Tribunal Constitucional paraliza causa por filtración de imágenes del diputado Ceroni

La disputa entre el diputado PPD, Guillermo Ceroni, y cinco periodistas de los medios Agencia Uno y El Dínamo inició luego que el portal web El Dínamo publicara fotografías que revelaban conversaciones de carácter homosexual, mientras el diputado sesionaba en la Cámara Baja, los días 22 de octubre y el 3 y  4 de noviembre de 2015.

A pesar de que el medio emitió disculpas públicas y retiró las fotografías de la web, el diputado se encuentra en juicio contra los periodistas, entre ellos el ex director de El Dínamo, Marcelo Ibáñez, quien presentó junto a su abogado, Cristián De Feudis, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

"Solicitamos que el TC sustrajera el proceso penal y que declare inaceptable esta norma que ha sido cuestionada a nivel internacional, porque coarta la libertad de información y una serie de otros derechos", dijo a La Tercera el abogado Cristián De Feudis.

El recurso aplicado decretó que el Tribunal ordenara al Juzgado de Garantía de Valparaíso, la suspensión temporal de la causa para acoger el trámite de requerimiento.

Desde la otra vereda, el diputado Ceroni declaró el requerimiento como inadmisible, por lo que el TC debe pronunciarse sobre la admisibilidad dentro de los próximos días.

La difusión de las imágenes reveló la homosexualidad del diputado ante la opinión pública, la cual se vio dividida entre el debate sobre la vulnerabilidad de la vida privada por parte de la prensa y la realización de una actividad personal distinta a su trabajo por parte del parlamentario.

Según De Feudis, Ibáñez no se encontraba el día de la publicación ya que hacía uso de su feriado, por lo que el delito del artículo 161ª del Código Penal no debiera aplicarse en este caso. "La redacción del delito es muy vaga porque dice 'se sanciona a quien difunda', y quien difunda puede ser cualquier persona, entonces es algo totalmente arbitrario de la fiscalía. No hay problema al pedir una indemnización por el daño causado, pero pedir pena de cárcel de cuatro o siete años para los periodistas es un abuso contra la libertad de prensa y más en su calidad de funcionario público y diputado de la república".