Querellantes del caso Tsunami piden al CDE negociar indemnización para ahorrar gastos del juicio oral

A través de una carta, cuatro de los representantes de familiares de víctimas solicitan abrir un proceso de negociación para evitar un juicio que podría llegar a costar al fisco cerca de 5 millones de dólares.




El juicio en contra de los presuntos responsables de la muerte de personas tras el tsunami del 27/F podría durar cerca de un año, y su preparación, poco más de seis meses, todo con un costo para el fisco cercano a los 5 millones de dólares.

Así lo indica una carta que abogados querellantes en la causa hicieron llegar al presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Piña, donde se pide iniciar un eventual proceso de negociación con los demandantes civiles, para evitar el gasto de dicha suma.

El pasado viernes la autoridad del CDE recibiría al abogado Raúl Meza, pero la cita fue cancelada por Piña.

Tras ello redactaron un documento donde se pide el encuentro, de manera formal.

La idea, según plantea la carta, es que el organismo del Estado incida directamente en el resultado de la arista penal, autorizando un proceso de negociación y reparación a los familiares de las víctimas, y con ello, "cumplir con la misión fundamental que tiene este organismo público, de resguardar el patrimonio fiscal".

De acuerdo al documento, la propuesta de negociación al CDE ya está consensuada con algunos querellantes y defensores de los acusados, "evaluándose explorar una eventual salida alternativa al proceso penal", considerando que, de todas maneras una eventual condena sería de pena remitida.

"Los querellantes estarían dispuestos eventualmente a renunciar a un juicio oral, ahorrando los costos ya mencionados, a cambio de una reparación justa y razonable para los familiares de las víctimas del tsunami", dice la carta.

Según se explica, actualmente, el Estado chileno se encuentra demandado civilmente en distintos tribunales civiles del país por la eventual falta de servicio que habrían cometido funcionarios del Estado en el ejercicio de su función pública, provocándose perjuicios morales y patrimoniales, susceptibles de ser indemnizados a familiares de 108 víctimas que fallecieron el 27 de febrero del 2010, "debido a la falta de aviso oportuno de la existencia de un tsunami".

Para demostrar que la justicia ya ha expresado la responsabilidad del Estado en las muertes, la carta cita la sentencia condenatoria contra el fisco, dictada por la Corte Suprema el pasado 18 de diciembre

También cita el fallo judicial penal, donde el séptimo Juzgado de garantía de Santiago, en juicio abreviado del 31 de marzo de este año, se condenó al ex jefe de turno de la ONEMI, Osvaldo Malfanti, a una pena de 541 días.

El Séptimo Juzgado de garantía de Santiago fijó para el próximo 7 de Octubre el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral del caso tsunami.

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