Sergio Torretti Costa, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción: "El paro del sector público podría encarecer la compra de unas 30 mil viviendas"

Sergio Torretti Costa

A raíz de la movilización, inmobiliarias y consumidores no podrían completar trámites para acceder a exención de IVA.




En todo un problema se está convirtiendo para el sector inmobiliario -y también para los clientes- el paro del sector público, que hace 17 días está impidiendo realizar una serie de trámites relacionados con la compra de viviendas.

Así lo advierte el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Sergio Torretti, quien precisa que unas 30 mil personas a lo largo del país podrían perder la oportunidad de no pagar IVA al momento de adquirir una vivienda, ya que los plazos que dicta la Reforma Tributaria no podrían cumplirse.

¿Por qué la CChC está preocupada por la paralización de los funcionarios públicos?

Es un tema que nos tiene preocupados por sus repercusiones en diferentes ámbitos. En nuestro sector nos inquieta, ya que producto de la Reforma Tributaria hay un plazo fatal al 31 de diciembre de este año para ingresar las carpetas de aprobación de los proyectos y contar con el beneficio de exención del IVA.

¿Qué pasa con eso?

Las inmobiliarias van a tener serios problemas para cumplir con este trámite, lo que va a afectar directamente a un número importante de compradores.

¿A cuántos?

Estimamos que a nivel de Santiago afectaría a más de 14 mil personas y a nivel país, ese número se duplicaría. O sea, estaríamos hablando que el paro del sector público podría afectar a unos 28 mil a 30 mil futuros propietarios que se verían afectados con el encarecimiento de su vivienda.

¿Por qué se genera el problema?

Las direcciones de obras no están recibiendo las carpetas con las aprobaciones, a lo que se suma el hecho de que para ingresarlas es necesario incorporar una serie de certificados que también son otorgados por organismos públicos que están en paro. Tenemos un tema con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), en cuanto a la recepción de las obras de urbanización y la agilidad de los permisos. A esto se suma que los últimos 15 días de diciembre prácticamente no son hábiles por las fiestas de fin de año y que con esta paralización el volumen de trabajo de los funcionarios se va a ir acumulando.

¿Existen inmobiliarias que no podrán asumir este costo adicional y quebrar?

Lógico. Tenemos pequeñas, medianas y grandes. Seguramente las grandes podrán hacer frente a este mayor costo y digámoslo de frentón, a una pérdida, porque ellos evaluaron y se metieron a este negocio con estas condiciones, por lo tanto el absorber el IVA sería algo no previsto. Pero tenemos muchas inmobiliarias y empresas pequeñas y medianas que tienen un solo edificio en regiones y para ellos sí podría significar la quiebra, si es que se vieran obligados a asumir 100% de este mayor costo.

¿Cuál es el costo que el sector tendría que asumir sin solución?

En estos momentos no tenemos la cifra, pero estamos haciendo el catastro a nivel país.

¿Cuántas empresas son las afectadas?

Si afecta a cerca de 30 mil propietarios, estamos hablando de no menos de 100 empresas. El número lo tendremos afinado en pocos días.

¿Cuál sería la solución?

Que se logre flexibilizar o prorrogar el plazo, lo que no es fácil, ya que habría que ver con el Congreso cómo se puede modificar. Lo otro, es flexibilizar, por parte de los directores de obras municipales, el recibir estas carpetas, aunque no tengan todos sus certificados incluidos.

¿El plazo que se pide será similar a lo que dure el paro?

Debería ser superior, porque hay que considerar el tiempo que los funcionarios tendrán que destinar a recuperar el tiempo perdido. Además, el volumen de solicitudes de ingreso de carpetas será mayor a lo normal, por lo que habrá un atochamiento adicional.

De no existir solución, ¿para quién es el problema, para el consumidor o para la inmobiliaria?

El problema lo van a tener ambas partes. Habrá algunas inmobiliarias que asumirán el costo del IVA, lo que tampoco es justo y habrá otros casos en que no estarán dispuestas a asumirlo y venderán, pero con el impuesto.

¿Pero los contratos que ya existen obligan a vender sin IVA?

Si ya está firmado el contrato de promesa de compraventa de una vivienda, lo que ocurra en caso de que no se pueda aprovechar la exención de pago de IVA va a depender de lo que diga específicamente el contrato. En algunos casos va a tener que pagar la inmobiliaria y en otros el cliente. Y en el caso de las viviendas que aún no hayan sido vendidas, éstas quedarán afectas a IVA y será cada inmobiliaria la que defina su estrategia.

¿Se han comunicado con las autoridades para ver soluciones?

Le hemos hecho llegar cartas a la ministra de Vivienda, Paulina Saball, y al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Recibí una respuesta para tener una conversación telefónica con la ministra. Pero aquí hay que buscar soluciones de distinto ámbito que puedan ser aplicables. También estamos haciendo gestiones para hablar en la Comisión de Vivienda (...) El ejecutivo no ha manejado bien el tema y se le ha escapado de las manos.

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