Uso de asesorías parlamentarias abre nuevo flanco para el Congreso

El próximo miércoles, a las 10.30, en la sede del Congreso en Santiago, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (órgano autónomo que regula el uso de dineros fiscales para la labor de diputados y senadores) sostendrá una nueva reunión habitual de trabajo.

Aunque en la tabla de la convocatoria figuran otros puntos, el encuentro estará marcado por las dudas que existen por el uso de los fondos para asesorías que dispone cada senador o diputado. Por lo tanto, fuentes del Congreso señalan que el tema será revisado en la reunión.

Parlamentarios y representantes del Comité de Auditoría (órgano distinto que fiscaliza el correcto gasto de las asignaciones) han pedido públicamente al Consejo de Asignaciones revisar los criterios de uso de estas asesorías.

Si bien el espíritu original de la asignación de "asesoría externa" es financiar estudios, especialistas e informes con una finalidad legislativa, con esos fondos hoy se contrata a personas para trabajar en oficinas, para atender público, coordinar reuniones, encuentros con la ciudadanía y asesores de prensa, según la información que difunden las páginas de transparencia del Senado y la Cámara.

Aunque el tema fue detonado por los casos de diputados salientes que giraron fondos para asesorías, a semanas de dejar sus cargos en la Cámara y en un período de receso legislativo, autoridades del Congreso -que prefieren mantener el anonimato- advierten que hay un problema mayor, ya que varios parlamentarios suelen darles un uso flexible a estos recursos.

Aunque es tarea del Comité de Auditoría fiscalizar el uso incorrecto y denunciar cuando corresponda estos casos a las respectivas comisiones de Etica del Senado y la Cámara, hasta la fecha no se conoce de situaciones que hayan llegado a esa instancia disciplinaria.

En una entrevista en La Segunda, los miembros del Comité de Auditoría señalaron no tener recursos para fiscalizar adecuadamente y no  tener atribuciones para sancionar ni calificar la calidad de las asesorías. Hoy, los fiscalizadores y sus facultades son  definidas por los propios diputados y senadores.

Sin embargo, algunos parlamentarios estiman que fue el mismo Consejo de Asignaciones, que preside el ex senador Sergio Páez, el que dio un uso general a estos fondos. "Contratación de profesionales y/o técnicos externos, para la realización de investigaciones, estudios, informes y asesorías en general para asistencia de la labor parlamentaria", dice el reglamento para asesorías externas.

Incluso, el reglamento dice que el gasto puede atribuirse a "asuntos científicos, técnicos, económicos, políticos, sociales, estadísticos, comunicacionales, informáticos, tecnológicos, legislativos u otros análogos para asistir la labor parlamentaria; incluidas asesorías de imagen, estudios de opinión y encuestas".

Este margen de acción ha llevado, al menos, a 40 diputados y 10 senadores a girar fondos para contratar periodistas para difundir sus actividades en los medios, personal en oficinas, publicistas, colaboradores en terreno, incluyendo a asistentes sociales que atienden público (ver algunos casos en nota a la derecha).

Sin embargo, el problema es que para contratar ese tipo de colaboradores existe un fondo distinto: la asignación de "personal de apoyo".

Pero un precedente en este sentido lo adoptó, en mayo pasado, el Consejo de Asignaciones al emitir una resolución interpretativa que recomendaba restringir en el Senado el uso de asesorías de comités (grupos políticos de senadores). En ese oficio, el Consejo de Asignaciones planteaba que los fondos destinados a asesorías se deben destinar exclusivamente a la realización de estudios  o actividades "útiles" a la labor parlamentaria.

Todos estos episodios han generado preocupación en el Congreso. En la Cámara, incluso, hubo reuniones extraordinarias la semana pasada para estudiar medidas.