U. Iberoamericana: Delpiano retrocede y dice que esperarán respuesta del plantel
Ministra había anunciado el cierre de la institución antes de que finalizara el proceso que establece la ley. El rector afirmó que "en esta etapa no sería posible determinar una medida sin antes considerar los descargos".
En menos de 24 horas, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, entregó dos versiones respecto de la situación de la U. Iberoamericana. Mientras el martes aseguró que ya estaba tomada la decisión de cerrarla, hoy suavizó sus declaraciones y dijo que van a esperar los descargos del plantel para decidir su futuro.
Así, el martes Delpiano afirmó que "hemos estado buscando administrador de cierre de la universidad, porque no hay condiciones financieras para mantenerla", e incluso enfatizó que "estoy hablando de administrador de cierre, no le vamos a dar la vuelta".
Esta no es la primera vez que dichos de la ministra complican la situación de un plantel en crisis. El 5 de diciembre de 2016 señaló que "Arcis no es sustentable en el tiempo, por lo tanto, hay que poner una administrador no temporal, sino de cierre", lo que derivó, según la comunidad universitaria, en que no lograran cumplir con las matrículas que requerían para ser viable y finalmente esto derivó en el anuncio de cierre del plantel.
Hoy, el ambiente de presión e incertidumbre en los pasillos de la U. Iberoamericana se acrecentó aún más tras las declaraciones de Delpiano. "Como la ministra anunció administrador de cierre antes, es notorio que para ella la universidad es un problema. Están haciendo lo mismo que hicieron con la Arcis", dijo Carla Castro, alumna de primer año de Kinesiología.
Los estudiantes acusan descuido en las palabras de las autoridades. Paulina Becerra, de tercer año de Trabajo Social, señaló que "se adelantó mucho, sin saber lo que está generando en nosotros. La presión, la pena y el desgaste que está dejando esta situación".
Alondra Manríquez, de la misma carrera, agregó que "la ministra dio declaraciones poco responsables, saltándose los conductos regulares. La ley es súper clara y a nosotros nos deja un daño tremendo, porque nuestra reputación se ve súper afectada y ella no pensó en eso. Tiró la bomba y no pensó en los efectos".
Y aunque Delpiano reconoció hoy que "la universidad tiene 10 días para responder las observaciones que le ha hecho el Ministerio de Educación, y con posterioridad, si (las respuestas) fueran satisfactorias, claro que cambia la cosa". También advirtió que "si no hay una reparación a lo que nosotros hemos observado, correspondería poner el administrador de cierre".
Respuesta del plantel
Mediante una declaración entregada a La Tercera, el rector Héctor Jara indicó que al finalizar la investigación preliminar que realizó el Mineduc recibieron un documento "que de acuerdo a lo previsto en el inciso cuarto, artículo tercero de la Ley 20.800, la institución tiene un plazo de 15 días hábiles para formular sus descargos y solicitar que se abra un período de prueba no superior a igual término, de conformidad con la Ley 19.880, de procedimientos administrativos".
Jara añadió que "en esta etapa no sería posible determinar una medida sin antes considerar los descargos que efectuará la institución y haber analizado y ponderado los medios de prueba que se harán valer, en conformidad al proceso administrativo que está en curso".
En tanto, Paz Gajardo, presidenta interina de la Federación Estudiantes de la U. Iberoamericana, pidió que si se nombra un administrador de cierre, los alumnos "sean reubicados en universidades estatales para que tengan continuidad en el estudio y no tengan tropiezo nuevamente con sus carreras".
El ex ministro de Educación Sergio Bitar criticó la forma en que se ha manejado la crisis en el plantel. "Es indispensable seguir todos los procedimientos correctamente, estos anuncios son peligrosísimos y hay que ser muy cuidadosos", indicó.
Para el rector de la U. del Desarrollo, Federico Valdés, "llama la atención que estando aún pendiente el proceso administrativo, se dé a conocer el cierre de una universidad y la designación de un administrador para ese efecto", sostuvo.
Valdés recordó que "esa sanción, la más grave que se puede imponer a una institución de educación superior, requiere el acuerdo del Consejo Nacional de Educación, cuestión que hasta ahora aparentemente no ha ocurrido. Además, la ley es clara en señalar que mientras los procesos estén pendientes, el ministerio tiene la responsabilidad de resguardar la información y mantener reserva".
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.