El vuelco de una supuesta detención ciudadana que terminó con un fallecido

"(Los imputados) lo golpean en diversas partes del cuerpo con objetos contundentes, resultando la víctima, Juan Andrés Jorquera Toro, presunto autor de la sustracción (de la camioneta de los formalizados), fallecido por traumatismo craneoencefálico cerrado. El delito es homicidio simple, con participación en calidad de autores y grado de desarrollo consumado".

De esta manera, la fiscal Occidente, Roxana Fernández, terminaba de imputarle cargos de homicidio a Raúl Aravena Lisboa y a su hijo, Gustavo Aravena, quienes, el 1 agosto de 2016, protagonizaron una denominada "detención ciudadana". El problema es que ésta culminó con la muerte del supuesto asaltante, un joven de 27 años, quien, según ellos, les habría robado su vehículo mediante un "portonazo".

Los hechos fueron formalizados el 2 de agosto de 2016 y daban cuenta de que luego del supuesto robo, Raúl y Gustavo Aravena siguieron por casi dos kilómetros a Jorquera y lo golpearon con un palo y patadas en una zanja, hasta que el supuesto asaltante falleció.

Sin embargo, el pasado 26 de septiembre, aquel seguimiento y golpiza asociada a los imputados dio un inesperado giro: a diferencia de lo que se sostuvo en la primera audiencia de formalización, ahora, para el Ministerio Público, la agresión a Juan Jorquera no habría causado su muerte, por lo que la Fiscalía Occidente decidió reformalizar a Raúl y Gustavo Aravena por lesiones menos graves. O sea, ya no habían matado a nadie.

Esto cambió drásticamente el escenario para los imputados: cuando enfrentaron cargos por homicidio simple arriesgaban una pena que va desde los 10 años y un día a 15 de presidio. Pero en una eventual condena por lesiones menos graves, el rango de pena va desde los 541 días a tres años y un día.

El día de la formalización, la fiscalía pidió la prisión preventiva para los Aravena, y para justificar esta medida cautelar aseguró que "entendemos que se encuentra acreditada la participación. Hay circunstancias que nos hacen pensar en este momento de la investigación que hubo una intención clara de dar muerte a la víctima". El Juzgado de Garantía de San Bernardo dictó esa medida cautelar para el padre y su hijo, quienes estuvieron 17 días en la cárcel, antes de quedar con arresto domiciliario total, hasta diciembre de 2016.

Según explicó la asesora jurídica de la Fiscalía Occidente, Rocío Berríos, "el antecedente más relevante que nos llevó a sostener el homicidio en esa etapa era el informe médico que evacuó la Unidad de Medicina Criminalística de la PDI, el cual estableció como posible causa de muerte un traumatismo craneoencefálico cerrado. Y la apreciación que hace el médico en esa instancia preliminar lo llevaba a sostener que eran estas lesiones, que tenía en la frente y en otras partes de su cara, las que explicaban la muerte",

Pero la causa de muerte del joven cambió para la fiscalía cuando les llegó un último informe del Servicio Médico Legal (SML). "Se logra concluir por el SML que la muerte de esta persona se debió al efecto tóxico de drogas y alcohol, combinado con que él era asmático crónico. Esas dos condiciones, sumadas al estrés que le provocó la agresión de estas personas, que decían haber sido atacadas por él, son las que explican la muerte", indicó Berríos.

Actualmente, Raúl y Gustavo Aravena son representados por la Defensoría Penal Pública. Para el defensor local jefe de San Bernardo, Darío Pantoja, "este es un peritaje que viene a poner las cosas en su lugar, porque nuestros representados estuvieron privados de libertad, tanto en la cárcel como en el arresto domiciliario, lo que no correspondía".

Raúl y Gustavo Aravena dicen que "lo pasamos mal". A casi un año de lo sucedido, y de casi 20 días en prisión, cuatro meses con arresto domiciliario total y cinco con nocturno, señalan estar con sensaciones encontradas.

Gustavo recordó que "cuando llegamos a la cárcel nos asustamos. Nos amenazaban en los patios, porque decían que habíamos matado a uno de ellos, pero por suerte los gendarmes se portaron súper bien. Aunque la fiscalía hoy nos está reformalizando, nadie nos devolverá lo que sufrimos, nos trataron de asesinos".

En tanto, su padre, Raúl, reconoció que "teníamos miedo de salir, porque nos amenazaron en la audiencia, nos decían asesinos. Menos mal que todo se aclaró. Estoy contento y más tranquilo".

Según explicó la abogada de la Fiscalía Occidente, "no es frecuente que la calificación de un delito tan grave como el homicidio varíe. Estos son ilícitos que se formalizan en flagrancia, implican un plazo muy breve en el cual la fiscalía solo puede contar con antecedentes preliminares. Nuestro sistema contempla la indemnización por error judicial, pero este no es un error, ocurre en un porcentaje de causas".