Suprema confirmó condena obtenida por la Fiscalía en caso del triple homicidio de Peñablanca
Pablo Aravena Garcés deberá cumplir una pena de 40 años de cárcel, por haber dado muerte a su hermanastro, a la madre de este y a la asesora del hogar, el 1 de diciembre de 2008.
Por unanimidad, la Corte Suprema rechazó este miércoles el recurso de nulidad presentado por la defensa de Pablo Aravena Garcés, contra quien la Fiscalía Regional de Valparaíso había obtenido condena a presidio perpetuo calificado por el denominado triple homicidio de Peñablanca, en la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso.
El condenado deberá cumplir de manera definitiva el presidio por al menos 40 años, como lo resolvió en Tribunal Oral en lo penal de Viña del Mar en segundo juicio terminado el 25 de marzo, por haber dado muerte por estrangulamiento a su hermanastro, a la madre de este y a la asesora del hogar donde fueron perpetrados los asesinatos, el 1 de diciembre de 2008.
El Fiscal Regional, Pablo Gómez Niada, quien participó activamente en el segundo juicio a través del cual se logró la condena de Aravena, señaló que "fue una causa compleja de investigar, y con ella se ha resarcido a todas las víctimas. Para el Ministerio Público nunca hubo dudas sobre la autoría del caso, y la prueba, aunque indiciaria, fue suficiente para crear convicción en los jueces".
EL CASO
De acuerdo a la investigación, Aravena Garcés ingresó planificada y furtivamente a la vivienda que habitaban Viveca del Carmen Segovia (57), su hijo Felipe Aravena Segovia (de 19 años) y la trabajadora doméstica, Victoria Donoso Cortes (59), cuando ninguno de estos se encontraba en ella.
La primera víctima fue Felipe, a quien el autor estranguló con el cordón de una plancha. Luego llegó a la casa Viveca Segovia, a quien golpeó en la cara con un elemento contundente, para luego asfixiarla y sustraerle un anillo de oro. Finalmente llegó Victoria Donoso, a quien también estranguló hasta quitarle la vida.
Durante un primer juicio, el acusado fue absuelto, pero en el segundo juicio fue condenado a presidio y al pago de una indemnización de perjuicios por concepto de daño moral, por 300 millones de pesos, reclamados por los familiares de las víctimas a través de sus abogados querellantes.
Durante la audiencia ante la Corte Suprema, la defensa del condenado intentó nuevamente quitar mérito probatorio a la investigación de la Fiscalía, así como negar imparcialidad a los jueces viñamarinos y falta de fundamentación en la sentencia dictada por ellos.
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