2022: una inesperada oportunidad para el país

El año que termina, qué duda cabe, ha sido ante todo de grandes contrastes. Ha sido desde luego el año en que el poder lo asumió una coalición mucho más de izquierda; la delincuencia, un flagelo que si bien desde hace tiempo acecha al país, en 2022 pasó a convertirse en la mayor preocupación de los chilenos, con índices de temor sin precedentes. La inflación, por otra parte, un fenómeno hasta ahora desconocido para varias generaciones, golpea con especial crudeza el bolsillo de las familias, en tanto ya se avizoran las primeras señales de una recesión. Y fue también el año en que una abrumadora mayoría de los chilenos dijo no al proyecto constitucional propuesto por la Convención, un hecho cuyas implicancias van mucho más allá de haber rechazado un mal texto, pues sin duda marcó un punto de inflexión en la política chilena, forzando a la moderación y los acuerdos.

La vorágine de acontecimientos hace difícil establecer juicios categóricos, pero a la hora del balance se puede advertir que, a pesar de todas las dificultades, pareciera respirarse un mejor clima político del que prevalecía cuando comenzamos el año, pues si entonces el ambiente estaba caracterizado por visiones con escasa voluntad para llegar a acuerdos y la polarización aparecía como la característica más marcada, el año está cerrando con atisbos algo más esperanzadores, donde la palabra “acuerdo” ha vuelto a resurgir y en el debate público aparecen ahora signos de cierta moderación, permitiendo que la política vuelva a tener un rol central en la conducción del debate.

Muestra de este clima ha sido el reciente pacto constitucional alcanzado entra las principales fuerzas políticas -abarcando un arco que va desde la UDI hasta el Partido Comunista- con el fin de volver a poner en marcha un proceso constituyente. Posiblemente esta mayor disposición a los acuerdos se ha visto también facilitada por la generación de recambio en la política -otro de los rasgos que han caracterizado a 2022-, con el protagonismo de rostros nuevos más abiertos y al parecer mejor dispuestos al diálogo.

El gobierno, por su parte, también parece haber extraído aprendizajes, pues ahora se valora más el orden público y el Mandatario busca rectificar errores. Por lo mismo es que llama poderosamente la atención el polémico paso que el jefe de Estado acaba de dar al indultar a una serie de personas condenadas por graves delitos en el marco del estallido social, así como a un exfrentista. Esto quebró la mesa que se había articulado con la oposición para concordar una agenda en seguridad pública, lo que claramente es un retroceso en la línea que se venía siguiendo, abriendo un flanco de tensión cuyos efectos son inciertos.

Es evidente que todos estos cambios fueron en buena medida posible gracias al resultado del plebiscito del 4 de septiembre, un hito político que al desfondar las visiones refundacionales que hasta ese momento campeaban sin mayor contrapeso obligó a un profundo cambio de rumbo y de actitud, sobre todo en las fuerzas de izquierda, marcando en ese sentido el término del “octubrismo”, que en sí mismo constituye un hecho de particular relevancia; pero a la vez fue un llamado de atención a toda la clase política, pues con meridiana claridad la ciudadanía tomó el control y redefinió la agenda política, volviendo a poner en el centro los problemas más graves que la aquejan y la necesidad de forjar grandes acuerdos.

Pero si bien un mejor clima político es esencial, no puede olvidarse que hay otras dos dimensiones que corren también en paralelo y que son indispensables de abordar si es que el país aspira a una mayor estabilidad y fomentar el crecimiento económico, como son las demandas de la ciudadanía y el clima para la actividad empresarial. Con preocupación se observa que en 2022 el avance que se ha visto en estas últimas sigue estando muy al debe, lo que abre una serie de interrogante para el año que comienza. En efecto, no cabe perder de vista que el país ha visto un deterioro en una serie de variables muy críticas para la población -ahí está el aumento de la pobreza, la ramificación del crimen organizado, el dramático incremento en las listas de espera de la salud, la inmigración descontrolada, solo por mencionar algunas-, y en tanto ello siga sin soluciones efectivas se corre el alto riesgo de ir incubando una nueva crisis social. Esto naturalmente hace que las dosis de incertidumbre no terminen aún de despejarse.

En materia empresarial, es un hecho que se han enviado una serie de señales que no favorecen un clima propicio para la inversión, en particular por el momento escogido para aumentar fuertemente la carga tributaria y por el recelo que la actividad privada sigue despertando en algunos sectores. La enorme cantidad de proyectos hoy paralizados ya sea por judicialización o pendientes de aprobación ambiental son voces de alerta, a lo que se agrega la falta de claridad del marco regulatorio para sectores clave como isapres y pensiones. En tal sentido llama la atención lo poco que se ha trabajado para despejar las incertidumbres que están frenando la inversión y el crecimiento, considerando que los recursos que genera la actividad empresarial son indispensables a su vez para financiar la agenda social.

El gran desafío entonces es que la ventana de moderación y mejores condiciones para los acuerdos que inesperadamente abrió el plebiscito sea efectivamente aprovechada para abocarse a la solución de las demandas ciudadanas aún pendientes y se impulse la inversión. A lo largo de 2023 será posible comprobar si los partidos comprendieron bien el mensaje que dio la ciudadanía y este mejor clima se logra traducir en las soluciones que el país espera. De no ocurrir, sería un grave despilfarro.