El viernes vence plazo para que inhabilitados regularicen becas Conicyt

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De cerca de 2.000 personas que no podían postular a fondos públicos de investigación por atrasos, 1.672 han llevado sus documentos. De ellas, 702 ya están regularizadas.




Cuando un postulante gana una beca de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) para realizar un postgrado o una pasantía, tiene entre sus obligaciones, no sólo aprobar su grado en el tiempo otorgado y retribuir en Chile, sino que demostrar con documentos que así lo hizo, entre dos y hasta cinco años después de ello (dependiendo de la beca). No hacerlo, inhabilita al investigador para postular a cualquiera de los fondos de la institución, independiente de las razones del atraso, y lo obliga a devolver el monto otorgado.

Los retrasos en la entrega de la documentación han existido siempre, pero sólo hace un par de años se conocieron los casos de los llamados "inhabilitados", que se organizaron y movilizaron por una solución.

Debido a ello, la última semana de enero de este año, el Congreso aprobó una ley (20.950) que permite regularizar la situación de unos 2 mil investigadores que estaban en esa situación (aquellos que se habían atrasado en cumplir sus obligaciones, pero lo hicieron hasta el 14 de febrero), otorgándoles plazo hasta el 30 de diciembre para entregar su documentación. A la fecha, según Conicyt, 1.672 personas han llevado sus antecedentes, de las cuales, 702 ya se han acogido a la ley, por lo que ya no son inhabilitados. Los otros 970 casos están siendo analizados por la institución.

El plazo que vence este viernes es inapelable y quienes no lleguen quedarán imposibilitados de acceder a financiamiento institucional, a través de otras convocatorias. "En ese caso, Conicyt está mandatado a tramitar la declaración de incumplimiento de las obligaciones mediante el correspondiente acto administrativo, lo que significa el paso a la instancia de cobro administrativa y, eventualmente, judicial", señaló la institución a La Tercera.

De acuerdo a Conicyt, al tratarse de recursos públicos, es su obligación velar porque estos sean utilizados con el fin para el cual fueron destinados y la única manera de hacerlo es con los respectivos documentos. "La institucionalidad pública no permite basarnos sólo en la buena fe y la palabra de las personas", dicen.

Los otros "inhabilitados"

Pero hacia noviembre aparecieron más casos, distintos de los cerca de 2.000 por los que se creó la ley. Contraloría ya había advertido a Conicyt que debía acreditar que los fondos entregados efectivamente se utilizaban en becas, por lo que entonces, envió un email masivo a 17.000 personas que son o alguna vez fueron becarios, pues todos aparecían con una o más becas sin cerrar. Algunos habían terminado con ellas hace 20 y hasta 30 años.

Por entonces surgió el caos y, por lo mismo, la comisión debió explicar que fue una manera de llegar a todos los que en sus registros aparecían pendientes, aunque finalmente sólo eran cerca de 2.000 los que en realidad estaban inhabilitados y podían acogerse a la ley 20.950, el resto -no inhabilitado, pero sí pendiente- podría hacerlo en un plazo posterior. Aún hay confusiones respecto de quiénes deben hacerlo o no.

Cristian Undurraga, miembro de la comisión becas de la Red de Investigadores Chilenos (ReCh), dice que aún no entienden cómo Conicyt concluyó que sólo 2.000 de esos 17.000 son inhabilitados, porque nunca se les explicó. "El mail inicial también le llegó a muchos académicos que han tenido fondos después. No sabemos por qué se les exige a los becarios de los últimos años, ese filtro no sabemos cómo se hizo. Tememos que Conicyt haya tomado sólo los becarios de los últimos años, porque a los becarios de 10 ó 15 años no vale la pena molestarlos o porque esos becarios después obtuvieron otras becas o proyectos, entonces eso tendría una contradicción a nivel de Contraloría", dice.

La ReCh también teme que se generen nuevos inhabilitados que no entran en las fechas definidas, como aquellos becarios que terminaron atrasados, pero después del 14 de febrero, y que no estarían acogidos a la ley, ni tampoco al decreto 335 que amplió los plazos para hacerlo a cinco años.

"Las modificaciones al decreto nacional (335) que se hizo en septiembre de 2014, amplió los plazos a cinco años, pero por una lectura, no sé si mal hecha por Conicyt o Contraloría, esos plazos sólo son válidos para las becas desde el momento en que se publicó hacia adelante y hay gente a la que Conicyt le está diciendo que no valen los cinco años para ellos, porque su beca es de antes de la publicación. Ese va a ser un problema grande, que en un principio no se tenía pronosticado, pues todos pensaban que la modificación iba a ser retroactiva, pero al parecer Conicyt no lo está tomando así", dice Undurraga.

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