre el 10% se radica en alguna municipalidad. Un segundo nivel de preocupación serán las empresas públicas.

¿Por qué ampliarse en esa dirección?

Hay mucho desconocimiento de la ciudadanía de cuáles son los roles de las empresas públicas. Es probable que la gente ni siquiera conozca cuáles son las que existen, salvo algunas que son muy conocidas, como Codelco y Enap.

En las empresas públicas se han detectado irregularidades, incluso casos de corrupción, por tanto, nos parece interesante medir los estándares de transparencia activa que están teniendo. Ahora, que tengan una buena transparencia activa no necesariamente es indicativo de que todos sus procedimientos son regulares, pero es un indicador que nos parece interesante poner en el tapete.

Otra de las áreas en la que se ha demandado una postura por parte del consejo es en el caso de los correos electrónicos de las autoridades. ¿Usted es partidario de entregarlos?

Aquellos correos que contengan actos administrativos finales, como una decisión, pueden ser entregados. El proceso deliberativo de las autoridades, la ley considera que debe tener un manto de reserva, que debe estar protegido. Ese proceso se puede hacer en reuniones, cara a cara, telefónicamente, pero también hoy día se hace mucho a través de correos electrónicos. Pero, además, el correo electrónico se utiliza mucho para cuestiones de índole absolutamente personal y privada.

Cuando una repartición no está de acuerdo con una resolución de ustedes, puede recurrir a la Corte de Apelaciones, que no está sujeta a las determinaciones del consejo. ¿Existe algún proyecto para tener competencia sobre el Poder Judicial ?

No, salvo en el perfeccionamiento de la Ley de Transparencia que se está tramitando en el Congreso y que apunta a regular la entrega de e-mails de autoridades en casos de actos administrativos. Y eso correría para cualquier tipo de autoridades, incluso en los órganos que no están sujetos a la Ley de Transparencia.

Respecto de la fiscalización que ya se está realizando, ¿cuáles son los principales problemas que han detectado en el acceso a información pública?

Hemos detectado que hay ciertas barreras para tener acceso a la información. Cuando la persona llega a un organismo público muchas veces no se le atiende debidamente y se le ponen barreras, a veces tan simples, como decirle para qué quiere esa información. Y resulta que la ley tiene un principio de no discriminación, por el cual los órganos públicos no pueden preguntar para qué quiero la información o en qué la voy a usar. Hay un tercio de funcionarios públicos que no conoce esta nueva política de transparencia y probablemente esos funcionarios son los que tienden más bien a poner esta suerte de barreras de acceso.

¿Y los usuarios están informados?

Las encuestas nuestras nos dicen que un 12% de la ciudadanía conoce la ley y sus derechos, lo cual es muy bajo todavía.