Activación de Comisión de Ética en la Corte Suprema

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, respaldado por los ministros presentes en el pleno, determinó reactivar la Comisión de Ética, a fin de que se aboque a analizar los diferentes casos públicos que han sido conocidos en los últimos días. Con ello se alude a hechos que han salpicado a algunos de los integrantes de la Corte, referidos a un presunto tráfico de influencia para su nominación, o bien por gestiones indebidas para la nominación de cargos notariales, hechos que han salido a la luz pública luego de que fueron periciados los celulares del exjuez Juan Antonio Poblete -procesado en el “caso Topógrafo”- y del abogado Luis Hermosilla.

La decisión del presidente Blanco no ha estado exenta de controversia, considerando que hasta la semana pasada la mayoría del pleno había desechado la alternativa de convocar a la Comisión de Ética, pues si bien esta instancia existe formalmente, la propia vocera de la Corte había precisado que la Comisión mantenía una mentalidad y un espíritu que es muy antiguo, y que, por lo demás, no correspondía que esta entrara en funciones “mientras no avancen aquellas investigaciones (penales) que están en progreso”. La mayoría también había desestimado la iniciación de una investigación disciplinaria, por considerar que no había acusaciones directas. Asimismo, ya se había acordado reactivar las gestiones para contar con un Código de Ética Judicial, e impulsar mesas de trabajo para proponer un nuevo mecanismo de designación de jueces.

Si bien llama la atención que la Corte Suprema no cuente a la fecha con instancias éticas actualizadas, también es un hecho que esta respuesta inicial del máximo tribunal aparecía insuficiente frente a los hechos que han sido objeto de polémica, porque más allá de que apunten a reformar aspectos medulares del Poder Judicial, no se estaban haciendo cargo directamente de los casos que han sido objeto de cuestionamiento. Por ello el paso que ha dado el presidente Blanco es valorable, ya que implica que la Comisión -que preside el propio ministro Blanco- deberá analizar en profundidad los antecedentes y emitir un pronunciamiento al respecto. Es un paso que avanza en la dirección de brindar transparencia y hace frente a las suspicacias de que se buscaba eludir o cubrir con un manto de protección los hechos que han sido denunciados. La decisión del presidente Blanco también tiene el mérito de que logró imponerse pese a las resistencias de algunos sectores al interior del propio pleno.

Más allá de que evidentemente la Corte queda en un pie incómodo al aparecer desdiciéndose de sus propias decisiones con apenas días de diferencia, con este paso se ha logrado descomprimir una situación particularmente tensa al interior de la propia Corte Suprema, pero ahora resulta fundamental que esta instancia asegure ante la ciudadanía resultados concretos, de tal forma que la decisión que finalmente se adopte en relación con los magistrados que han sido cuestionados no deje dudas de que se examinarán con todo el rigor del caso, sin dejar margen para que se alimenten suspicacias, de manera que las resoluciones que se adopten aparezcan plenamente fundamentadas.