Presidente italiano admite que atentados de la mafia fueron un ultimátum al Estado

El presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano, reconoció que los atentados de 1993 perpetrados por la mafia siciliana (Cosa Nostra) en Italia tenían como objetivo dar un ultimátum al Estado para lograr que este redujera las penas de los mafiosos encarcelados.

"Los atentados del '93' siguieron una lógica única de dar un ultimátum al Estado, con la intención de que este redujera las penas y las medidas de custodia cautelar a los mafiosos encarcelados", afirmó Napolitano, quien por aquel entonces era presidente de la Cámara de los Diputados.

En estos términos se expresó el actual presidente de la República italiana el pasado 28 de octubre, cuando declaró en Roma como testigo dentro del juicio que pretende aclarar si el Estado emprendió una negociación con la mafia siciliana (la Cosa Nostra) en la década de los noventa del siglo XX.

Hoy ha sido publicada la transcripción, de 86 páginas y realizada por el Tribunal de Palermo (sur) -que se encarga de este juicio-, en la página web de la sede de la jefatura del Estado.

En ella, se puede leer que Napolitano sí reconoció que la mafia siciliana quiso dar un ultimátum al Estado con sus atentados, aunque, tal y como ya declararon algunos de los presentes el pasado martes, en ningún momento del interrogatorio se mencionó la palabra "negociación".

Los atentados de 1993 fueron un "ultimátum o presión con el propósito de desestabilizar el sistema político e institucional del país", insistió Napolitano al ser interrogado reiteradas veces por este aspecto.

Napolitano se refirió a los atentados cometidos por la "Cosa Nostra" como "resultado de la estrategia del ala más agresiva de la mafia, sobre todo de la familia de los Corleonesi".

Precisamente el jefe de la familia de los "Corleonesi" en estos años era Salvatore "Toto" Riina, responsable de los asesinatos de los jueces Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, ambos en 1992, además de otros cien homicidios.

A sus 83 años, Riina se encuentra sometido a un severo régimen de aislamiento, conocido en Italia como "41 bis", que comprende la vigilancia las 24 horas al día e impide cualquier contacto con el exterior, en una prisión de Palermo.

Su abogado, Luca Cianferoni, estuvo presente durante la declaración de Napolitano en el Palacio del Quirinal.

El Tribunal de Palermo admitió la petición de la fiscalía de llamar a declarar a Napolitano como testigo después de que salieron a la luz algunas conversaciones que mantuvo con uno de los imputados, el ex ministro de Interior entre 1992 y 1994, Nicola Mancino, y con el que fue su asesor jurídico, el fallecido Loris D'Ambrosio.

La magistratura intervino los teléfonos y grabó las conversaciones de los tres, aunque después fueron destruidas al considerarlas ilegales pues el presidente de la República está amparado por la inmunidad.

Pero sí fue admitida como prueba en este proceso una carta que D'Ambrosio le escribió a Napolitano poco antes de morir y en la que, entre otras cosas, decía estar bastante preocupado "por haber sido considerado solo un ingenuo y útil escribano para servir de escudo para pactos de los que no se podía hablar".

Sobre su asesor, Napolitano afirmó que D'Ambrosio siempre se movió "por el espíritu de la verdad" y aseguró que ambos formaban por aquel entonces "un equipo de trabajo".

"Cuando me convertí en presidente (de la Cámara de los Diputados), me di cuenta de que era importante contar con un asesor en Asuntos de Justicia", dijo, antes de añadir que entre ambos siempre hubo una "relación de afecto y estima".

Finalmente, Napolitano también respondió a las últimas revelaciones sobre que la mafia siciliana preparaba un atentado contra él, y aseguró que "no se sintió mínimamente turbado" ante esta posibilidad, ya que "era algo que formaba parte de su cargo institucional".

En el proceso que se está celebrando en Palermo se sientan en el banquillo miembros del Gobierno y de las fuerzas del orden junto con los jefes mafiosos de aquellos años.

El pasado fin de semana la prensa reveló documentos relacionados con esa presunta "negociación".