Rector Universidad Católica: "El gobierno está más preocupado de la propiedad que de potenciar la calidad"

A días de que la U. Católica fuera reconocida como el mejor plantel de América Latina, de acuerdo al ranking QS, su rector, Ignacio Sánchez, analizó los temas que marcarán la agenda en educación superior durante los próximos meses: la presentación de nuevos proyectos de ley, las diferencias con los planteles estatales y la discusión en torno a la propiedad en materia de educación escolar y superior.

Las Ues. estatales han mantenido una defensa de su condición de públicas...

Nosotros, como Consejo de Rectores, G-9 y Universidad Católica, siempre hemos apoyado el hecho de que las universidades estatales tienen que tener mucho más libertad en su gestión, que hay muchas trabas burocráticas que les impiden el crecimiento y eso lo hemos apoyado desde siempre. También hemos apoyado que universidades estatales, regionales y particularmente de las zonas más extremas, tienen que tener un mayor apoyo y probablemente un mayor compromiso del Estado. Entonces, yo respeto mucho la opinión que puedan tener los rectores de las universidades estatales, pero me parece que finalmente lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en lo que le va a servir para apoyar al país y me parece que lo que le va a servir al país es que no haya estos distingos discriminatorios en cuanto a recursos.

¿Esta discusión genera tensión en el Consejo de Rectores?

Me parece que esto es fuente de tensión, de distanciamiento entre las instituciones, y que no debiera ser de esta manera. Yo creo que debiera nivelarse hacia arriba, y si la universidad estatal en el extremo sur, extremo norte o centro del país tiene serios déficits de infraestructura, o de gestión, por supuesto que hay que apoyarla. Pero definir que de aquí para adelante siempre va a tener un elemento extra, a mí me parece que es discriminatorio respecto de lo que ha sido la historia de la educación superior en el país.

En los últimos años había una postura corporativa de consenso en el Cruch, pero se ha marcado esta diferencia,

(...) Me parece reduccionista pensar que hoy día en nuestro país sólo el Estado o lo estatal está preocupado de lo público. Yo he dado varios ejemplos de iniciativas que no vienen del Estado (...). En los últimos años, en el gobierno anterior, en el Cruch tuvimos una mirada común en muchos temas y esa mirada común hoy día puede seguir. La postura de un trato preferencial a las universidades estatales ha venido planteándose desde hace varios años, y más en forma independiente por parte de algunos rectores, pero a partir del año pasado se hace una postura más colectiva.

¿Falta voluntad o solidaridad por parte de las Ues. estatales hacia las del G-9, que en regiones también quizás necesitan apoyo?

Por supuesto que sí, porque esto que yo le digo, de que hemos apoyado el liberar trabas burocráticas, apoyar universidades en regiones extremas y otras acciones, no es nuevo. Está en documentos de hace cuatro o cinco años.

¿Falta un gesto hacia las universidades tradicionales privadas?

Más que gesto o no (...), discutir las diferencias y buscar los acuerdos. Así como nosotros nos hemos puesto en la postura, en la posición, en el pensamiento de las universidades estatales, también yo pido que se pongan en la mirada de lo que es una Universidad Austral, de lo que es una Universidad de Concepción, de lo que es una Universidad Federico Santa María en la región. Y por qué estamos pidiendo que no haya discriminación relacionada a la propiedad.

¿Considera que hay un símil en lo que ha sido la discusión en educación superior sobre la propiedad, con lo que está ocurriendo con la reforma al sistema escolar? ¿Ve un distanciamiento del gobierno con el sector privado en educación?

Hay un símil. Yo pienso que en la reforma escolar quizás los primeros focos debieron estar más en potenciar la educación pública, en cuanto a la calidad de los profesores, la calidad de los currículum, de la infraestructura, del bienestar estudiantil y de los docentes a nivel municipal, con el objeto de que no solamente esa comunidad empiece a notar un cambio en la calidad de su proyecto educativo, sino que ese cambio de calidad empiece a permear a la comunidad. Por ejemplo, que de aquí a dos o tres años tengamos muchas postulaciones y tengamos, a lo mejor, crecimiento en las matrículas de cada uno de estos colegios municipales. Y que se transmita que hubo un cambio y otra manera de enseñanza, otro nivel de profesores. No se ha hecho eso y el gobierno está más preocupado de la propiedad que de potenciar la calidad de la educación pública. Entonces, en ese sentido, hay un símil.

La Iglesia ha participado activamente en la discusión de la reforma educacional.

La Iglesia tiene una vocación de educación desde antes del inicio de la República (...). Cuando uno hace una radiografía de la cantidad de colegios que tiene la Iglesia en todo el país, por lejos la gran mayoría son en regiones pobres. Y entonces  alguien habla que la Iglesia tiene intereses creados, pero es que a la Iglesia le interesa mucho la educación, desde siempre, pero no por un interés creado personal, es un interés de evangelización, de apoyar el desarrollo de las personas (...). Me parece que no solamente por el número de establecimientos, sino que por todo el impacto, la historia, la importancia que ha tenido la Iglesia en la educación chilena, es muy importante escuchar la voz, el diálogo y los aportes que pueda hacer en educación.

Se ha criticado al gobierno que tanto en el proyecto que crea el interventor como en la reforma escolar hubo falencias en la participación de distintos sectores.

Después de la presentación del proyecto se ha invitado a muchos actores, y ahí no habría ninguna critica, pero ese debate debiera de hacerse antes, decirse que vamos a recoger los insumos que ustedes quieran entregar sobre estos termas, porque en el mes de octubre o porque en el mes de noviembre nosotros queremos presentar este proyecto de ley (...), esa forma es bastante más participativa que la otra, que es conocer el proyecto  después de que la Presidenta lo firma y de que se libere en los portales para poder opinar.

Los plazos se reducen y, si bien se ha anunciado participación para los próximos proyectos, el Mineduc, tal vez, debió pedir antes que se prepararan propuestas.

Tiene toda la razón. Si uno mira para atrás, a lo mejor esto hubiera sido una solicitud el 20 de marzo y hubiéramos ganado dos meses. Es cierto, pero estamos en junio y en un lapso de dos meses esto se puede entregar, porque si no se hace y esperamos que el proyecto entre al Parlamento es muchísimo peor. Ahí sí que hemos perdido todo el período prediscusión y entonces nos enfocamos a decir esta parte no puede estar, hay que cambiarla, a lo mejor pudiera no haber estado nunca, si es que se hubieran recogido miradas previas. En el tema del administrador provisional podríamos haber evitado algunas luces rojas de alerta si se hubiera escuchado previamente en los temas de autonomía.

¿Cuál es su evaluación del proyecto que crea el administrador provisional?

Uno de los temas que se mejoró fue cuidar la mayor autonomía de las universidades, velar para que hubiera un tiempo de administración provisional, (...) a lo mejor esas cosas podrían no haber estado en el documento inicial, si es que hubiera habido un mayor diálogo con los distintos actores.

¿Qué falencias tiene? 

Más que falencias, el proyecto no se entiende que exista si es que el proyecto de superintendencia va a ser muy precoz. Siempre pensamos que el proyecto de administrador provisional era como un proyecto transitorio. No me queda tan clara su duración y su vigencia, si es que el proyecto de superintendencia se presenta tan rápido como se dice que se va a presentar.