Acusación constitucional contra ministro de Educación

Los resultados del Simce recientemente entregados han dado cuenta no solo de las ya advertidas repercusiones del prolongado cierre de escuelas en todo el país, sino además del lamentable equívoco en las prioridades y labores de la cartera de Educación durante este año y medio de administración. Este último aspecto es el que precisamente ha llevado al ministro de Educación a la palestra, siendo objeto de la presentación de una acusación constitucional por parte de parlamentarios opositores.

El libelo acusatorio consta de siete capítulos que detallan las presuntas infracciones cometidas, las que abarcan desde la vulneración del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, hasta el incumplimiento de sus roles de autoridad y supervigilancia en el sector educativo. A modo de ejemplo, se hace presente los inéditos niveles de ausentismo y deserción escolar, así como hechos de violencia en establecimientos educacionales, o las deficitarias condiciones en que se encuentra parte de la infraestructura escolar. Se plantea también que el ministro ha excluido a los estudiantes con discapacidad de la Política de Educación Inclusiva y ha incumplido la obligación de informar al Congreso sobre la Estrategia Nacional de Educación Pública. Asimismo, se menciona el incumplimiento de su rol de supervigilancia de la Junaeb en programas como el de “Útiles Escolares” y los programas de alimentación escolar y parvularia. Los acusadores también hacen ver que ha habido irregularidades en la interpretación y administración de contratos, que ha vulnerado normas de contratación pública y el uso eficiente de recursos, entre muchos otros aspectos.

Ciertamente son hechos complejos y que denotan las graves fallas en que ha incurrido este ministerio, pero los antecedentes probablemente son más indicativos de graves faltas a la gestión, antes que a las infracciones que la Carta Fundamental establece para efectos de configurar una acusación constitucional. Esto podría llevar a una incorrecta asimilación con un juicio político (impeachment), propio de los sistemas parlamentarios, donde la única condición requerida es la pérdida de confianza, sin necesidad de demostrar una causal específica. La cuestión de la confianza hacia los ministros en un sistema presidencial como el nuestro corresponde zanjarla entonces al Presidente de la República.

Aun cuando no es claro que las causales de la acusación estén suficientemente probadas, no cabe duda de que los nutridos antecedentes que han sido sintetizados en el libelo acusatorio -también las críticas que han surgido desde algunos sectores afines al oficialismo- deberían ser suficientes para concluir que este ministerio ha equivocado completamente sus prioridades -está muy claro que el foco debería estar puesto en la recuperación de los aprendizajes y revertir los altos niveles de deserción-, presenta enormes déficit de gestión y requiere urgentemente reorientar su quehacer. Si en definitiva la acusación no prospera, igualmente el Mandatario tendrá que hacerse cargo de esta realidad, y en caso de confirmar al ministro en su cargo, deberá asumir las responsabilidades de tal decisión.