Acuerdo para destrabar la Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico -bloque de integración comercial creado por Chile, Perú, Colombia y México, en 2011- ha atravesado su momento más complejo, luego de que el Presidente mexicano Andrés López Obrador optara unilateralmente a fines del año pasado por no traspasar la presidencia pro tempore al gobierno peruano, tal como lo indicaban los estatutos de la Alianza, justificándose en que no reconoce al gobierno de la Presidenta Dina Boluarte. Ello a pesar de que Boluarte fue designada por el Congreso peruano luego de que su antecesor, Pedro Castillo, fuese destituido tras protagonizar un fallido intento de golpe de Estado.

La postura de López Obrador también fue compartida por el Presidente colombiano Gustavo Petro, con lo cual la Alianza había quedado desde entonces fracturada y sumida en la incertidumbre total. De allí que han resultado especialmente valiosos los esfuerzos diplomáticos que sigilosamente se han desplegado y que por ahora han logrado llegar a puerto, al consensuar en que la presidencia pro tempore fuera entregada al gobierno de Chile, para que este a su vez se la entregue a Perú a contar del 1 de agosto. Dicho país ejercerá la presidencia hasta el primer trimestre de 2024, cuando volverá a ser ejercida por Chile.

Se ha reconocido que en el acuerdo -alcanzado recientemente en nuestro país- la Cancillería chilena jugó un rol muy relevante, donde probablemente la nueva canciller mexicana -quien tiene arraigados nexos con Chile, en sus años como secretaria general de la Cepal y luego como embajadora- también jugó un rol en ayudar a flexibilizar la postura del gobierno mexicano. Con ello se ha destrabado un nudo que parecía hasta ahora insalvable, y si bien ello permite que la Alianza salga de la parálisis en que se encontraba, es inevitable preguntarse si el bloque podrá volver a articularse con el mismo vigor y normalidad que mostraba hasta antes del golpe que infligió López Obrador.

Desde luego, ya es anormal que Perú, país que legítimamente debería haber ejercido la presidencia pro tempore durante todo 2023, ahora lo haga solo durante un periodo más acotado, y al haberse desconocido los estatutos por parte del gobierno mexicano, según los cuales las decisiones en el bloque se adoptan por consenso, se ha sentado un precedente riesgoso para la futura gobernabilidad del bloque.

Los gobiernos de México y Colombia deberán ahora demostrar con hechos concretos su real compromiso con el futuro de la Alianza, pues ciertamente sería una enorme pérdida que la instancia regional que mayor éxito ha tenido al cabo de esta década terminara en el mismo derrotero de tantas organizaciones regionales, sumidas en la irrelevancia. El objetivo de largo plazo de la Alianza es formar un gran espacio de libre circulación de bienes y personas, lo cual sería un logro extraordinario en un continente marcado por la inestabilidad política e impredecibilidad de sus políticas económicas.

En tal sentido, constituye una señal valiosa el hecho de que el gobierno chileno reconociera tempranamente el derecho de Perú a ejercer la presidencia por tempore -un gesto que Lima ha valorado especialmente-, y los esfuerzos diplomáticos desplegados por la Cancillería para salvar la Alianza también demuestran una voluntad de preservarla y mantener en pie los vínculos diplomáticos con aliados estratégicos de nuestro país, lo que habla bien de la política exterior.