En su columna del domingo, Daniel Matamala argumentaba que era necesario un nuevo pacto social. En mi respuesta del lunes compartí su importancia, sugiriendo no obstante poner el foco en las principales precariedades que hemos (re)constatado por los efectos de la pandemia, y cuya solución permanente pasa necesariamente por una recuperación económica resiliente y sustentable. Me refería al aumento de campamentos y guetos, al incremento de la informalidad laboral, a las bajas pensiones y a los problemas de acceso oportuno a una salud de calidad. Argumenté que, sin perjuicio de las responsabilidades que todos tenemos que asumir en el estado actual de las cosas, el que esas precariedades sólo se hayan incrementado bajo nuestras narices -y que el emprendimiento, la inversión y la productividad se hayan adormecido- se explica más por fallas de la política y del Estado, que por supuestos problemas estructurales del llamado modelo.
En su réplica, Matamala señala que sería la concentración económica o de poder en ciertos grupos de interés la causa de estas fallas de la política y del Estado, ilustrando el punto en la influencia de los estudiantes universitarios en las políticas de educación superior (me imagino que se refiere a la regresiva y mal diseñada gratuidad universal), la de los dueños de camiones para mantener el incomprensible subsidio al petróleo diésel y la de los funcionarios públicos en un estatuto administrativo que tiene serias falencias largamente diagnosticadas. Aquí identifico un segundo acuerdo con Daniel: el poder está hoy mucho más fragmentado y son una diversidad de organizaciones intermedias de la sociedad civil las que participan e influyen, para bien o para mal, en la cancha de lo público. Lo relevante es que lo hagan con transparencia, dando razón de sus dichos y no utilizando más presión o fuerza que la que importan sus propios argumentos, y revelando a quiénes representan y los financian (todas, por lo demás, cuestiones especialmente claras respecto de SOFOFA).
Queda pendiente, sin embargo, la duda sobre la supuesta relación entre concentración económica y las precariedades sociales mencionadas. Me pregunto nuevamente: ¿qué relación hay entre la concentración económica y el que nuestro sistema público de salud siga teniendo importantes listas de espera, habiéndose incluso rechazado una propuesta de la ACHS -institución privada fundada por SOFOFA- para realizar en sus centros hospitalarios 60.000 intervenciones no GES al año al mismo costo que le representa al Estado hacerlas en el sector público?
Daniel Matamala opta por dirigir su atención a otra cuestión que también merece un análisis fundado y, sobre todo, actualizado, como es el de la influencia de la concentración económica en los cambios (o no cambios) de relevantes políticas públicas económicas y sectoriales. Digo actualizado, porque las referencias que utiliza para referirse a esa supuesta determinante influencia indebida son de hace dos décadas y más, como el discurso del entonces presidente de la CPC en la ENADE del año 2001 y las palabras de Andrés Allamand del año 1993 denunciando la existencia de poderes fácticos.
También apunta a la aprobación de la ley de la Pesca del año 2012; que, afirma, se explicaría tanto por los aportes reservados de empresas de la industria que la ley de financiamiento de la política de la época permitía, como de aquellos irregulares que están siendo investigados por los tribunales de justicia. Esta conclusión e injusta generalización no sólo compromete la idoneidad moral y política de los 71 diputados y 23 senadores que aprobaron dicha reforma, la que además de terminar con las antiguas licencias perpetuas, se ajustó a las mejores prácticas de la evidencia técnica comparada de países pesqueros, tal cual fuera refrendado por la FAO en octubre de 2016. Claro, entiendo el atractivo mediático de la consigna de las 7 familias, pero no creo que ni Daniel ni yo, como tampoco ningún periodista o empresario, desempeñe su oficio como si se tratase de un concurso de popularidad.
Otro tanto ocurre con la legislación de libre competencia, donde más que debatir sobre la reforma acordada hace casi 20 años aludida por Matamala, parece más interesante analizar si, como lo sostienen diversos juristas expertos en la materia, nuestra actual legislación cumple con estándares tanto o más exigentes que los de muchos países Europeos. Pero más allá de la relevancia de la regulación, mantengo la convicción que ésta, por más estricta que sea, no podrá reemplazar la responsabilidad y una base ética de comportamiento empresarial que profundice la libre competencia, la transparencia, el buen servicio al cliente y la confianza en los mercados. Y pese a todos los esfuerzos que hemos realizado a nivel gremial y particular en esa materia, estamos conscientes de los riesgos, las fragilidades y de lo mucho que debemos perseverar y desafiarnos como empresarios para estar en la siempre evolutiva frontera de buenas prácticas empresariales en estas y otras dimensiones.
En ese esfuerzo y propósito, bienvenida la necesaria vigilancia pública. Como señaló hace unos días el fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezzos: “yo creo que Amazon debe ser escrutada. Debemos escrutar todas las instituciones grandes, sean empresas, agencias de gobierno o fundaciones. Nuestra responsabilidad es asegurarnos que pasamos ese escrutinio de manera exitosa”. Guardando las proporciones respecto de la admiración e interés que una empresa como Amazon merece, más que quedarse con viejos reflejos y retóricas del pasado -por populares que sean-, el fundamental escrutinio debe ser actual y vigente, sea para identificar las malas prácticas, como también para evaluar como han evolucionado las culturas y prácticas empresariales, sobre todo las de aquellas organizaciones (empresas y otras) que han sufrido crisis de gran envergadura por malas prácticas -sin ir más lejos, una de ellas que se vincula a mi propia familia- de las que tengo la convicción han sido fuentes de gran aprendizaje, cambios y crecimiento.
